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La CGT y la UIA adelantaron que la invitación oficial a debatir un acuerdo social no debe limitarse a discutir precios y salarios. Esa definición implicaría que unos y otros no quieren participar de esa convocatoria o que, en realidad, pretenden condicionar a la contraparte antes del inicio de la negociación. Los sindicatos quieren subir los salarios por encima del recorrido estimado de los precios para mejorar su poder adquisitivo, mientras que los empresarios aspiran a invertir esa ecuación. Este es el nudo principal de la discusión que el Gobierno aspira a encauzar con un diálogo social tripartito como estrategia de desalentar expectativas inflacionarias crecientes, alimentadas por la posición dominante que ejercen grupos concentrados en mercados sensibles, por la disputa política mediática y por la pérdida de un indicador de precios oficial a partir de la crisis en el Indec.

En la práctica y sin necesidad de constituir un nuevo marco institucional específico, el Estado y las representaciones sindicales y empresarias han desarrollado un espacio de concertación inédito por su duración desde 2003: los convenios colectivos y el Consejo del Salario. El Gobierno, la UIA y la CGT negociaron un parámetro de aumento salarial que actuó como señal y, generalmente, como piso sobre el resto de la economía, que fue de 19 por ciento en 2006, 16 por ciento en 2007 y nuevamente 19 por ciento en 2008. Por motivos diversos, a partir del año siguiente se fue debilitando esa referencia. En 2009 se intentó que fuera del 18 por ciento propuesto por la UOM, pero luego se superó en promedio en varios puntos ese porcentaje en las paritarias por actividad, incluso en la de metalúrgicos. Mientras que en este año la base fijada por camioneros fue del 24 por ciento, que concluyó en una variación superior en un par de puntos en promedio durante las negociaciones del resto de los gremios.

En el período 2003-2008 se concretaron en los hechos grandes acuerdos sectoriales, con el liderazgo de sindicatos de transporte, servicios y de la construcción como impulsores. No se formalizaron como pactos sociales anuales entre la CGT y la UIA, aunque esos convenios fueron rubricados en actos públicos en el Ministerio de Trabajo y en la Casa Rosada. Así se organizó un pacto social informal de coordinación salarial con apoyo tripartito. Ese proceso tuvo un contexto favorable, puesto que el acelerado crecimiento de la economía posdevaluación, con una inicial y activa intervención estatal de aumentar salarios y una fuerte disminución del desempleo, abrió el camino para la discusión paritaria. A medida que el alza salarial empezó a amenazar las elevadas tasas de ganancias empresarias obtenidas por la megadevaluación, la puja distributiva se intensificó. Empezó una dispersión salarial previsible por el diferente desenvolvimiento sectorial, pero al tiempo derivó en una descoordinación en la política de ingresos.

Este recorrido de la negociación salarial en el mercado laboral formal, la recomposición del empleo y el desarrollo positivo de la economía ofrecen la perspectiva sobre lo que se puede esperar del diálogo social tripartito recientemente presentado. El politólogo de la Universidad Torcuato Di Tella Sebastián Etchemendy advierte que es necesario saber lo que no hay que plantear como objetivo en esos marcos de negociación. Escribió en el documento “Consejo Económico y Social. Crisis y concertación en la Argentina. Perspectiva histórica y comparada”, publicado en la revista Umbrales de América del Sur (Nº 8, abril-julio 2009) del Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (Cepes), que “es difícil esperar que lleguen a decisiones formales trascendentes como ser, por ejemplo, la negociación de una pauta de aumento salarial única para toda la economía, especialmente en la Argentina, donde organizaciones como la UIA y la CGT tienen poco poder de disciplinamiento sobre las asociaciones sectoriales afiliadas”.

