Desde Seúl

El Grupo de los 20 consensuó ayer una tibia declaración de intenciones en lo que refiere a la “guerra de divisas” que enfrenta a los países centrales con los emergentes. Allí se asumió el compromiso de evitar devaluaciones competitivas y reducir los desequilibrios globales de cuenta corriente, pero no se fijó ningún mecanismo que obligue a revaluar las monedas que están en el ojo de la tormenta ni se establecieron metas cuantitativas para los déficit y superávit. Estos dos últimos puntos eran reclamados fundamentalmente por Estados Unidos, que comprobó una vez más que en el nuevo orden mundial sus deseos ya no son órdenes. El documento mostró algunos avances en la agenda que el G-20 comenzó a diseñar después del estallido de la crisis financiera, cuando reemplazó al G-8 como foro de discusión de la economía global. La reforma del FMI, que les da más poder a las naciones en desarrollo, y las mayores regulaciones financieras en curso se inscriben en esa serie. Antes de comenzar el plenario, el presidente de Corea del Sur, Lee Myung-Bak, le agradeció a Cristina Fernández de Kirchner en su carácter de anfitrión que haya decidido participar del encuentro pese a la muerte reciente del ex presidente Néstor Kirchner, quien fue homenajeado en el recinto (ver página 4).

Estados Unidos había presionado mucho en las últimas semanas para que el G-20 emitiera una declaración a la medida de sus necesidades. El gobierno de Barack Obama quiere mejorar la competitividad de sus exportaciones e incrementar así la producción y el empleo, pero para ello necesita que las economías emergentes, fundamentalmente China, revalúen sus monedas. En la reunión de ministros preparatoria de esta Cumbre, el secretario del Tesoro estadounidense, Timothy Geithner, propuso limitar al 4 por ciento los superávit y déficit de cuenta corriente de los países con el objetivo de atenuar los desequilibrios globales y cuestionó al yuan por estar “artificialmente devaluado”. Varios de los países desarrollados coincidían con uno o incluso con los dos pedidos, pero ese frente se agrietó cuando la Reserva Federal adelantó que inyectará, días antes de la Cumbre, 600 mil millones de dólares a través de la compra de títulos del Tesoro, queriendo forzar una devaluación del dólar y complicando ya no sólo a los emergentes, sino también a otras naciones industrializadas, como Alemania.

A partir de ese momento, el camino que debió recorrer Obama en el G-20 fue cuesta arriba y se encontró con el rechazo firme de China, Brasil y otro conjunto de emergentes que hicieron causa común para defender sus superávit fiscales y la acumulación de reservas que les permitió sortear la crisis con relativa calma. El brasileño Lula Da Silva jugó muy fuerte, en lo que fue su última Cumbre como presidente, y también lo hizo el chino Hu Jintao. Ambos representan a países que se están consolidando como un contrapeso de poder importante. No por casualidad el G-8 se terminó ampliando al G-20. Cualquier discusión sobre la economía mundial se debe dar necesariamente en un espacio que los contenga.

Si bien uno de los textuales del documento que más se han destacado es el que dice que los países deberán abstenerse de “efectuar devaluaciones competitivas de sus monedas”, no menos importante es una frase que figura en el mismo párrafo: “Las economías avanzadas, incluyendo aquellas con moneda de reserva, estarán alertas frente a un exceso de volatilidad y movimientos desordenados en los tipos de cambio. (...) Sin embargo, en circunstancias en las cuales países enfrentan una carga de ajuste indebida, las respuestas de política en las economías emergentes con adecuadas reservas y crecientemente sobrevaluados tipos de cambio flexibles pueden, también, incluir medidas macro-prudenciales cuidadosamente diseñadas”. Esa frase lleva la firma del ministro de Economía brasileño, Guido Mantega, quien ayer celebró su inclusión, pero también beneficia a países como Argentina, pues legitima el control de capitales para poner freno a los fondos especulativos.

Más allá de las tensiones, el documento del G-20 acordado ayer se plantea como una continuidad respecto de lo que se acordó en las pasadas cumbres de Washington, Londres, Pittsburgh y Toronto. “Nuestra política de estímulo fiscal y monetario sin precedentes y altamente coordinada sirvió para recuperar la economía que se encontraba al borde de una depresión”, dice el texto. Luego detalla el Plan de Acción de Seúl, donde los Estados se comprometen a avanzar en cinco áreas consideradas clave: política monetaria y cambiaria, comercio y políticas de desarrollo, políticas fiscales, reformas financieras y reformas estructurales.

