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La aprobación por parte del directorio del FMI, prevista para este jueves, de la carta de intención que habilitará la refinanciación de vencimientos despejó la agenda económica. No obstante, los poco más de cuatro meses que, en principio, le restan a Roberto Lavagna al frente del Ministerio de Economía, serán agitados. En lo inmediato, deberá enfrentar dos de las principales exigencias del organismo: poner en marcha la renegociación de la deuda con acreedores privados, que alcanza valores nominales en torno a los 60 mil millones de dólares, y concretar el postergado aumento de los servicios públicos, que comenzarán en febrero por el sector energético, luz y gas, pero que rápidamente se extenderán también a teléfonos y agua.
Superado lo peor del trance del acuerdo con el Fondo, en Economía aprovecharon para repasar el acumulado en el Haber de la actual gestión. Allí se encuentra el control de la inflación, la estabilización del tipo de cambio, el lento regreso de los ahorristas a los bancos y alguna mejora en los indicadores de la actividad industrial. Entusiasmado, el propio Lavagna anunció el viernes que las perspectivas de crecimiento para el 2003 se ajustaban de 3 a 3,5 por ciento del PIB. No obstante, nunca faltan quienes, en medio de los festejos, se solazan con hurgar en el Debe, donde se encuentran algunos de los compromisos asumidos con el FMI, entre ellos; el inicio de la renegociación con los acreedores privados y la “recomposición” de las tarifas de los servicios públicos.
u Reestructuración de la deuda con los acreedores privados. Este martes se conocerá el nombre de quien oficiará como “asesor financiero” para la reestructuración de la voluminosa deuda privada del sector público, cuyo valor “nominal”, el número que figura en los papeles, supera los 60 mil millones de dólares. La tarea del asesor, de acuerdo con las explicaciones dadas por el Palacio de Hacienda, será identificar al total de los acreedores, pues los títulos de deuda no están sólo repartidos entre inversores institucionales, sino también entre innumerables tenedores individuales. Países como Italia o Alemania, por ejemplo, suman alrededor de 300 mil acreedores cada uno. Identificados todos los acreedores el paso siguiente es concretar negociaciones que permitan obtener quitas significativas sobre el valor de los títulos y una reprogramación de los futuros pagos que podría incluir un período de gracia. Este proceso, considerado indispensables para la recomposición del crédito externo, tendría una duración estimada de dos años.
Entre los candidatos a ocupar el potencialmente lucrativo puesto de asesoramiento se cuentan la sucursal londinense del Dresdner Bank, Lazard Freres, Credit Lyonnais Securities, Morgan Stanley, UBS Warburg y el Bank of America Securities junto a la banca Rothschild de Francia. La licitación debería haber concluido la semana pasada, pero Economía decidió postergarla hasta este martes a fin de que uno de los aspirantes complete la documentación.
u Aumento de las tarifas de los servicios públicos. No es la primera vez que Economía lo intenta y esta semana lo hará de nuevo. Se trata de una de las demandas transmitidas al directorio del FMI por sus socios europeos, en particular de los países donde residen los principales accionistas de las privatizadas. Para cumplir con el reclamo, las tarifas de la electricidad y el gas serían aumentadas inicialmente el 9 y el 7 por ciento, respectivamente. El mecanismo para habilitar las subas será un decreto de necesidad y urgencia. Como los ajustes tarifarios fueron taxativamente vedados por la Ley de Emergencia Económica, norma que permitió que los anteriores intentos de subas fueran frenados por el Poder Judicial, en la nueva embestida el Gobierno decidió cortar por lo sano y reformar directamente la “letra chica” de la citada Ley, eliminando los párrafos que prohíben los aumentos.
Hasta ahora, salvo casos aislados, como los aumentos estacionales y las tasas aeroportuarias, las tarifas de los servicios públicos se han mantenido congeladas. Los nuevos ajustes tendrán efecto sobre el poderadquisitivo de los salarios y sobre la inflación. Para contrarrestar las críticas, desde el Ejecutivo se anunció que los consumos mínimos no serían ajustados y quedarían fuera los consumos residenciales de menos de 300 kilovatios hora por bimestre y los inferiores a 500 metros cúbicos anuales de gas.
Desde distintas consultoras cercanas tanto al gobierno como a las empresas privatizadas minimizaron el impacto inflacionario de la medida. Según estos trabajos, un ajuste promedio del 10 por ciento sobre las tarifas determinaría una suba de la inflación del 1,2 por ciento. En tanto, el impacto sobre los precios mayoristas no superaría el 1 por ciento. De esta manera, tanto el tipo de cambio real como la competitividad externa de la producción local no se verían afectados.
Economía espera que el decreto permita efectivizar los aumentos en la luz y el gas con la mayor celeridad. Si es posible, desde febrero. Conseguido este primer paso, los ajustes se extenderán a otras áreas, entre ellas, teléfonos y servicios de agua y cloacas. La rediscusión de fondo de los contratos de las privatizadas será tarea del próximo gobierno.