Etchemendy explicó que en contextos de competitividad sectorial variada, ni siquiera en los pactos salariales vigentes hoy en Europa se negocia ese tipo de acuerdos, sino, más bien, valores como el salario mínimo o pisos de aumento, o el intercambio de cláusulas de paz social y moderación salarial por mayores recursos para el sistema de asignaciones familiares, para los programas sociales o el régimen jubilatorio. “Hay que saber que los acuerdos no se pueden alcanzar de un día para el otro y que para ser atractivos dentro de un abanico de organizaciones económicas pueden incluir varias cuestiones generales, como ser política impositiva, fiscal, salarial o de seguridad social”, precisó el especialista.

Los antecedentes más importantes de este tipo de acuerdos en Argentina se remontan al Congreso de la Productividad, convocado en 1955, por el gobierno de Perón, y el Pacto Social, firmado el 8 de junio de 1973. Hubo a lo largo de la historia otros intentos en ese sentido, aunque menos notables, como el Consejo Económico Social, de 1946, o el Gran Acuerdo Nacional, del presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse. Con la llegada de la democracia, se renueva el interés por la concertación. En 1984 se lanzó la Conferencia Económica y Social, de la cual participaban representantes del gobierno (ministerios de Economía y Trabajo), del empresariado (UIA) y del trabajo (CGT). Durante el mismo año se estableció el Consejo Nacional de Salario Mínimo, con el objetivo de introducir un mayor consenso en el diseño de las políticas salariales. También se concretaron los Acuerdos Marco de la CGT y UIA durante el gobierno de Carlos Menem, de flexibilización laboral y privatización de la seguridad social. Los resultados de todas esas experiencias no fueron muy alentadores.

La iniciativa en el último año del segundo gobierno de Perón fracasó por la pretensión de los empresarios de limitar los derechos de los trabajadores, a la vez que la CGT impulsó aumentos salariales por encima del previsto. El objetivo expuesto por Cristina Fernández de Kirchner en la Conferencia Industrial de la UIA es que ahora la puja distributiva y la consiguiente conflictividad salarial tengan “racionalidad institucional y legal”. Esto implica recuperar la efectividad de la negociación colectiva en la generación de expectativas favorables en cuanto a un ritmo de ajustes de precios decrecientes. La pretensión oficial apunta a mostrar a empresarios y sindicalistas que la alternativa de un esquema no cooperativo es perjudicial para unos y otros, ya sea por acuerdos salariales por encima del previsto o por aumentos de precios a ritmo creciente.

En esa línea, mientras tanto, se definen acuerdos sectoriales para ir predeterminando el marco general. Se ha convocado a empresarios y sindicatos de una misma actividad junto a gobernadores de provincias donde se desarrolla esa producción para firmar un pacto de paz social. Hace dos semanas fue el punto de partida con los petroleros. Representantes de ocho compañías petroleras, tres gremios y tres provincias productoras de hidrocarburos acordaron una suspensión por seis meses de los reclamos salariales, prorrogable por otros seis. Las empresas prometieron mantener las inversiones y el nivel del empleo y los salarios; los sindicatos, la paz social. En esta semana fue el turno de la minería con las mismas características: el compromiso que asumen empresarios es garantizar las fuentes de trabajo y, por su parte, los sindicalistas prometen acompañar la productividad. Frente a un conflicto, acordaron que la prioridad debe ser agotar todas las instancias de negociación.

En ese marco, el diálogo social puede ser un ámbito útil si el Gobierno y los actores sociales sostienen una misma convicción: que las soluciones unilaterales empeoran las situaciones y que debe haber lugar para un reparto equitativo de costos entre las partes. La ausencia de cooperación o acuerdos sociales ha sido una de las deficiencias históricas de las relaciones laborales en el país. El antecedente reciente es favorable teniendo en cuenta que desde 2003 existe un diálogo social importante en materia de negociación salarial que, si bien no se basa en un pacto social explícito, estuvo claramente coordinado por el tripartismo de nivel nacional y sectorial. Como destaca Etchemendy, se trata de un período de negociación notable por su continuidad. En esta instancia ahora se presenta el desafío de su ampliación en marcos institucionales para coordinar expectativas en la sensible dinámica de precios y salarios.

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