Al mismo tiempo que continúa la ola polar, las garrafas sociales siguen sin aparecer. Así lo denunciaron ayer ante Página/12 el titular de la Asociación de Estaciones de Servicios Independientes (de banderas blancas), Manuel García, y la presidenta de la Federación de Empresarios de Combustibles, Rosario Sica. Sin embargo, desde el Ministerio de Planificación insisten con que “la oferta hasta el fraccionamiento está asegurada”, mientras que el principal nudo del conflicto está “en la distribución y la venta en comercios”, tal como señaló Julio De Vido en un reportaje publicado por este diario el domingo. Para intentar resolver esta situación, el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, realizará hoy un encuentro entre productores, fraccionadores y distribuidores de las garrafas para discutir el actual esquema de comercialización para los sectores más vulnerables.

La garrafa social tiene un precio de venta fijado por la Secretaría de Energía que oscila entre los 16 y 25 pesos, según su tamaño. Un relevamiento del Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires indicó que “en siete de cada diez comercios se venden garrafas para familias de bajos recursos con sobreprecios de hasta 100 por ciento”. Funcionarios de esa dependencia multaron al 71 por ciento de los comercios inspeccionados por no cumplir con la normativa del Ejecutivo. “Algunos vivos están haciendo negocio con la necesidad, porque garrafas y gas licuado hay”, señaló De Vido.

“Evidentemente hay alguna problemática en la cadena de comercialización, donde aproximadamente hay dos millones de personas que no pueden acceder a las garrafas y quienes sí lo hace deben pagar sobreprecios. Es por eso que la Defensoría del Pueblo solicita nuevamente la intervención del Gobierno (Energía y Comercio Interior) en base a las normas de abastecimiento”, enfatizó el defensor del pueblo, Anselmo Sella.

Además de los sobreprecios, hay sectores empresarios que denuncian un faltante de producción. “Hace quince días que no me entregan garrafas. Si bien el Gobierno dice que las garrafas están, los funcionarios deberían salir a la calle para ver la situación. Como hay faltantes de este producto, vendemos más carbón, que en vez de servir para el asado, se utiliza para calefaccionar, con todos los riesgos que eso implica”, afirmó a este diario Manuel García.

Por su parte, Sica indicó que “la especulación es mínima” y que el nudo del conflicto está en que los distribuidores no quieren entregar garrafas con el precio subsidiado. “Vender una garrafa a 16 pesos es casi simbólico, es un servicio y no un negocio. Por eso muchos no quieren entregarlas. Habría que ser sensibles con la situación de algunos sectores”, argumentó la titular de Fecra.

Según lo informado por el Ministerio de Planificación, el gas licuado de petróleo (LPG, por sus siglas en inglés) no falta, tampoco las garrafas propiamente dichas. “La crisis la provocan los vivos, los que se aprovechan de la situación y cobran cualquier cosa. Yo puedo controlar lo que recibe cada hogar en gas natural porque le llega por una red cerrada. Sé cuánto recibe por la red eléctrica y garantizarle que le llegue. Pero no tengo la forma de controlar que todos los hogares reciban la garrafa social como corresponde”, graficó De Vido.