Los significativos avances registrados en el sistema de seguridad social durante la post-convertibilidad –incremento en la jubilación mínima, estatización del sistema, ampliación de la cobertura y la ley de movilidad– conviven con un conjunto de fallas estructurales heredadas de la década del ’90, como la reducción a la mitad de las contribuciones patronales. La sustentabilidad del sistema previsional está garantizada en el mediano plazo; sin embargo, en Anses reconocen que frente al envejecimiento de la población será necesario mantener y profundizar algunas políticas laborales, así como analizar la estructura de financiamiento del organismo. Por su parte, desde el establishment económico cuestionan la reciente incorporación de 2.332.295 beneficiarios mediante la moratoria previsional y vuelven a impulsar el incremento de la edad jubilatoria como única solución necesaria.

Las reformas de los sistemas jubilatorios impulsadas en algunos países europeos como parte de los paquetes de ajuste contemplan fundamentalmente el recorte de los beneficios, el incremento de la edad mínima para el retiro y la mayor participación del régimen de capitalización en detrimento de los sistemas públicos. En la Argentina, la realidad es otra y las distintas medidas aplicadas desde 2003 apuntan a revertir parte de los retrocesos de la reforma previsional de 1994. Sin embargo, desde usinas neoliberales de pensamiento como Idesa apelan al escenario europeo para asegurar que “la dinámica demográfica que prevalece en la Argentina estaría haciendo necesario aumentar en aproximadamente un año la edad de retiro cada década. Sin adaptaciones, la crisis es inevitable”.

“Aumentar la edad jubilatoria, como ya se hizo en el país cuando se subió hasta 60 años para las mujeres y 65 para hombres, no es una solución factible”, remarcaron a Página/12 desde el organismo previsional. Aunque el titular de Anses, Diego Bossio, resaltó recientemente la “preocupación” existente en la mayoría de los sistemas de seguridad social frente al envejecimiento de la población para 2030, en el organismo sostienen que “hoy la sustentabilidad del sistema jubilatorio está asegurada. A pesar de la evolución de la pirámide poblacional, tenemos que ser muy prudentes. La creación de puestos de trabajo registrados y el Fondo de Garantías de Sustentabilidad son algunas de las alternativas que utiliza Anses”. A su vez cuestionaron la rigurosidad del análisis actuarial en el que se basan las estimaciones privadas y apuntaron que están elaborando un trabajo que evidencie la consistencia del sistema.

Por su parte, el investigador del Cifra, Nicolás Arceo, advierte que más allá de esas herramientas es necesario restituir el valor de las alícuotas de las contribuciones patronales reducidas por Domingo Cavallo durante los ’90. “No hay que elevar la edad jubilatoria, afectaría la calidad de vida de los trabajadores. Es necesario reconstituir las contribuciones patronales. Se debe realizar una reforma tributaria integral que asegure el financiamiento de la seguridad social más allá de la evolución de los fondos coparticipables.” Arceo estima que la reducción de los aportes patronales implicó una transferencia hacia el sector privado de 85 mil millones de pesos entre 1997 y 2008.

En ese sentido, desde el organismo previsional apuntaron que “por primera vez tenemos un piso de protección social. El 86,7 por ciento de las personas en edad de jubilarse percibe los haberes. Pero es evidente que no se puede mantener la actual estructura tributaria y de financiamiento de Anses y subir al mismo tiempo las jubilaciones al 82 por ciento vital y móvil”. A su vez advierten que “la posición de senadores opositores que pretenden derogar la transferencia del 15 por ciento de los recursos coparticipables hacia Anses no es sostenible si se pretende continuar subiendo las jubilaciones, ya que desfinanciaría al organismo”. En ese escenario aseguran que si no surgen otras fuentes de ingresos, la resignación de esos fondos coparticipables forzaría ajustes más severos que los propuestos por Idesa.