Desde Moscú

Una nueva ley que les da mayores poderes a los servicios de seguridad rusos para interrogar a personas sobre delitos que todavía no han cometido es criticada por los activistas de derechos humanos como un peligroso retorno a la era de la KGB. El proyecto de ley, aprobado ayer por la Cámara alta del Parlamento ruso, le permite a la FSB, la sucesora de la conocida agencia de espías de la era soviética, emitir advertencias a gente sospechada de planear delitos. Además, la ley permite que se impongan multas o penas cortas de prisión a cualquiera que obstruya el trabajo de los agentes de la FSB.

La ley fue sugerida después de los ataques terroristas al subterráneo de Moscú en marzo, y ostensiblemente apunta a aplastar a los insurgentes en el Cáucaso Norte y a aquellos que los ayudaron. Pero el temor es que sea usada como un instrumento para amenazar a cualquiera que se oponga al Kremlin, así como a periodistas que investigan historias sensibles.

La organización de derechos humanos Memorial dijo que la ley era “en parte inútil y en parte peligrosa para las libertades sociales”. Dijo que recordaba las técnicas de “prevención” de la KGB, que no prevenían delitos reales sino que eran una excusa para aplastar a la oposición política del régimen soviético.

Después de la indignación pública, la legislación fue modificada del borrador inicial que hubiera forzado a aquellos a los que la FSB quería “advertir” a que se presentaran para una entrevista, con la pena de una sentencia en prisión si no lo hacían. La versión revisada dice que la FSB puede advertir a una persona de que “está en el límite” de cometer un delito, pero no especifica cuáles son las medidas que pueden tomarse.

Se espera que el presidente Dmitri Medvedev firme el proyecto de ley. Andrei Soldatov, un periodista y experto en servicios de seguridad rusos, dijo que estaba preocupado por el impacto de la nueva norma. “Antes la FSB necesitaba una razón legal para hablar con los periodistas; ahora no necesita esto, simplemente puede decir que está haciendo investigaciones como una medida preventiva”, dijo. “Podría ser especialmente peligroso en las regiones, donde los periodistas todavía están muy controlados por las administraciones locales. Esto dificultaría mucho las cosas para los periodistas locales y los activistas de derechos humanos.”

Una fuente en la FSB le dijo al diario Vedomosti que los poderes eran necesarios para el que servicio pudiera tener un nuevo método de ejercer presión, especialmente cuando reclutaba informantes. Previamente, dijo la fuente, la FSB sólo podía poner presión sobre alguien si se trataba de secretos de Estado, pero ahora si el servicio quiere reclutar informantes en los gobiernos locales, importantes empresas y demás, puede usar la nueva ley como una manera de amenazar a sus blancos.

Los partidarios de la ley en el partido Rusia Unida, que está liderado por el poderoso primer ministro Vladimir Putin, insistieron en que no había nada de qué preocuparse. “La legislación mide hasta el nivel más alto y más humanístico de un Estado gobernado por el imperio de la ley”, dijo Vladimir Vasiliyev, el presidente del Comité de Seguridad de la Duma y miembro del Parlamento para Rusia Unida.

Bajo los ocho años de presidencia de Putin –él mismo un ex jefe de la FSB– los poderes y el prestigio de la agencia de seguridad crecieron. Putin nombró a muchos ex agentes de la KGB y la FSB en altos puestos del gobierno. Medvedev, sin embargo, no tiene antecedentes en los servicios de seguridad y en muchas ocasiones habló de la necesidad de tener una sociedad más abierta y libre en Rusia.

El presidente ruso descartó las críticas a la ley e insistió en que fue instigada por su propia iniciativa y que los extranjeros no tenían ningún derecho a criticarla.

“Cada país tiene el derecho de mejorar su legislación, incluyendo leyes concernientes a los servicios especiales. Y vamos a hacer eso”, dijo la semana pasada, cuando se le preguntó por la controvertidal ley durante una conferencia de prensa con la canciller alemana, Angela Merkel.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.

Traducción: Celita Doyhambéhère.