De repente, Mauricio Macri quiere “ir lo antes posible a un juicio oral”. El jefe de Gobierno porteño, sospechado de formar parte de la asociación ilícita que comenzó a montar un aparato de inteligencia clandestino en el marco de su administración y de la Policía Metropolitana, respondió así al fallo de la Cámara Federal que confirmó por unanimidad su procesamiento en la causa. Dirigentes de primer nivel del PRO confirmaron a Página/12 que “la instrucción que les dio a los abogados es que traten de hacer todo lo posible para ir a juicio oral sin pasar por la Cámara de Casación”, lo que implica no apelar la decisión de la Sala y retirar el pedido de apartamiento que habían presentado contra el juez federal Norberto Oyarbide. Además, en su primera aparición pública desde que se dio a conocer el fallo, el jueves pasado, Macri –que descartó pedir licencia a su cargo hasta que se resuelva su situación– atacó a los camaristas, sugiriendo que tomaron su decisión bajo la presión de un chantaje. “Habrá que preguntarse qué cosas tan malas habrán hecho, que los haya llevado a adherir a un mamarracho jurídico como éste”, cuestionó.

“He hablado con mis abogados, les he pedido que estudien, que vean la posibilidad de ir lo antes posible, en la forma más transparente, a juicio oral”, anunció el titular del PRO. Según justifican en su entorno, Macri siente “que no tiene garantías” en el ámbito del Poder Judicial. “Mientras se sigan discutiendo las cosas palaciegamente, nunca se va a saber la verdad. Hay que poner las cartas sobre la mesa”, le explicó a este diario el coordinador de la campaña macrista, Humberto Schiavoni. Y el mismo jefe de Gobierno, en la conferencia de prensa, pidió “que se hable de esto en detalle a la luz del día, frente a la opinión pública, y que quede en evidencia que realmente no existe nada, salvo una maniobra política transformada en causa judicial.”

A pesar de las críticas que levantó, dentro del PRO, la estrategia política alrededor de este caso, Mauricio Macri parece decidido a mantenerla hasta las últimas consecuencias. Así, ayer insistió en responsabilizar de todo a una presunta persecución encabezada por Néstor Kirchner y llegó a deslizar que los camaristas actuaron de la forma en que lo hicieron bajo la presión de un chantaje.

Claro que una supuesta connivencia entre el oficialismo y el juez Oyarbide era algo mucho más sencillo de sostener que la complicidad de tres camaristas sin pedidos de juicio político en contra. “Lo que realmente me tiene muy preocupado –aseguró el jefe de Gobierno, que asegura estar “absolutamente tranquilo” ante el avance de la causa– es que se ha ido profundizando una forma de ejercer el poder por parte del kirchnerismo, para agredir, descalificar, destruir opositores echando mano a cualquier instrumento que tenga dentro del Estado.”

“Néstor Kirchner logra que el mismo juez que le da impunidad para enriquecerse administrando el Estado sea el que inicie esta causa sesgada, direccionada desde el primer momento para involucrarme a mí personalmente como jefe de Gobierno en lo que él llama una asociación ilícita. Ahora se suman tres camaristas que se hacen cómplices de este accionar”, abundó el empresario. “Lamentablemente habrá que preguntarse qué cosas tan malas habrán hecho estos camaristas, que los haya llevado a adherir a un mamarracho jurídico como éste, en el que no hay una sola prueba que sostenga el conjunto de palabras que aquí se relatan –deslizó–. ¿Cómo pueden haber firmado este cuentito, sin un hecho concreto?”

Frente al avance de la oposición en la Legislatura porteña, que desde que se confirmó su situación procesal ha insistido en que corresponde que dé un paso al costado, Macri confirmó lo que ya había anticipado su entorno: “No hay ningún tipo de probabilidad de que tome licencia”, se plantó el jefe de Gobierno. “Voy a seguir trabajando en lo mío como lo he hecho desde el primer día. Para eso me han elegido –agregó–. Acá no se ha cometido ningún delito por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ni por parte de mi persona y vamos a seguir trabajando en la tarea que corresponde a nuestra gestión diaria, para la que hemos sido elegidos.”

En el mismo sentido se manifestó el titular del bloque de diputados PRO, Federico Pinedo, que argumentó que su jefe político debe resistir en su lugar para “desbaratar” la supuesta operación en su contra. “Si se pudieron juntar unos espías, algunos policías y algunos jueces del poder para voltear a un gobernador de la democracia, lo que hay que hacer es mantenerse al solo efecto de desbaratar una operación de ese tipo. El deber que tenemos es desenmascarar esa situación”, explicó el legislador. “Si todo esto es una cosa armada, como nosotros creemos –advirtió–, entonces esto es demasiado grave para quedarse callado.”