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En Economía dicen que si la Corte Suprema falla contra la pesificación el lunes próximo se cae el precario acuerdo de transición con el Fondo Monetario Internacional. Esto sería así si luego de esa sentencia el Gobierno de Eduardo Duhalde no hace nada, puesto que los técnicos del FMI argumentarían que en esa situación no sería posible fijar metas monetarias ni fiscales. Como se supone que alguna medida sugerirá aplicar Roberto Lavagna, la presión sobre los magistrados responde a una jugada extrema para evitar la redolarización. A esta altura, el fallo en sí dejó de ser lo más importante, si no que éste se convirtió en el instrumento de extorsión de una a otra parte, y viceversa. Como muestra basta mencionar que si los Supremos están tan preocupados por el “derecho de propiedad” que supuestamente habría sido violado con la pesificación, también deberían estar inquietos para que ese “sagrado” derecho se cumpla para los acreedores, en este caso los bancos, con sus préstamos. Pero la Corte adelantó que no impulsarán la redolarización de los créditos, como tampoco lo hará Eduardo Duhalde, que azuza nuevamente con el juicio político para un par de magistrados (Adolfo Vázquez y Carlos Fayt), al tiempo que pone en funcionamiento la campaña para colocar en el Alto Tribunal un compañero partidario (Juan Carlos Maqueda).
Más allá del impacto de la redolarización en la distribución del ingreso y en la política de recuperar la moneda doméstica luego de casi once años de ficción del 1 a 1, las alternativas que se están estudiando ante una eventual redolarización de los depósitos son las siguientes:
1. Dólares. Se transformarían los Cedros (certificados de los depósitos pesificados y reprogramados) en instrumentos de cobro a la vista en dólares. Así, el problema pasaría a ser de los bancos en su relación con los ahorristas. Habrá entidades que podrían responder esa obligación puesto que tienen los fondos necesarios en sus cajas; otras estarían en aprietos de liquidez. En este último caso, el Banco Central tendría que decidir si los asiste financieramente vía redescuentos (préstamos) o dispone su liquidación. Pero el asunto no termina allí. Luego, del cumplimiento de los bancos con sus clientes, las entidades reclamarán una compensación al Estado por la diferencia entre los créditos pesificados 1 a 1 y los depósitos devueltos al tipo de cambio de la fecha. El costo de esa operación oscila entre 11.000 a 13.000 millones de pesos, según diversas estimaciones de consultoras de la city. Ese costo, equivalente a 3100/3700 millones de dólares, será asumido por el Estado, o sea toda la sociedad, mediante la instrumentación de un bono compensador para los bancos.
2. Bonos o pesos. Los integrantes de la Corte “preocupados” por el impacto de la redolarización disponen que el Ejecutivo disponga la forma de devolver los depósitos. Esta propuesta la alienta Julio Nazareno, presidente de la Corte. Aquí se abren tres alternativas.
2.1 Bonos del Estado. A medida que vayan venciendo los Cedros, los bancos pagan hasta 1,40 más CER, y la diferencia hasta el valor del tipo de cambio la pone el Estado con un bono en dólares. También aquí se abre otra opción: si el Gobierno quiere enviar una señal de que es partidario de la pesificación, emitiría un bono en pesos, pero ajustado por la evolución de la moneda estadounidense.
2.2. Pesos. Se devuelven los depósitos redolarizados en pesos a cada vencimiento de la reprogramación a la cotización del tipo de cambio de la fecha. Esos pesos son parte de la liquidez de los bancos o de la asistencia vía adelantos o redescuentos del Banco Central. Esa opción provocaría un fuerte aumento de la oferta monetaria, con el consiguiente efecto inflacionario y disparada del dólar. Por ese motivo, es la alternativa que rápidamente descartaron en Economía y en el Banco Central.
2.3 Bonos de los bancos. Similar a la opción 2.1, pero la diferencia es que sería instrumentada con un bono de los bancos. Luego, el Tesorocompensa a los bancos con otro bono. De esa forma, los ahorristas evitan el riesgo soberano, asumiendo la totalidad de ese costo los bancos. Como se supone, las entidades rechazan esa posibilidad.
3. Redolarizar créditos. Se devuelven dólares a los ahorristas pero también se da marcha atrás con la pesificación de créditos, para calzar activos y pasivos de las entidades. Esa opción es de estricta lógica financiera y de sentido común de organización bancaria. Se evitaría que el costo de la redolarización sea asumido por toda la sociedad. Pero la Corte, el Gobierno, los bancos e incluso los ahorristas no impulsan esa alternativa porque saben que padecerían la ira de los deudores. Tampoco se discute la opción de que se redolaricen los préstamos de grandes empresas, varias de ellas exportadoras, porque los bancos dicen que ni ahora, pesificados, están cobrando los créditos. Además, se sabe el poder de lobby que tienen esas compañías.
Pese a lo complejo que parecen esas vías de redolarización, la situación es todavía más complicada. Hasta ahora ninguno de los protagonistas de esta guerra política con la redolarización como principal munición dio una respuesta consistente al siguiente interrogante: ¿Qué pasará con el resto de los depósitos? Si no gozasen del beneficio de la redolarización, los ahorristas que vendieron los Cedros, realizaron retiros parciales autorizados o transfirieron una parte a cuentas a la vista padecerían un sentimiento que se podría traducir con buen gusto como una herida a la autoestima. ¿Deberían tener algún tipo de compensación por sus depósitos originales en dólares? Por ahora, la Corte mira para otro lado del mismo modo que con la redolarización de los créditos, puesto como se dijo más arriba, la anulación de la pesificación forma parte de una batalla política (menemismo vs. duhaldismo) más que una defensa del “derecho de propiedad”.