Ayer venció el plazo que los gobiernos de Argentina y Uruguay se habían dado para diseñar el plan de vigilancia conjunta de UPM-Botnia sin que los integrantes del comité científico lograran llegar a un acuerdo. Con las negociaciones totalmente trabadas, el paquete pasó a manos de los cancilleres Héctor Timerman y Luis Almagro, que se reunirán mañana en Montevideo. El monitoreo no se dio por fracasado, pero para los negociadores argentinos se hizo evidente que choca contra una traba política, la reticencia del gobierno uruguayo a que la pastera sea controlada.

Los dos científicos argentinos que integran el comité encargado de diseñar el plan, Juan Carlos Colombo y Guillermo Lyons, presentaron a sus pares uruguayos una propuesta de monitoreo a principios de noviembre, que los uruguayos la contestaron esta semana con una contrapropuesta. Según pudo saber Página/12, tomaron el esquema argentino como base, pero desecharon un 70 por ciento de las propuestas. El proyecto tiene dos partes, una para UPM-Botnia y otra para la desembocadura del río Gualeguaychú. Los desacuerdos están centrados en la vigilancia de la pastera. La propuesta argentina incluye la instalación de sensores para medir de manera continua el estado de los efluentes y las emisiones gaseosas, utilizando tecnología pero también seres vivos, como líquenes y moluscos, que por su sensibilidad a la contaminación actúan como centinelas cuando el agua o el aire se vuelven tóxicos.

En los dos meses de trabajo del comité, estas propuestas fueron rechazadas por los científicos uruguayos. Las reuniones se sucedieron sin ningún avance, pasando de una discusión a otra. A este complicado panorama se sumó un agravante: cuando los científicos hicieron una visita preparatoria a UPM-Botnia, constataron en la recorrida que sus efluentes líquidos no están siendo tratados según las normas exigidas a cualquier establecimiento industrial. Las irregularidades quedaron plasmadas en un informe que elevaron a la Cancillería.

Ante el vencimiento del plazo, ayer en Buenos Aires y el jueves en Montevideo hubo reuniones en las que se negoció contrarreloj para tratar de llegar a un acuerdo. Con Héctor Timerman de viaje en Seúl, el vicecanciller Alberto D’Alotto quedó al frente de la negociación; se reunió el jueves en Montevideo con el canciller uruguayo Luis Almagro y su segundo, Roberto Conde. Ayer, la delegación uruguaya que llegó a Buenos Aires estuvo encabezada por el tercero de la Cancillería oriental, el embajador Ricardo González, y el senador Carlos Baraibar. También vinieron los dos integrantes uruguayos del comité científico, Eugenio Lorenzo y Alberto Nieto, aunque el comité no sesionó sino que los científicos se limitaron a asesorar a los funcionarios de su Cancillería.

La información oficial fue muy restringida. “La negociación continúa en Montevideo”, se limitaron a informar los voceros de la Cancillería argentina. La traducción de este dato es que el diálogo no logró avances y por eso el paquete tiene que “subir” a los cancilleres. Timerman y su par Almagro se encontrarán en Montevideo, respetando la alternancia de realizar una reunión de cada lado del río.

La gran pregunta es qué va a pasar si no hay acuerdo sobre cómo monitorear a la pastera. La más alta instancia judicial de reclamo para cuestiones sobre el manejo del río Uruguay es la Corte Internacional de La Haya, que en su fallo ordenó a los dos países implementar un sistema de vigilancia conjunta, pero tras siete meses de negociaciones, que incluyeron la firma de dos acuerdos entre los presidentes Cristina Kirchner y José Mujica, el cumplimiento del fallo continúa a fojas cero.