El ex superintendente de Servicios de Salud Héctor Capaccioli tendrá que presentarse otra vez ante el juez federal Norberto Oyarbide para una nueva indagatoria que agrava su situación judicial. Esta vez es por el otorgamiento irregular de casi 48 millones de pesos a 42 obras sociales, subsidios que estaban destinados a campañas de prevención de enfermedades. También se le cuestiona el manejo de la caja chica del organismo que dirigía, donde se detectaron gastos sin justificación, que van desde compras de florería, fiambrería, camisas y botellas de vino, hasta varias comidas en un restaurante de Puerto Madero del que había sido socio. Está citado para el 22 de diciembre.

Capaccioli ya fue indagado en la causa en la que Oyarbide investiga la comercialización de medicamentos adulterados, vencidos y robados y la defraudación con fondos de la Administración de Programas Especiales (APE) entregados a obras sociales –al menos a la Obra Social Bancaria (Osba)– para subsidiar tratamientos que nunca existieron y que se simulaban con troqueles truchos e historias clínicas armadas. Capaccioli está imputado puntualmente como partícipe de la asociación ilícita que fue base de estos negociados y como presunto encubridor de maniobras de lavado de dinero vinculado con el financiamiento de la campaña del Frente para la Victoria en 2007, de la que se lo señala como recaudador, aunque él dice que integraba la junta promotora, donde las decisiones se tomaban entre varios. El juez aún no resolvió su situación procesal.

Cuando declaró el mes pasado, Capaccioli llevó como abogado defensor a Horacio Ballesteros, quien había sido su gerente de asuntos jurídicos en la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Pero ahora Ballesteros también fue citado como sospechoso, por haber puesto su firma para aprobar la asignación de los 48 millones de pesos a las obras sociales el 27 de diciembre de 2007. La principal anomalía que encontró el juzgado en relación con el reparto de estos fondos es que la SSS no estaba facultada para dar subsidios, sino que su función es fiscalizar y controlar.

Otro punto que intenta desentrañar el juzgado es por qué y con qué criterio el dinero fue asignado a 42 obras sociales y no a las más de 300 que existen. Y a su vez, por qué según el gremio de que se tratara se les dieron montos muy distintos por cada afiliado, que iban desde un peso, veinte y hasta cien. “El dinero fue repartido de manera arbitraria”, señaló en diálogo con Página/12 la ex ministra de Salud Graciela Ocaña, quien durante su gestión había ordenado una investigación interna por esta distribución de partidas. Además dijo que “las obras sociales debían rendir cuentas cada tres meses, pero rara vez lo hacían”.

En consecuencia, hubo una segunda partida, de 100 millones de pesos, que fue frenada con una resolución de Juan Rinaldi, sucesor de Capaccioli en la SSS. Rinaldi también está imputado y citado a indagatoria para el martes próximo en la causa de los medicamentos, cuestionado por su papel en el manejo de los fondos de la APE. Anteayer presentó un escrito donde se diferencia de sus “predecesores” ya que, sostiene, él revocó subsidios a quienes no hicieron la rendición sobre su utilización. También señaló que la APE era “un descontrol total” y “un foco latente de conflictos y prácticamente ingobernable, comparable con una caldera a punto de estallar”.

El otro motivo de la citación de Capaccioli, informaron funcionarios de la causa, es el uso que le dio a la caja chica de la SSS, con gastos que ya habían sido detectados en un sumario dispuesto por Ocaña y que para el juzgado no tienen ninguna justificación. Por ejemplo, se presentaron facturas de florerías por 200 pesos, la compra de una camisa por 159 pesos, vinos por 170 pesos, quesos y fiambres por 200 pesos, ropa por 400 pesos y hasta varias comidas en el restaurante Tierra de Parrilleros, del que él era socio.