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Producción: Tomás Lukin

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Salarios y distribución

Por Gustavo Ludmer *

A partir de 2003, tras una fuerte caída provocada por el colapso de la convertibilidad, los salarios comenzaron a recuperar su poder de compra. La estrategia principal del gobierno de Néstor Kirchner para mejorar la distribución del ingreso fue la implementación de políticas macroeconómicas favorables a la producción nacional, permitiendo la creación masiva de puestos de trabajo, revirtiendo la tendencia negativa. Las mejores condiciones del mercado laboral aumentaron el poder de negociación de los trabajadores que, en el marco de la reapertura de las paritarias, se tradujeron en un sostenido aumento de los salarios reales.

Los resultados obtenidos en la primera etapa de distribución del ingreso vía crecimiento económico fueron muy positivos. Para fines de 2006, con la creación de 4 millones de nuevos puestos de trabajo, buena parte de los asalariados había recuperado su poder de compra con respecto a 2001.

Sin embargo, desde 2007 la estrategia oficial comenzó a perder efectividad. Entre los factores externos, se destacó la crisis internacional de 2008-2009, que puso un freno al crecimiento de la economía nacional afectando el escenario laboral, en particular a la industria, la construcción y los bancos.

Por otra parte, el alza record de los precios internacionales de alimentos en 2008 –y para algunos productos en 2010– se tradujo en aumentos de precios internos (dado el esquema de retenciones fijas a la exportación), agudizando la dinámica inflacionaria.

Entre los limitantes internos se destacó una disminución en la creación de empleo registrado desde 2007. Así quedó al descubierto la existencia de núcleos duros de desocupación, subempleo y trabajo informal. En segunda instancia, la problemática inflacionaria complicó la situación en varios sectores de la población. Para el segmento del mercado laboral que se desempeña en blanco, las paritarias fueron efectivas para continuar con la recuperación de los salarios, aunque a menor ritmo.

Sin embargo, no todos los trabajadores pudieron ganarle a la inflación en estos últimos años. Tanto los empleados públicos como los asalariados no registrados –que en la Argentina aún representan 36 por ciento del total– tuvieron aumentos salariales inferiores a los incrementos de precios medidos por los institutos de estadísticas provinciales, lo que significó una disminución de su poder adquisitivo. El hecho de que los salarios de los trabajadores no registrados hayan aumentado menos que los de los formales bastaría para acallar las voces que responsabilizan al trabajador por estar en situación irregular. El módulo sobre informalidad laboral de la Encuesta Permanente de Hogares, realizada en 2005 por el Indec y por la Organización Internacional del Trabajo, concluyó que en el 95 por ciento de los casos de trabajadores no registrados, la responsabilidad era del empleador.

Ahora bien, para aquellas familias que sufrían una inserción laboral precaria, se tornaba necesario establecer otras formas de ingresos más allá del salario, para evitar las situaciones de vulnerabilidad social. En este marco pudo notarse durante los últimos años un cambio en la estrategia distributiva del gobierno nacional. Mediante la recaudación de impuestos y el gasto público se profundizó el rol del Estado en la distribución secundaria del ingreso. Estas políticas estuvieron direccionadas hacia aquellos segmentos de la población más vulnerables (trabajadores informales, desocupados y jubilados). En este contexto se enmarca la implementación de la Asignación Universal por Hijo a fines de 2009, iniciativa que logró reducir en 55 por ciento la indigencia, según diferentes estudios.

En materia previsional, al destacado incremento de las jubilaciones mínimas (718 por ciento en 7 años, que descontando la inflación de las provincias significó un aumento superior al 140 por ciento en el poder de compra) se sumó la ampliación de la cobertura a más de un millón y medio de mayores de 65 años, y la recuperación de las prestaciones brindadas por el PAMI, que constituyen transferencias indirectas de ingreso hacia los jubilados.

También deben destacarse los efectos positivos de las políticas de subsidios a las tarifas del transporte y de los servicios públicos, pieza importante para permitir la recuperación de los salarios reales. Este componente redistributivo estuvo prácticamente ausente en otros países de la región, lo que permite explicar, en parte, que los salarios hayan crecido más en la Argentina.

Sin embargo, no debe perderse de vista que estas soluciones son necesarias y sólo sirven en el corto plazo. Para el largo plazo, el único camino para la inclusión social y la equitativa distribución del ingreso radica en lograr una estructura productiva diversificada, con agregación de valor y generación de puestos de trabajo de calidad. Es decir, lograr el desarrollo económico y social de nuestra Nación.

