Las farmacias ubicadas en Capital Federal y Gran Buenos Aires podrían dejar de vender medicamentos con descuento a los afiliados de las prepagas a partir del miércoles 12 de enero. Así lo anunciaron las entidades que agrupan a las farmacias, como respuesta a la disputa de precios entre dichos establecimientos, las empresas de medicina prepaga y los laboratorios medicinales. El conflicto gira alrededor de una “bonificación” que cobran las empresas de medicina privada a las farmacias por permitirles atender a sus clientes. Como las farmacias prometen seguir atendiendo a los afiliados a las prepagas, pero sin aplicarles el descuento, los usuarios estarían obligados a tramitar el reintegro de la bonificación directamente en la empresa a la que se encuentran asociados.

Las cámaras empresarias de las prepagas y las farmacias mantuvieron distintas reuniones desde las últimas semanas de diciembre y, ante la ausencia de un acuerdo, los centros de venta de medicamentos decidieron incluir a los usuarios en la puja para acelerar la negociación. La medida fue anunciada en un comunicado conjunto de la Asociación de Propietarios de Farmacias, la Cámara Argentina de Farmacias, el Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal y la Asociación de Empleados de Farmacia. Esas entidades reúnen comercios de barrio y también grandes cadenas como Farmacity. “No se trata de un lockout, todos los medicamentos se van a seguir vendiendo, pero sin los descuentos que tenían hasta ahora. Queremos negociar con las prepagas. Mientras tanto, los afiliados deberán reclamar los reembolsos a las compañías”, señalaron a este diario desde una de las entidades que impulsan la medida.

Cuando un afiliado de una prepaga compra un remedio, las farmacias lo facturan con un descuento que en algunos casos llega al 40 por ciento. Si un remedio tiene un valor de 100 pesos, el consumidor paga 60 pesos y el resto lo cubre el servicio médico privado que contrata mensualmente. El conflicto surge alrededor de la forma en la que se distribuyen los 40 pesos descontados y no el valor de venta de los medicamentos. Según explican las entidades que agrupan a las farmacias, las prepagas les reintegran solamente 15 pesos ya que los restantes 25 pesos corresponden a una bonificación que deben asumir las farmacias cuando atienden a sus afiliados y ponen el nombre de las prepagas que atienden en la vidriera.

Las condiciones del vínculo entre las empresas de medicina privada y las farmacias se establecen en contratos individuales que firman las partes sin ningún tipo de regulación estatal. Las prepagas argumentan que las farmacias deben incorporar el costo del 25 por ciento, ya que esas empresas les aseguran una afluencia de clientes que de otro modo no tendrían. Las distintas cámaras que reúnen a los centros de venta consideran que el valor vigente, que en casos como el de Swiss Medical asciende al 27 por ciento, es excesivo. El porcentaje correspondiente a la bonificación comenzó a aumentar a partir de 2002.

Al mismo tiempo, desde las farmacias cuestionan la forma de pago del 15 por ciento que sí reintegran las prepagas. Una mitad se realiza en efectivo a plazos entre 50 y 70 días, y el resto se efectúa mediante una nota de crédito para comprar medicamentos en las droguerías. “Estamos con esta negociación hace muchos años. Las prepagas dicen que no les cierra el número con los niveles de consumo de medicamentos que tienen sus asociados. Ellos regulan el valor de la cuota según su conveniencia y nosotros vendemos los remedios de acuerdo con una lista de precios que está fija mientras que nos suben los alquileres y los salarios. No podemos seguir financiándolos”, comentó el director ejecutivo del Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos porteños, Luis Antún. El planteo de las farmacias es similar al que realizan los sanatorios y médicos privados a las prepagas, cuando los aumentos en la cuota mensual de la medicina privada no se traduce en una mejora del importe que paga la empresa a sus proveedores.

Desde Cimara, la cámara que agrupa a las principales prepagas, consideraron que “la negociación debe realizarse también con los laboratorios, ya que ellos son quienes manejan los precios de los medicamentos”. Las farmacias proponen que no existan contratos directos sino convenios con instituciones, que les otorguen un mayor poder de negociación para limitar las bonificaciones a valores similares a los que negocia PAMI con las droguerías en la Capital Federal. En las diferentes reuniones que mantuvieron con Cimara y algunas empresas individualmente también se barajó proponer que los laboratorios se hagan cargo de una parte de la bonificación. Sin embargo, ninguna de las 75 empresas que componen el núcleo de la industria farmacéutica participó de esas conversaciones.

“Es necesario redefinir y regular los descuentos y, en especial, las bonificaciones que imponen unilateralmente las prepagas. Por eso vamos a tomar medidas drásticas y ejemplificadoras”, advirtió Rodolfo Barrero, titular de la Cámara Argentina de Farmacias. Por su parte, Antún consideró que “es el momento de solicitar la intervención del Estado para redefinir el modo y la cuantía de las bonificaciones”. El sector que cuenta con más de 3 millones de clientes no está regulado. Roberto Zorzoli, asesor técnico en la redacción del proyecto de ley de regulación de las prepagas, explicó que el control de la relación entre las prepagas y las farmacias está contemplado en la iniciativa que los senadores devolvieron a la Cámara de Diputados y deberá ser rediscutido este año.