La Secretaría de Comercio Interior dispuso que las empresas que hayan aumentado los precios de los combustibles líquidos en el corriente mes deberán retrotraerlos a los vigentes el 31 de julio último. La obligación rige para “cada uno de los integrantes de las cadenas de comercialización, distribución y/o producción”. La medida apunta directamente a la firma Shell, que en el transcurso del mes movió en dos oportunidades sus precios de pizarra en sus estaciones de servicio. Juan José Aranguren, presidente de la filial local de la firma angloholandesa, respondió irónicamente a la postura que, ayer temprano, había dejado trascender la cartera a cargo de Guillermo Moreno. “Llama la atención que se asuste con la aplicación de la Ley de Abastecimiento” cuando, a su criterio, el mercado está suficientemente abastecido. “Nosotros trataremos de resistir una medida de esta naturaleza; vamos a ver qué dice la resolución para obrar en consecuencia”, advirtió el CEO de la petrolera.

La advertencia del Gobierno sobre la probable aplicación de la Ley de Abastecimiento para intervenir en el mercado desató controversias en el sector privado. Ayer, en una nota radial, Aranguren manifestó que el precio del producto “lo pone el estacionero”. Pero Rosario Sica, presidenta de la Federación de Empresarios de Combustibles (Fecra), dijo algo muy diferente. Los precios de las naftas y el gasoil “los establecen las petroleras y los consensúan con el Gobierno. Los propietarios de las estaciones de servicio no somos formadores de precios; recibimos el precio de las petroleras y tenemos que ponerlo en nuestras planillas, nada más”, precisó. Luis Malchiodi, titular de la misma entidad pero en el ámbito de la provincia de Buenos Aires (Fecba), coincidió en cuanto a la responsabilidad en la formación de precios (“nosotros no podemos ni aumentar ni retrotraer nada por nuestra cuenta”), pero le agregó el reclamo al Gobierno de que “aplique la Ley de Abastecimiento a las petroleras, cuando no cumplen los pedidos que hacemos (de combustible) para atender al público”.

Rosario Sica redobló la apuesta reclamando que la Secretaría de Comercio Interior envíe a los inspectores no a las estaciones de servicio sino “a las empresas de autotransporte, que tienen negocios que deberían dejar sin efecto: las compañías de colectivos declaran el doble de las unidades que tienen en servicio, reciben el cupo de gasoil subsidiado y lo que no utilizan lo venden en el mercado negro a un valor superior al que lo compran, en una proporción de 3 a 1”.

El último ajuste general (de las cuatro principales empresas comercializadoras de combustibles) del mercado se había dado en junio. Pero fue uno más de los varios ajustes desde los últimos meses del año pasado. Entre julio de 2009 y el mismo mes de este año, se estima que la nafta súper sufrió un incremento promedio del 28 por ciento, la nafta premium un 35 por ciento y el gasoil, 40 por ciento.

En el mes en curso, solamente Shell había dispuesto aumentos de sus precios, lo cual la colocó en valores varios escalones por arriba de la competencia, fundamentalmente en nafta súper y gasoil, los dos combustibles más consumidos. En particular, en referencia a YPF, la diferencia de precios en la súper alcanzó a 22 centavos por litro, lo cual provocó un corrimiento de la demanda hacia la ex petrolera estatal. La consecuencia fue que la mayor parte de las estaciones de la marca quedaron sin nafta súper durante el fin de semana largo y sin reposición a tiempo para seguir atendiendo al público: reaparecieron así los carteles sobre los surtidores con la indicación “no hay nafta”.

Pese a estos límites en la competencia, Aranguren insistió ayer en que “las refinerías están trabajando al máximo” y que el mercado “está abastecido”. Así, intentó descalificar la aplicación de la Ley de Abastecimiento señalando que “no hay ninguna emergencia” que lo justifique. “El problema no es el producto y tampoco hay exceso de demanda, por lo tanto nadie se aprovecha de eso subiendo los precios, sino que a alguien le parece que el valor no es el que corresponde”, explicó Aranguren. Ese “alguien” es Shell. La precaución del Gobierno es porque, con una oferta tan rígida, las competidoras de dicha petrolera no están en condiciones de atender a los clientes que emigren en busca de mejor precio. En cambio, la consecuencia previsible sería que todos imiten el aumento dispuesto por la compañía angloholandesa, tal como ha ocurrido históricamente desde la desregulación de ese mercado, a principios de la década del ’90.