[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

“Ustedes son unos irresponsables”, reprochó Eduardo Duhalde. Delante suyo estaba el ministro de la Corte Suprema Adolfo Vázquez. El Presidente había pasado toda la semana nervioso por las posibles consecuencias del fallo contra la pesificación que tiene entre manos el máximo tribunal. Desde que el martes se supo que el juez Carlos Fayt se sumaría a otros cuatro supremos para ordenar la redolarización de los depósitos, el tema se convirtió en una prioridad para el Gobierno. A pesar de que sus colaboradores más cercanos mantuvieron contactos con algunos magistrados, Duhalde resolvió intervenir personalmente. Le encomendó al jurista Carlos León Arslanian que organizara cuanto antes un encuentro. La reunión fue el viernes a la mañana en Olivos. Vázquez dejó en claro que la resolución no tiene marcha atrás, pero aclaró que no ocasionará ninguna de las catástrofes con las que fantasea el Poder Ejecutivo. De todos modos, Página/12 pudo saber que Duhalde está pensando en la posibilidad de entregar un bono compulsivo a los ahorristas. Roberto Lavagna, sin embargo, desaconseja esa salida.
Apenas entró a la sala de reuniones, Vázquez le puso a Duhalde sobre la mesa el Buenos Aires Herald y le marcó un artículo titulado “Son las instituciones, estúpido”. La frase remitía a la famosa máxima de Bill Clinton que decía “Es la economía, estúpido”.
–Conozco la frase –retrucó el Presidente.
–Este es el armonioso juego de las instituciones. Si nosotros no hacemos respetar la propiedad privada, las libertades individuales, todas las garantías, el país no tiene destino. El punto de partida es la Constitución Nacional, y el punto de llegada también. Para encarrilar al país esto debe ser así, y eso es lo que trata de hacer la Corte –argumentó el juez.
La mayor preocupación de Duhalde estaba centrada en los alcances que podría tener el inminente fallo de la Corte. Tenía claro que hay cinco ministros –suficientes para firmar un fallo– de acuerdo en declarar la inconstitucionalidad de la pesificación, pero le aterraba pensar que pudieran entrar en la misma bolsa las deudas pesificadas, en especial los créditos hipotecarios y los contratos entre particulares.
–Sería gravísimo para nosotros que todo esto volviera atrás. Es todo una barbaridad, y ya de por sí el fallo nos complica la firma del acuerdo con el FMI –protestó.
En ese punto Vázquez le explicó que en la Corte hay una intención compartida al menos por él, por Guillermo López y por Fayt, de incluir una cláusula que limite los efectos a las características del expediente en juego que, en este caso, es el de una típica ahorrista que reclama los 13.000 dólares que guardó en el banco alguna vez. El ministro, para despejar toda duda, remarcó que no se verán afectadas las deudas y los contratos. Recordó también que cuando el máximo tribunal dicta una sentencia es para el caso concreto en juego (a menos que sea una demanda colectiva), lo que no quita que siente un precedente que pueda ser aplicado progresivamente en otros casos. “No va a haber disparates. Esto no va a traer un problema al Estado, ni afectará las reservas, los que tendrían que responder son los bancos”, sostuvo el magistrado.
Desde hace varias semanas, Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, López y Vázquez buscaban apurar la firma del pronunciamiento redolarizador, contra los intentos en sentido contrario de su par Antonio Boggiano. La primera señal adversa a las súplicas del Gobierno y los bancos la dieron el 19 de noviembre cuando rechazaron los pedidos de per saltum de ambos, en los que pedían frenar la devolución de ahorros a través de amparos. El dictamen del procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, proponiendo que se declare inconstitucional la pesificación terminó de allanar el camino a los cortesanos, que aún no lograban juntar los cinco votos necesarios para resolver una causa. A Boggiano, Duhalde lo oficializó esta semana como candidato a ocupar un lugar en el Tribunal Penal Internacional de La Haya, lo que además de cumplir un viejo deseo del juez abriría una segunda vacante en la Corte, que al mandatario le gustaría aprovechar.
En la Casa Rosada recién se convencieron de que el pronunciamiento de la Corte será inevitable cuando se supo que Fayt está dispuesto a acompañar la posición mayoritaria. En el oficialismo causó especial inquietud la posibilidad de que el fallo ordene que la devolución deba concretarse de manera inmediata. Sobre ese punto, el presidente del Banco Central, Aldo Pignanelli, puso el grito en el cielo y, en coincidencia con los banqueros, habló de la necesidad de un bono compulsivo. El ministro Lavagana salió a cruzarlo y descartó mecanismos obligatorios.
Los ministros de la Corte todavía están evaluando de qué manera hacer ejecutiva la sentencia. Dejar librado a los otros poderes la definición de los mecanismos para la devolución era una posibilidad que se venía analizando. Fayt, en cambio, hasta ahora se mostró partidario de que los bancos establezcan acuerdos de restitución del dinero con sus clientes y, de no ser posible, que un juez resuelva la controversia. Proponía, además, que se hiciera una distinción entre pequeños y grandes ahorristas.
En las últimas horas, sin embargo, algunos ministros comenzaron a analizar una fórmula diferente, que seguramente será cuestionada con dureza por la banca privada: que la obligación de pagar a los ahorrista recaiga sólo en los bancos. Esta opción fue deslizada por Vázquez cuando el encuentro con el Presidente comenzó a tornarse más distendido.
–A mi entender, fue un error haber adoptado medidas para el sistema financiero sin distinguir entre bancos privados y públicos. A mí me gusta la solución que tomó Uruguay, donde el Estado se encargó de los bancos públicos y los privados tuvieron que responder a sus clientes con su propio patrimonio –sugirió el supremo.
La “solución uruguaya” también se analiza en el Ministerio de Economía. Su principal ventaja es que el Gobierno se libraría del costo político de entregar bonos generalizados, pero Lavagna es consciente de que recibirá una fuerte presión de la banca privada para que el Estado salga en su rescate. Como aún el panorama es incierto, Duhalde escucha los consejos de Pignanelli de recurrir a los bonos obligatorias. Esta alternativa podría tener respaldo en la Corte, que en 1990 convalidó el Plan Bonex.
La conversación en Olivos culminó cordialmente, y el Herald quedó sobre el escritorio del Presidente. En su entorno, aseguran que “fue una reunión destinada a generar tranquilidad, no a presionar a nadie”. La mayoría de los ministros tiene intención firmar el fallo contra la pesificación antes de fin de año. En la Corte siguen facturando, como pueden, los largos meses de juicio político que le deben a Duhalde.