En el primer punto se condensó el debate por las devaluaciones competitivas y su impacto en la cuenta corriente. En lo que refiere al comercio, los países rechazan el proteccionismo como una vía para resolver los conflictos que puedan surgir y se comprometen a concluir la ronda de Doha. La consolidación fiscal es caracterizada como algo virtuoso, pero se advierte sobre “el riesgo de ajustes sincronizados sobre la recuperación global”. Por último, en reformas estructurales contemplan como objetivo reformas impositivas, del mercado de trabajo, de seguridad social y de infraestructura. Cristina Fernández se refirió a este último punto en el debate al destacar la importancia que tiene la inversión pública y privada para superar cuellos de botella y mejorar el crecimiento potencial. Para avanzar con ese conjunto de reformas, se propone hacer uso de las capacidades del FMI, Banco Mundial y la Organización Internacional del Comercio. El FMI es una herramienta considerada clave por el G-20. Cuando parecía que estaba cerca de su jubilación, este conjunto de países lo recapitalizó y lo devolvió a los primeros planos. Eso se justificó a partir de una promesa de reforma que se está llevando adelante lentamente.

En el documento acordado ayer se refrendaron los cambios que habían acordado los ministros de Economía del G-20 a fines de octubre. Allí se contempla el compromiso de cambiar de manos el 6 por ciento de la composición de los votos a favor de economías emergentes y países subrepresentados. Eso les permitirá a Brasil, China, India y Rusia incrementar su porcentaje. China quedaría así como el tercer socio con más influencia dentro del organismo, detrás de Estados Unidos y Japón, mientras que Brasil e India se sumarían al top-ten relegando a Canadá y Arabia Saudita. Además, se les dará una mayor representación a los emergentes en el Directorio, porque la Unión Europea se comprometió a ceder dos de las 24 sillas de la Junta Directiva.

El actual titular del organismo, Dominique Strauss-Kahn, respaldó el acuerdo al remarcar que la mitad del porcentaje de los votos que ganaron los Bric provienen de economías avanzadas, en su mayoría europeas y un tercio de países petroleros, quedando sólo un 20 por ciento que ceden otros emergentes. No obstante, el ministro Amado Boudou dijo ayer en este diario que ese 20 por ciento es demasiado porque significa que casi todos los países chicos ceden alguna porción de su ya magra representación. Igual los cambios en la composición de la cuota se efectivizarán recién en octubre de 2012, en la reunión anual del FMI y el Banco Mundial. Es un proceso lento. De hecho, todavía no se efectivizó el paquete de reformas y cuotas de voz que se había aprobado en 2008.

Este es otro de los temas donde hubo avances. El G-20 respaldó el acuerdo conocido como Basilea III, el cual fija estándares que reducen considerablemente el incentivo de los bancos a tomar riesgos excesivos, limitando la probabilidad y gravedad de las crisis. El G-20 también se comprometió, una vez más, a fortalecer la regulación y supervisión de los fondos de cobertura, derivados extrabursátiles y agencias calificadoras de riesgo. Los mandatarios apoyaron los principios del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, según sus siglas en inglés) para reducir la confianza en las calificaciones crediticias externas. “Los encargados de establecer estándares, los participantes del mercado, los supervisores y los bancos centrales no deberían descansar mecánicamente en calificaciones crediticias externas”, dice el documento.

Este es un punto que le interesa particularmente a la Argentina porque no quiere que la asignación del crédito dependa de las calificadoras. De hecho, la Anses no otorga recursos tomando en cuenta las recomendaciones de calificadoras de riesgo, sino de universidades nacionales. Eso le permitió el año pasado otorgarle un préstamo a General Motors que las calificadoras no aprobaban. Ese préstamo permitió preservar más de mil empleos y la automotriz estadounidense ya devolvió la mitad del dinero y se comprometió a adelantar la cancelación del resto. El caso fue resaltado por Cristina Fernández de Kirchner en la reunión que mantuvo con los empresarios de 30 multinacionales el jueves pasado y también formó parte de su exposición en la sesión del G-20, porque aparece como un ejemplo positivo en un documento técnico del FSB.

La presidenta también intervino en la sesión para cuestionar la normativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que le permite a un paraíso fiscal dejar de serlo si firma doce acuerdos fiscales. Esos doce acuerdos se pueden firmar con cualquier país del mundo. Por lo tanto, lo que suelen hacer los paraísos es firmar con naciones lejanas y no con los países cercanos que se ven afectados por esos paraísos. El G-20 va a analizar el tema para ver si corresponde pedirle a la OCDE que modifique esa normativa.

[email protected]