El Senado convirtió en ley ayer el proyecto que crea el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard), cuya financiación saldrá de un impuesto del uno por ciento sobre el precio de los servicios y abonos que las empresas de telefonía celular facturen a sus clientes, neto de IVA. La iniciativa obtuvo 55 votos a favor y sólo uno en contra porque, a diferencia de lo que había ocurrido en la Cámara baja, la oposición acompañó el proyecto en general. El único voto negativo correspondió a María Eugenia Estenssoro, quien cuestionó el modo de financiamiento argumentando que se trata “de un impuesto terriblemente regresivo que afectará a los sectores populares, que no tienen posibilidad de acceder al deporte olímpico y beneficia al ente de administración”. El principal impulsor del proyecto fue el titular del Comité Olímpico y vicepresidente de Telecom, Gerardo Werthein, quien sería el titular del Enard, una vez que el ente se constituya.

El nuevo impuesto a los celulares permitirá recaudar cerca de 200 millones de pesos al año, que se destinarán a financiar becas con dedicación exclusiva para los atletas, servicios de medicina prepaga, los viajes que tengan que afrontar y los honorarios de entrenadores. “Este proyecto le va a hacer muy bien al deporte argentino. Nos va a dar la posibilidad de tener la infraestructura para poder estar a la altura de otros países que sí la tienen”, señaló la garrochista Alejandra García, que presenció la votación desde uno de los palcos.

Las telefónicas aplicarán a sus clientes el aporte adicional y deberán girarlo dentro de los 30 días de percibido a una cuenta que se abrirá para el Ente en el Banco Nación. Según el artículo 4 de la flamante ley, el Enard “no tendrá fines de lucro y gozará de autarquía administrativa y financiera, sin perjuicio de los mecanismos de control y fiscalización que se establecen en la presente ley”. Los socios fundadores del nuevo ente serán la Secretaría de Deportes y el Comité Olímpico Internacional, que estarán representados por cuatro personas cada uno en el directorio. La presidencia y la secretaría del ente “se ejercerá de manera rotativa por los socios fundadores, salvo acuerdo contrario, correspondiendo el primer ciclo a quienes ejerzan esos cargos en el Comité Olímpico”. De ese modo, Gerardo Werthein se convertirá en el nuevo titular del ente y el encargado de administrar el dinero que giren las compañías de celulares.

Como mecanismo de control, el nuevo ente contará con un Tribunal de Disciplina que será elegido por la asamblea ordinaria del propio organismo, cuyo objetivo será “evitar el aprovechamiento de la entidad con fines de lucro”.

En la Cámara de Diputados el proyecto obtuvo 143 votos a favor y 14 en contra. Entre los opositores hubo legisladores de la Coalición Cívica, el bloque SI, los peronistas puntanos y el GEN, pero en el Senado el rechazo al proyecto se redujo a sólo un voto, porque la oposición apoyó la iniciativa en general, salvo el caso de Estenssoro.

El resto de la oposición justificó su cambio de posición diciendo que les parecía bien apoyar el deporte, por eso votaban el proyecto, pero les parecía mal el modo de financiamiento, por eso votaron en contra del artículo 26 que fijaba el impuesto a los celulares. La diferencia es que al votar de ese modo legitimaron públicamente la iniciativa, pues el dato que suele trascender es el de los votos que logró el proyecto en general y no las objeciones que recibe cada uno de los artículos en la votación en particular.

Para defenderse de las críticas de aquellos legisladores oficialistas que les decían que era incongruente apoyar la iniciativa en general, pero oponerse al mecanismo previsto para financiarla, los opositores dijeron que lo que querían era que en lugar de cobrarles un impuesto a los teléfonos celulares se fijara un tributo sobre los juegos de azar. Sin embargo, su contrapropuesta no fue tomada en cuenta y lo único que quedó registrado es un contundente apoyo de 55 a 1 a favor del proyecto Werthein.