* Economista (UBA). Miembro del Departamento de Empleo y Trabajo de la Sociedad Internacional para el Desarrollo, Capítulo Buenos Aires (SID Baires).

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El turno del empresario

Por Sandra Guimenez *

El reciente hallazgo por parte de la Justicia de trabajadores que viven y trabajan en condiciones miserables y cuasi esclavistas nos trae la perentoria necesidad de debatir acerca de cómo se trabaja en algunos sectores, qué acciones y herramientas deberían profundizarse y qué actores deben asumir un rol protagónico en relación con estos ejes.

La bonanza económica que viene atravesando Argentina se evidencia en la evolución favorable de distintos indicadores económicos y sociales. En lo que refiere a los indicadores laborales, es innegable que la tasa de ocupación ostenta un comportamiento positivo y que, en consonancia, la tasa de desocupación muestra un descenso marcado y sostenido. No obstante, aún permanece un núcleo de relaciones laborales que no responde acorde con la evolución de la economía, por lo que se requieren políticas específicas que apunten a corregir las situaciones de desigualdad que comprenden a un porcentaje importante de población que se inserta laboralmente de manera muy precaria. Me refiero aquí a situaciones tan extremas como las identificadas en explotaciones agropecuarias de San Pedro y Ramallo, aunque también incluyo a ese porcentaje considerable de trabajo informal que sigue formando parte del universo del trabajo argentino.

La informalidad constituye una problemática muy compleja, difícil de identificar, puesto que en ese espacio coexisten situaciones de diverso tipo que pueden extenderse desde trabajadores de oficio que se desempeñan por su cuenta pero que en realidad dependen de un tercero que los emplea cada tanto, pasando por unidades económicas pequeñas con escaso capital y rudimentaria tecnología, hasta grandes/muy grandes empresas que para ampliar márgenes de ganancia mantienen una porción de trabajadores en forma ilegal y/o que tercerizan parte del proceso de producción hacia unidades económicas de menor tamaño que sustentan su estructura en la contratación de trabajadores fuera de los términos formales. Por lo tanto, si son difíciles de identificar y monitorear, son situaciones arduas para abordar desde el nivel de las políticas públicas y obligan, por ende, a redoblar esfuerzos.

Este núcleo de relaciones laborales informales ha experimentado en los últimos años un descenso importante, aunque no obstante aún engloba a una proporción de la población económicamente activa cercana al 36 por ciento. La rigidez y lentitud en la disminución de la informalidad puede explicarse en parte por la reticencia de ciertas grandes empresas a aceptar que llegó la hora de ceder algunos márgenes de ganancia en pos del reconocimiento y cumplimiento de derechos laborales, lo que a su vez redundará en beneficio de toda la sociedad. Radica allí un desafío mayor y exige, entonces, un tratamiento específico, sistemático y riguroso por parte de las autoridades gubernamentales, actor que cuenta con la legitimidad y las herramientas para hacerlo.

Los últimos treinta años de políticas neoliberales han cosechado en términos culturales una práctica y sentidos en los trabajadores acerca de que lo único importante es tener un trabajo sin importar las condiciones que el mismo conlleve. Principalmente durante los años noventa en los que la desocupación saltó a dos dígitos, los distintos sectores representantes del establishment batallaron intensamente acerca de este ethos negador de derechos. Quizá por ello pueda comprenderse por qué algunos jóvenes hallados en la finca en San Pedro se negaban a abandonar un trabajo a todas luces paupérrimo. No es sencillo modificar estos convencimientos tan profundamente arraigados, ello requiere una gran tarea de “alfabetización de derechos”, que si bien debiera asumirla el Estado, parece ser más claramente arena de acción de los representantes sindicales.

Finamente, quisiera destacar que la tarea titánica de promover e instalar mejores condiciones de trabajo, en todos los niveles, en todos los sectores, sin discriminación de ningún tipo, exige un Estado activo representado en el nivel de la gestión gubernamental por los agentes públicos. En relación con ello, resulta significativo continuar y profundizar acciones de concientización en el conjunto de los trabajadores estatales dirigidas a recuperar el sentido de la acción y gestión pública. El neoliberalismo destruyó el sentido de lo público y en su lugar construyó como objetivo per se una práctica individualista basada en un saber tecnocrático distanciado y enemigo de la política como herramienta de transformación. El saber es muy importante, sustancial, quién podría negarlo. Sólo que debe estar (y se debe saber que está) al servicio de un bienestar general que es importante alcanzar. He ahí otro desafío mayor para recomponer los lazos entre el Estado y la sociedad.

* Socióloga. Doctora en Ciencias Sociales-UBA. Investigadora del Instituto Gino Germani-UBA.