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El Frente para la Victoria (FpV) sumó aliados estables y consiguió la mayoría especial para la reforma política, contra la voluntad expresa de los principales partidos del arco opositor. Es un magro sustento para una norma que regula cuestiones institucionales, merma su viabilidad en el mediano o largo plazo. Algo similar sucedió con la última modificación del Consejo de la Magistratura, ahora en la mira de la oposición.

Más allá de la retórica, el conjunto de nuevas reglas aprobadas ayer no es tan odioso para los partidos “grandes”, los que ahora lucen más competitivos para la presidencial de 2011. Habrá que ver si priorizan introducirle modificaciones de fondo con la nueva integración del Congreso. No es clavado que lo hagan, más allá de la retórica. Algunos de sus reproches pueden paliarse mediante leyes complementarias. Sería el caso de la omisión de sanciones a las candidaturas testimoniales, que no es tan simple de regular. Es trabajoso determinar penas equitativas para quien incurra en esa argucia. Y habría que calibrar la herramienta para no castigar conductas usuales, como podría ser la renuncia a la banca para asumir cargos ejecutivos ganados en la misma elección, perspectiva que tendrán en 2011 el FpV, el radicalismo, Unión-PRO y el peronismo federal, sólo para empezar. Esa práctica es común y aceptable, no una mera añagaza como fue la candidatura de Daniel Scioli u otros.

Seguramente la agenda institucional del conglomerado opositor tiene otras prioridades, entre las que sobresalen la reforma del Indec, la del Consejo de la Magistratura y la abolición de los “superpoderes”. Tópicos que, como la reforma política, difícilmente muevan el amperímetro de la opinión pública o inciten a las tertulias de café, pero que pueden tener importancia arquitectónica para el futuro. En tal sentido, también le cabe a la oposición el sayo de procurar que esos cambios provengan de acuerdos extendidos y no se impongan en final de bandera verde, por una cabeza. No da la impresión de que eso le importe mucho a los líderes del Frente del Rechazo.

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Resolver el desquicio del Indec es una misión tan complicada como necesaria. Derruir es relativamente fácil, si se combinan la voluntad y la torpeza necesarias, el oficialismo las conjugó. Reconstruir el sistema nacional de estadísticas mejoraría la calidad de lo público e iría disipando las ínfulas de las chantas agencias de medición privadas que hicieron su agosto a partir de las tropelías oficiales.

El Gobierno contradijo su discurso al debilitar a un ente público prestigiado, sería estimulante un gesto de contrición (así fuera implícito) que contribuyera a su reconstrucción. La tarea debió emprenderse en los comienzos del mandato de Cristina Fernández de Kirchner, hubiera embellecido y mejorado su gestión.

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Las facultades especiales, apodadas “superpoderes”, son denostadas por el sentido común dominante. A condición de ponerles un tope porcentual, el cronista discrepa. Cree que en un sistema presidencialista, la preeminencia del Ejecutivo atiende al espíritu de la Constitución y es operativamente necesaria. El pretendido “equilibrio de poderes” dista de ser paridad entre el Congreso y la presidencia. Y, aunque esté muy de moda proponer que el Parlamento ejercite la iniciativa política y la de gestión, ese esquema carece de precedentes en la experiencia comparada, porque es disfuncional. En los sistemas parlamentarios estables, que suelen citarse como ejemplo, la hegemonía oficialista es patente, como podrían testimoniar Tony Blair, José María Aznar, Angela Merkel o José Luis Rodríguez Zapatero si alguien se comidiera a preguntarles.

Pero el péndulo osciló y la correlación de fuerzas compele a privar al oficialismo de los superpoderes, así fuera restringidos numéricamente como ahora. Tal es el lógico devenir de la pérdida de la mayoría y de la intransigencia que cunde. Posiblemente, la privación no será letal para el kirchnerismo, firme para sostener resortes de poder, aún en pleamar. Pero podría ser un boomerang para un eventual gobierno opositor ulterior: será dudoso que tenga plafond para volver sobre sus pasos en 2011 o 2012. Y se privará de un instrumento que hace años disponen los oficialismos, en el altar de la coherencia discursiva.

