El “Turco Julián” reparte cadenazos y explica: “No soy un monstruo, lo hago por la patria”. Un adolescente judío es obligado a ladrar, caminar y morder como un perro. “Quintana” toca la guitarra y le canta el feliz cumpleaños a un secuestrado. “Cobani” muele a patadas a una mujer embarazada de siete meses. “Soler” se ufana de estar infiltrado en la Facultad de Derecho. “El Cura” lleva un televisor para que los cautivos vean la misa de domingo y se ofrece como confesor para impartir castigos y absoluciones. Guerreros sin uniforme recitan discursos de Hitler y violan a mujeres indefensas.

Las imágenes, recuerdos de sobrevivientes de los centros clandestinos Club Atlético, Banco y Olimpo, se recrearán a partir de mañana en el subsuelo de Comodoro Py, donde el Tribunal Oral Federal 2 (TOF-2) juzgará durante ocho meses a diecisiete imputados por secuestros, torturas y homicidios contra 184 víctimas. Los delitos de lesa humanidad que llegan a juicio se cometieron en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, bajo el mando de los generales Carlos Suárez Mason, ya fallecido, y Jorge Olivera Róvere, condenado por el TOF-5 a prisión perpetua simbólica: en libertad.

El juicio oral que conducirán Jorge Alberto Tassara, Ana María D’Alessio y María Laura Garrigós de Rébori será el más representativo hasta ahora de las dimensiones del terrorismo de Estado en la ciudad de Buenos Aires. Desde el primer proceso por delitos de lesa humanidad en Py, en 2006, pasaron por el banquillo autores mediatos como los brigadieres de Mansión Seré o los ex jefes de áreas, ladrones de bebés como el gendarme Víctor Rei, asesinos como los de la Masacre de Fátima, y el torturador Julio Simón, alias “Turco Julián”, juzgado en soledad. El juicio que comienza mañana, con cuatrocientos testigos y quince imputados como autores directos de los delitos, marca un quiebre en el proceso de verdad y justicia, que dará un nuevo paso el 11 de diciembre, cuando comiencen a rendir cuentas ex miembros de grupos de tareas de la ESMA, y otro cuatro días más tarde, cuando arranquen las audiencias con ocho represores de El Vesubio como acusados.

Diez de los imputados son de la Policía Federal, entre ellos el principal Roberto Antonio Rosa, alias “Clavel”, de breve fama por su relación con el juez Norberto Oyarbide en un caso de protección de prostíbulos; el oficial Ricardo Taddei, alias “Padre” o “Cura”, detenido en 2006 en Madrid y extraditado desde España, donde vivió veinte años; el subcomisario Samuel Miara, alias “Cobani”, condenado a doce años de prisión por la apropiación de los mellizos Reggiardo Tolosa; el suboficial Simón, que va en busca de su tercera condena; y el guardia Juan Carlos Falcón, alias “Kung Fu”, por su destreza en las artes marciales. Los últimos tres son investigados en primera instancia por abusos sexuales denunciados por sobrevivientes. Acompañarán a los policías un agente del Servicio Penitenciario Federal, dos oficiales superiores de Gendarmería responsables de la seguridad de los centros clandestinos y los traslados a Campo de Mayo, y cuatro integrantes del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, donde se procesaba la información obtenida en las mesas de torturas y se ordenaban nuevos secuestros: su ex jefe, coronel Carlos Alberto Roque Tepedino; el agente civil Raúl Guglielminetti, famoso por su eficacia en secuestros extorsivos a principios de los ‘80 y ex custodio del presidente Raúl Alfonsín; el capitán Enrique José Del Pino, alias “Miguel”, detenido en 2007 luego de un año y medio prófugo; y el coronel Mario Alberto Gómez Arenas, condenado en Neuquén por su actuación como jefe del Destacamento de Inteligencia 182. Gómez Arenas será juzgado esta vez como segundo jefe de la Central de Reunión del batallón de Viamonte y Callao.

A diferencia de los jerarcas de Mansión Seré o de los ex jefes de áreas, que comenzaron y terminaron el proceso en libertad, la mayor parte de los imputados que juzgará el TOF2 están detenidos en cárceles: ocho en el pabellón de lesa humanidad de Marcos Paz, tres en Devoto, tres en Ezeiza, y el capitán Del Pino en la Unidad Penal 34 de Campo de Mayo, en el corazón de la mayor guarnición del Ejército, donde ningún fiscal ni juez federal realizó nunca una inspección ocular. Sólo el coronel Tepedino, retratado por Página/12 en 2003 mientras violaba el arresto domiciliario, conserva ese privilegio por gentileza de la justicia.

El circuito Atlético, Banco y Olimpo fue en la práctica “un mismo centro que mutó de nombre y ubicación pero no de detenidos, guardias y elementos de suplicio”, escribió el juez federal Daniel Rafecas, responsable de la instrucción de la megacausa Primer Cuerpo. El primero funcionó hasta diciembre de 1977 en los sótanos de la División Suministros de la Policía Federal, en Paseo Colón, y fue demolido para construir la autopista 25 de Mayo. Patotas y secuestrados fueron trasladados de manera provisoria a El Banco, en Autopista Riccheri y Camino de Cintura, mientras se acondicionaba El Olimpo, en Lacarra y Ramón Falcón, funcionó hasta fines de 1979, cuando Suárez Mason dejó la jefatura del Primer Cuerpo.

El juicio oral tendrá dos etapas. La primera es la causa “Miara”, tiene quince acusados y abarca 181 casos de privaciones ilegales de la libertad y torturas. La segunda, conocida como “Tepedino”, es sobre el homicidio de Carlos Fassano y Lucila Révora de De Pedro, embarazada de ocho meses. Tiene a dos imputados comunes (Del Pino y el penitenciario Juan Carlos Avena), a quienes se sumarán los coroneles Tepedino y Gómez Arenas. La postergación es porque el ex jefe del Batallón 601 afronta desde hace tres semanas su primer juicio por crímenes de lesa humanidad en Campo de Mayo, en el TOF de San Martín.

La instrucción de la megacausa “Primer Cuerpo” continúa a cargo del juez Rafecas, que en junio del año pasado elevó los casos que llegan a juicio. Tras la reasignación de expedientes que por razones de conexidad se abarrotaban en el TOF-5, ordenada por la Cámara Nacional de Casación Penal a instancias de la Procuración General de la Nación, el juicio a los grupos de tareas de la Policía Federal recayó en el TOF-2. El comienzo estaba previsto para el 20 de octubre pero se postergó por las denuncias contra el juez subrogante Alberto Pravia, investigado por irregularidades en un concurso del que participó como jurado.

La acusación estará a cargo del fiscal federal Alejandro Alagia y de un grupo de organismos encabezados por el CELS y Kaos. El juicio comenzará mañana a las 14 con la lectura del auto de elevación. Dos horas antes, en la vereda de Comodoro Py, la agrupación H.I.J.O.S. lanzará la campaña “Ponete la camiseta por el Juicio y Castigo”. A diferencia de sus pares del TOF-5, los jueces Tassara, D’Alessio y Garrigós de Rébori permitirán el ingreso de reporteros gráficos minutos antes de cada audiencia. A diferencia del resto de los tribunales que juzgan crímenes de la dictadura, impedirán tomar imágenes de los acusados hasta la etapa de los alegatos. Se trata de un novedoso modo de burlar la acordada de la Corte Suprema de Justicia sobre publicidad de los procesos, ahora con el objetivo de volver a someter a los sobrevivientes a reconocimientos en público de quienes los torturaron en cautiverio.

Buenos muchachos