El Gobierno modificó mediante un decreto de necesidad y urgencia, que saldrá publicado hoy en el Boletín Oficial, una disposición clave que figuraba en la ley que estatizó el sistema previsional. La norma ahora reformulada establecía un tope del cinco por ciento en la representación estatal en los directorios de las empresas donde el sector público posee una cuota del capital social, por lo que el Gobierno estaba muy limitado en la designación de representantes en aquellas firmas. La medida que adelantó ayer el ministro de Economía, Amado Boudou, elimina ese tope, de manera que la nueva participación estatal en el directorio de las compañías será proporcional al peso del Estado en el paquete accionario de las empresas. La medida refuerza el control público en muchas firmas que se dedican a actividades estratégicas para la economía, como servicios públicos, intermediación financiera, productos alimenticios y energéticas. El Estado podrá designar entre tres y cinco representantes en las empresas donde tiene mayor peso accionario. Desde el sector empresario auguran que la modificación va a ser judicializada por las compañías.

La eliminación del sistema de jubilación privada en 2008 no sólo terminó con un negocio millonario para las AFJP, permitió recomponer el sistema previsional con una cobertura casi total y ampliar las asignaciones familiares a través de la Asignación Universal por Hijo. También recuperó para el Estado un importante stock de ahorro con potencialidad para dirigir el proceso inversor de la economía, con lo que se constituyó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). De los más de 180 mil millones de pesos que componen el FGS, más de 21 mil millones está invertido en acciones de sociedades anónimas y 424 millones en empresas privatizadas. Esos títulos eran propiedad de las AFJP y luego pasaron a manos del Estado.

El marco normativo del sistema de AFJP limitó al 5 por ciento la participación de las compañías de jubilación privada en el derecho a voto en el directorio de las empresas en las cuales se invertía. La Ley 26.425, que eliminó el sistema privado, dispuso expresamente que seguían vigentes las limitaciones en el derecho a voto. Fue un punto que el Gobierno cedió como parte de la negociación vinculada con la estatización.

Con el decreto 441 de necesidad y urgencia que saldrá publicado hoy en el Boletín Oficial, el Estado recupera para sí la representación en el órgano de decisiones de unas 42 empresas donde están invertidos los fondos previsionales. En muchos casos esas compañías ocupan espacios centrales en la economía argentina. La mayor participación estatal está en Banco Macro (30,9 por ciento), seguido por SA San Miguel (27), Gas Natural BAN (26,6), Consultatio (26,6), Edenor (26,4), Distribuidora Gas Cuyana (26,1), Siderar (26), Telecom (25) y Transportadora Gas del Sur (23,1 por ciento). El Estado posee el 9 por ciento del Grupo Clarín.

“El Estado podrá ejercer los derechos políticos en relación con la participación accionaria. Esto permite defender adecuadamente los fondos de los trabajadores”, indicó el ministro de Economía, Amado Boudou, quien explicó que se utilizó un DNU para que los nuevos directores se incorporen rápidamente antes del comienzo de las asambleas de accionistas. En unas veinte empresas el Estado ya tenía un director. En los casos que corresponda, esa representación se ampliará. Hay otras empresas como la petroquímica Solvay Indupa, Molinos, la mayor parte de los bancos y el Grupo Clarín, que en su momento se negaron a aceptar la participación estatal; allí el cambio será más resistido. En la poderosa Siderar al Estado ahora le corresponderán tres votos sobre once.

La participación en los directorios le permite al Estado incidir en, por ejemplo, la política de distribución de dividendos, la aprobación de estados contables o decisiones de inversión. Son cuestiones que atañen al desarrollo económico nacional y también al propio sistema previsional, porque empresas como Clarín y Emdersa (holding de distribuidoras eléctricas del noroeste) no distribuyen dividendos, lo que impacta de forma negativa sobre los activos de la Anses. La capacidad de influir en la decisión de las empresas guarda relación con la forma en que se reparte la otra parte del paquete accionario. Por ejemplo, a mayor dispersión en la propiedad privada, mayor peso podría tener el Estado.

La compra de acciones de empresas por parte de las AFJP constituyó otra parte del negocio privado con fondos de los trabajadores y jubilados, ya que la adquisición de esos activos permitían a las firmas emisoras fondearse con recursos previsionales. Si bien la Anses mantiene esas inversiones, ahora lo hace ejerciendo el control que le corresponde en el directorio de la compañía. Esto le brinda más herramientas al Estado para regular la actividad privada en favor de un modelo de desarrollo diferente del de los años ’90, cuando fue concebido el sistema previsional anterior.