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El Consejo de la Magistratura, innovación de la Constitución de 1994, jamás funcionó bien, ahora tampoco. Es un caso paradójico, pues reemplazó a un régimen también ineficaz en muchos sentidos. Entre otros, porque el juicio político a los jueces a través del Senado garantizaba, en los hechos, una impunidad extendida.

El Consejo ejerce facultades judiciales, administrativas amén de la designación de los jueces y su eventual destitución. Son demasiadas para un ente policéfalo, que jamás encontró su equilibrio. Las modificaciones introducidas por el kirchnerismo centraron la lupa en la integración del ente. La crítica prevaleciente adolece de simpleza, dice que hay demasiados “políticos” y demasiada hegemonía del oficialismo de turno. Los reproches derivan a ampliar la representación de las corporaciones de jueces y abogados, como santo remedio. La supuesta reparación no sería tal. Las competencias para designar magistrados y para su enjuiciamiento recaen tradicionalmente en los otros poderes del Estado. Es razonable, porque así hay control cruzado, forzoso cuando los jueces son vitalicios y jamás sometidos al voto popular. Si se permite que se cocinen en su propia salsa y se juzguen endogámicamente, las solidaridades corporativas o de casta pueden inducir a una sobreprotección. La impunidad está a la vuelta de la esquina, como lo comprueba el desempeño de los representantes de los magistrados (pasivos a la hora de sancionar a sus pares) en el actual Consejo. Cuando conversa en confianza, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, asume que la función de juzgar es de raigambre legislativa y que la preponderancia de representantes de distintos partidos no es de temer. Los problemas, añade con razón el Supremo, fincan más en la cultura política que en la estructura misma.

Una demanda de la Corte que sería sensato admitir es que su presidente lo sea también del Consejo. Le reconoce una lógica autoridad, a lo que se añade el encanto de suprimir un factor de discordia.

Para este escriba, el Consejo es un instrumento tan trabado como inevitable, un engendro constitucional de improbable eficacia. Hacerlo andar es todo un enigma, de difícil dilucidación. Corregir el sistema de mayorías y minorías, castigando a legisladores y al Ejecutivo, no será la panacea que se pregona. Pero eso se corroborará después y, seguramente, lo pagarán sucesivos gobiernos y los justiciables, ciudadanos de a pie.

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El Senado le cumplió a la Casa Rosada, con un margen superior al esperado. Tras la catástrofe de la resolución 125, siempre fue así. Quizás el esfuerzo adicional de estos días fue superfluo aun desde el ángulo puramente pragmático. Es improbable que el nuevo sistema mejore significativamente las chances electorales del kirchnerismo. Con los actuales niveles de rechazo, ninguna ingeniería le bastaría. Y si eleva significativamente su piso y sus adhesiones, el escenario será otro con esta reforma o sin ella. Antikirchneristas furibundos y kirchneristas entusiastas pueden imaginar que el ex presidente es un demiurgo capaz de manejar a su guisa el futuro. La realidad desmiente ese simplismo, como tantos otros.

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Terminado el maratón legislativo, el Senado se prepara para descansar. Con la nueva integración del Congreso, mudarán las coordenadas de los últimos años. En Diputados, el kirchnerismo estará más lejos de construir mayorías, en tanto la sumatoria de fuerzas de centroizquierda podrá disponer un peso superior a la cantidad de bancas que ocupa, dada su capacidad de desempatar entre el kirchnerismo y resto de la oposición.

En Senadores, el horizonte aparece espinoso para el oficialismo pero, acaso, menos cuesta arriba que en la otra Cámara. Los peronistas sueltos o en tránsito (son unos cuantos) dispondrán de un poder relativo importante. Con un núcleo de alrededor de 30 votos, el kirchnerismo podría tener menos sofocos que en Diputados, lo que no quiere decir que su porvenir esté garantizado y que no extrañará la mayoría perdida. El sesgo ideológico de la Cámara alta priorizará a fuerzas de gobierno o de centroderecha.

Los diputados deberían definir hoy sus autoridades y la integración de las comisiones. Todavía es primavera, el recalentamiento es global. Las autoridades senatoriales se designarán en febrero. Tal vez la temperatura eleve la bronca que prima hoy, tal vez las vacaciones distiendan un poco.

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