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El presidente Eduardo Duhalde firmó ayer el decreto que autoriza los aumentos de tarifas de electricidad y gas. Los nuevos precios comenzarán a regir a partir de mañana y, aunque no quisieron hablar de porcentajes, en el Gobierno se preocuparon por aclarar el impacto total sobre los costos de los servicios: para los usuarios residenciales, el incremento máximo será de 2,50 pesos para la luz y de 1,40 peso para el gas. “No es un tarifazo”, señaló el Presidente.
Fuentes oficiales detallaron ayer el impacto de los aumentos:
u En el caso de la luz, aseguraron que el 44 por ciento de los usuarios domiciliarios, con consumos entre 0 y 300 kilovatios por bimestre, no están incluidos en el incremento.
u Entre los que sufrirán un aumento, el 90 por ciento está comprendido dentro del rango de entre 300 y 800 kilovatios/bimestre. Este universo pagará un promedio de 2,50 pesos más por mes, es decir, 5 pesos más por bimestre.
En cuanto al gas, las fuentes aseguraron que la modificación es la siguiente:
u Un 33 por ciento de los usuarios, cubierto por la tarifa social, no sentirá el impacto.
u En cuanto al resto, el promedio de incremento es de 1,32 peso por mes.
“Hace un año que vienen hablando del tarifazo y, en realidad, no ha habido tal tarifazo”, explicó Duhalde en su programa “Conversando con el Presidente”.
“El incremento es una adecuación imprescindible, porque el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el mantenimiento del servicio. El Gobierno conoce por los gremios, y no por los empresarios, la situación y las dificultades que hay para el mantenimiento y sobre todo de aquellas actividades que necesitan inversiones para el futuro. Nosotros tenemos que ser muy equilibrados”, aseguró.
Finalmente, Duhalde dijo que se preocupó por establecer claramente los límites del incremento. “Me aseguré que realmente el aumento fuera para el grueso de los usuarios de 2,50 pesos por mes para la luz y para el gas de 1,40. Lo he firmado y seguramente el lunes estará en el Boletín Oficial”, aseguró.
El Presidente se negó a hablar de porcentajes. “No se puede hablar de porcentajes, porque depende del nivel de impuestos que se aplica en cada distrito”, explicaban ayer en el Ministerio de Economía.
Por su parte, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, también insistió durante su gira por Europa en hablar de los aumentos en términos absolutos. Sin embargo, expresó en varias oportunidades que el Gobierno aplicaría una suba promedio del 9 o 10 por ciento, y no del 30 por ciento como pedía el Fondo Monetario Internacional.
En rigor, la modificación de las tarifas reclamada por las empresas privatizadas –algunas de las cuales llegaron a reclamar un incremento del 70 por ciento– era una de las condiciones impuestas por el FMI para firmar el acuerdo con la Argentina.
A pedido del propio Duhalde, el ENRE y el Enargas –los entes reguladores de luz y gas– montarán durante la semana un call center conjunto para que la gente pueda controlar si el aumento que le aplicaron es acorde al autorizado por el decreto.
Además, agregaron que las tarifas de agua y peajes se resolverán a través de un procedimiento de consulta que reglamentó Economía esta semana, dado que el marco regulatorio es distinto al de electricidad y gas.
Ni Duhalde, ni Lavagna ni los funcionarios del Ministerio de Economía explicaron que los aumentos en las tarifas –por más reducidos que sean sobre el consumo familiar– tendrán un impacto sobre las industrias y las grandes empresas, que podrían trasladarlos a los precios de los bienes y servicios. Tampoco aclararon cuestiones legales, como la decisión de saltearse las audiencias públicas dispuestas en las normas. “El decreto no puede modificar una ley”, resumió ayer la titular de Consumidores Argentinos, Patricia Vaca Narvaja.