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El Gobierno clausuró ayer el debate interno por el decreto que crea un sistema de mediación entre deudores y acreedores para evitar los remates. En la Jefatura de Gabinete dijeron a Página/12 que la norma fue firmada y protocolizada y que será publicada hoy en el Boletín Oficial. Uno de los cambios de última hora fue que el decreto pasó de ser de necesidad y urgencia a ordinario, con lo cual no requirió la firma de todos los ministros. La corrección resultó muy conveniente para Roberto Lavagna, quien podrá decir hoy en Washington a las autoridades del FMI que se mantuvo al margen y que resistió cambios importantes a la ley de quiebras, tal como figura en el acuerdo.
La medida fue firmada en la noche de anteayer, en una reunión en la Casa Rosada de la que participaron Eduardo Duhalde, Alfredo Atanasof, Graciela Camaño y Aníbal Fernández. La versión oficial dice que Lavagna no pudo acudir porque a esa hora estaba partiendo hacia Estados Unidos. Lo cierto es que el ministro de Economía se siente más cómodo al haberse abstenido de sumar su firma al decreto, para evitar cualquier recriminación del FMI.
A pesar de los reparos que pueda poner el organismo de crédito, que en el acuerdo especificó que no deberán restringirse los derechos de los acreedores, el alcance del decreto es limitado. No suspende las ejecuciones ni obliga a las partes a acatar lo que disponga el mediador. Los ministerios de la Producción y de Trabajo deberán dictar las reglamentaciones correspondientes. Una cuestión central es si allí se dispondrá la obligatoriedad de asistir a las reuniones de conciliación, aspecto que en el decreto no queda establecido.
Lavagna considera que “la emergencia terminó” y que el Gobierno no debería inmiscuirse más en las disputas entre deudores y acreedores, dejando que estos se arreglen entre sí o, de lo contrario, que lo haga la Justicia en base a los procedimientos habituales. Duhalde, sin embargo, recibió también la presión de legisladores de su propio partido –quienes advirtieron que tomarían cartas en el asunto para frenar las ejecuciones– y de los deudores hipotecarios y empresarios pyme. De allí que optó por una salida intermedia, la del decreto, que parece no dejar conforme a nadie. Lavagna no hizo de la cuestión una pelea de mayores proporciones y se contentó con no firmar.
El decreto tiene un término de vigencia de 90 días desde la publicación de la medida en el Boletín Oficial, lo que se esperaba que ocurriera hoy. A los senadores justicialistas la norma les parece insuficiente. En una reunión de la mesa ampliada de la conducción del bloque se analizó especialmente esta cuestión. El Poder Ejecutivo les remitió el decreto para su análisis, en un intento de demostrar que asumía el problema y que no dejaba librados a los deudores a su suerte. Los legisladores resolvieron llevar adelante dos acciones. La primera es convocar a Lavagna a una reunión con el bloque el próximo martes, para discutir el tema. La segunda es que al día siguiente concurra el presidente, el vicepresidente y todo el directorio del Banco Nación, a fin de evaluar “la situación específica de cada sector” y buscar la forma “de implementar la refinanciación de las deudas que afectan a la producción”.
Los senadores del PJ esperarán a esas reuniones antes de evaluar otros pasos, como podría ser la aprobación de un proyecto de ley ya presentado el año pasado por Marcelo Guinle, Jorge Busti y Jorge Yoma, que ordena la mediación obligatoria con intervención judicial y la suspensión de los remates. Desde las asociaciones que agrupan a los deudores, en tanto, continuaron ayer las voces de protesta por la solución que ofrece el Gobierno. “La mediación voluntaria sólo es un parche y no representa la solución del problema”, sostuvo, por ejemplo, Fedecámaras. Los deudores temen que empiecen las ejecuciones, que el decreto no detiene.