El equipo económico retornará sus actividades este lunes para terminar de ajustar la propuesta de canje de deuda y presentarla oficialmente antes del 12 de enero. Con una agenda cargada, los funcionarios de Finanzas mantendrán en los próximos días reuniones informales –en muchos casos telefónicas– con representantes de los bonistas minoristas. Los principales contactos serán con los holdouts italianos, a quienes se les ofrecerá la posibilidad de consensuar la letra chica de la oferta. En la secretaría que conduce Hernán Lorenzino explicaron a este diario que la propuesta para los grandes fondos de inversión no se modificará, pero que existe margen de ajustes para los minoristas. El objetivo es que el piso de aceptación sea de 75 por ciento, del cual 60 está asegurado por los bancos que presentaron el borrador inicial al Gobierno. Un importante colaborador del ministro Amado Boudou precisó a Página/12 que los 1000 millones de dólares que recibirá el Tesoro por la operación no responde a un porcentaje respecto de la adhesión al canje, sino que es parte de las condiciones para que el canje se cristalice.

El secretario de Finanzas aprovechó la semana entre las fiestas para una escapada al sur argentino a tomarse un descanso. Retorna, al igual que varios de sus asesores, el lunes y hasta que finalice el proceso de reapertura del canje “no habrá tregua”, aseguran. Aficionado a la pesca con mosca en los lagos argentinos, Lorenzino sabe que el señuelo es la clave para obtener buenos resultados. Es por eso que hasta último momento no cierra la puerta para mejorar los incentivos que puedan recibir los bonistas minoristas. “Siempre hay un margen de maniobra hasta el final para adecuar nuestra oferta”, señaló la fuente.

Tal como fue anticipado por Página/12, la oferta se desdoblará entre los grandes fondos y los minoristas. Las condiciones para los inversores institucionales estará en línea con la propuesta inicial acercada por el grupo de bancos que integran Barclays, Citi y Deutsche. Se trata de un paquete que incluirá bonos Descuento y cupón atado a la marcha de la economía y un título a siete años a una tasa del 9,5 por ciento por los servicios impagos a partir de 2005. Aquí no habrá sorpresas. “La negociación es menos compleja porque los bancos analizan cuánto vale la nueva oferta y, si les conviene, si aceptan o no. Además, la oferta la alcanzaron ellos (el grupo de bancos asesores)”, reconoció el colaborador. En este caso queda todavía por definir cómo se instrumentará la mecánica del bono adicional que los grandes inversores tendrán que suscribir al momento del canje. Desde Finanzas explicaron que los 1000 millones de dólares que obtendrá el Estado no corresponden a un porcentaje de la aceptación global. “Queremos los 1000 millones como parte de la operación. Si los tenemos, bien, si no, se cae la oferta”, detallaron. La cifra surge de la propuesta que acercó el grupo de bancos y se especuló con que correspondía a un 10 por ciento de los 10 mil millones que aseguraban canjear. Pero Economía pretende recibir esa suma sin importar el grado de adhesión. “Ni más ni menos”, reiteraron desde Hacienda. Según admitieron, no se aceptarán más fondos de esos comprometidos porque no hay disposición de financiarse a la tasa que ofrece hoy el mercado y, en cambio, esperan salir con una nueva emisión a un costo más bajo una vez terminado el canje. Si el monto fuera menor al prometido, el Gobierno tiene derecho de decidir si continúa o no con la oferta.

Para los minoristas la propuesta es distinta de la que presentaron en su momento a los bancos. “Con ellos va a primar la predisposición del Gobierno para escucharlos y para recibir algunas de sus propuestas. De todos modos, tenemos claro lo que necesitan”, señaló la fuente oficial. El foco estará en los ahorristas que compraron los títulos antes de que el país declarara la cesación de pagos y que, por distintas razones, en 2005 no ingresaron al canje y hoy están arrepentidos. Dentro de ese universo se destacan los bonistas italianos. Se trata de la situación más difícil y, a pesar de que los márgenes son acotados, el Gobierno pretende mostrarse “receptivo” a sugerencias. “Estamos teniendo reuniones informales, telefónicamente y mediante visitas que nos hacen. La idea es avanzar en un acercamiento previo al lanzamiento de la oferta, que nos permita tratar de primera mano qué es lo que quieren”, manifestó la fuente de Economía. En lo formal no habrá cambios, pero Economía continuará negociando hasta unos días antes del lanzamiento. “Nos guardamos una carta bajo la manga por si tenemos que ofrecer algún incentivo adicional, aunque creemos que eso no será necesario”, agregan.

Por el momento no hubo “contraoferta”. No obstante, admiten que algunas de las sugerencias ya fueron incorporadas a la propuesta. En el entorno de Boudou aseguran que se podría haber tomado la propuesta que trajeron los bancos sin modificaciones y el resultado hubiera sido bueno, porque se arrancaba con un piso de 60 por ciento. “Pero ahora, con estos diálogos informales, los minoristas no podrán decir que el Gobierno los pasó por arriba”, dijo un colaborador de Lorenzino. Las mejoras permitirían que el Gobierno pudiera exhibir un grado de adhesión del 75 por ciento, un piso que, aseguran, obtendrán sin problemas. De todos modos, la propuesta deberá ser menos beneficiosa que en 2005.

Hasta ahora la oferta para los minoristas, que poseen títulos en default por alrededor de 4000 millones, contempla, adicionalmente a las condiciones para los institucionales, la posibilidad de que el cupón PIB y los intereses acumulados impagos desde 2005 tengan una duración de sólo tres años (contra siete para los grandes). Podrán además suscribir bonos Par (sin quita). Además no tendrán que suscribir el bono adicional con el que el Gobierno recaudará 1000 millones de dólares. Los plazos de suscripción también serán distintos. Los grandes fondos de inversión estarán incluidos en el primer tramo, que tendrá una extensión de 15 días, mientras que para los minoristas la oferta se mantendrá un mes. Todo indica que se podrá comenzar según lo previsto, aunque todavía el Gobierno no recibió la respuesta de la SEC (organismo de regulación del mercado estadounidense). En caso de que llegue horas antes de la fecha dispuesta (12 de enero) con algún comentario o salvedad que el gobierno argentino deba hacer en la documentación, será imposible cumplir con los plazos. No bien llegue la aprobación se lanzará la operación con un “road show” en Europa y finalizará en los Estados Unidos.