El Comité por los Derechos del Niño de Naciones Unidas “acoge con satisfacción el aumento sostenido en la inversión social desde 2002 y, en particular, la creación en 2009 de la Asignación Universal por Hijo para la protección social” y alienta a la Argentina para que continúe “aumentando el nivel de inversión social, manteniendo su sustentabilidad”. También pide al Gobierno que tome medidas urgentes “para reducir las muertes maternas relacionadas con abortos”. Así surge de un documento preliminar del Comité con sede en Ginebra al que tuvo acceso Página/12.

El texto es una primera respuesta a la presentación realizada por el Estado argentino a principios de junio, tal como consignó este diario.

La delegación del Ministerio de Desarrollo Social, encabezada por la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Paola Vessvessian, informó que en la población que va desde los recién nacidos a los que no cumplieron 18, el 14,6 por ciento está bajo la línea de pobreza y el 2 por ciento bajo la línea de indigencia. Según el ministerio, en 2003 las mismas cifras trepaban al 64,1 por ciento y al 30,3 por ciento.

El informe fue rendido como lo establece la Convención de Derechos del Niño. Cada país que lo ratifica debe dar cuenta periódicamente al Comité sobre sus políticas sociales. Ahora, el gobierno argentino se apresta a recibir una devolución que tendrá algunos pedidos especiales. En el caso de la Asignación Universal, son los que siguen:

n Proteger a los niños y a los presupuestos ante “cualquier tipo de inestabilidad interna o externa, como las situaciones de crisis económicas o los desastres naturales”.

n Expandir la asignación y darla equitativamente a las provincias “y a los grupos desfavorecidos” como los niños migrantes, los que están en hogares o al cuidado de otros.

n Definir presupuestos para situaciones que requieren estrategias específicas, como la malnutrición crónica y la violencia contra los niños.

n “Garantizar la correcta rendición de cuentas por parte de las autoridades locales, de manera abierta y transparente.”

En otro tramo de la respuesta, Página/12 pudo saber que el Comité de Ginebra “acoge con satisfacción la creación del Consejo Consultivo de Comunicación Audiovisual y la Infancia por la ley 26.522, así como el Observatorio de las relaciones de medios audiovisuales con los niños”. La ley aludida es la de Servicios de Comunicación Audiovisual.

En materia de medios, el Comité se mostró preocupado por la “estigmatización” de los niños y los adolescentes en los medios. Sin embargo, exhorta a la autorregulación, “por ejemplo, un código de conducta del personal de los medios y la formación de los periodistas para promover y garantizar el respeto de los derechos de los niños y adolescentes”. La función del Estado sería, para el Comité, “promover programas para los niños que les permitan tener una lectura crítica de los medios de comunicación y para reforzar su participación en las actividades de los mismos”.

En temas de salud las preocupaciones del comité son principalmente dos. Una, la desnutrición crónica, sobre todo en el Noroeste. La otra, “el alto porcentaje de muertes maternas, especialmente de las adolescentes, relacionadas con los abortos (28,31 por ciento en 2005) y en los largos procedimientos de interrupción legal del embarazo cuando es resultado de una violación”.

En los casos de aborto que el Código Penal no pena, y especialmente para el embarazo por violación, el reclamo del Comité es que los médicos apliquen las normas “sin intervención de los tribunales” y con la simple solicitud de las niñas y mujeres que fueron víctimas del delito. La recomendación choca con una práctica que a menudo dilata el momento del aborto aunque sea legal. La demora aumenta el peligro para la mujer que fue violada.

La delegación argentina llevó consigo lo que considera un adelanto: el fin del viejo patronato, instituido a principios del siglo XX por Luis Agote, y el reemplazo por un régimen nacional de protección a la niñez, la adolescencia y la familia. La tendencia es que los chicos dejen de ser un simple objeto judicial. Así lo dice la Convención por los Derechos del Niño. Sin embargo, el propio comité “toma nota de las dificultades para implementar plenamente el cambio de paradigma desde la idea de tutela a la de protección integral del niño”. Las dificultades, para el Comité, derivan de una realidad de dos puntas. Una: la Argentina es un país federal. Otra: no todo cambio federal es, automáticamente, un cambio provincial, aunque a veces la frase podría pronunciarse a la inversa. Por eso, una recomendación sugiere aplicar las reformas legales a todas las provincias y a todo el territorio. Tanto para el Gobierno como, al parecer, para el Comité, la vía concreta de extensión nacional de los nuevos criterios sería el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, creado en 2006.

El contrapunto entre Estado federal y provincias juega, por ejemplo, en la administración de justicia para menores, uno de los puntos del informe del Comité de Ginebra. El Comité se muestra preocupado por la ley 22.278, de 1980, promulgada en plena dictadura, que en teoría se aplica para menores. La realidad es que los procedimientos a veces suavizan la propia ley. La otra parte de la realidad es que, con frecuencia, cuando aparece un caso resonante de delito violento cometido por un menor, la sociedad atraviesa momentos de extrema dureza.