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La ley de impunidad que fue promulgada hace 25 años y ratificada en dos plebiscitos comienza a caducar. Caduca no sólo por anacrónica, sino porque la izquierda gobernante uruguaya finalmente cerró filas en torno de una política unívoca en favor de la verdad y la justicia. Y lo hizo en gran medida en respuesta a la presión ejercida a través de organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), los pronunciamientos de la Corte Suprema y la infatigable pelea de los organismos de derechos humanos.

El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) del pasado 24 de marzo en el caso Gelman dejó en claro que la Ley de Caducidad debe ser declarada sin valor jurídico para que las víctimas puedan obtener justicia. Y que el Estado uruguayo debe identificar y castigar a los responsables del secuestro y asesinato de María Claudia García Irureta Goyena, nuera del poeta argentino Juan Gelman y mamá de Macarena. El abogado José Luis González, ex representante del caso, destacó tras la votación de ayer el camino que allanó el organismo que depende de la OEA. “La votación de ayer en el Senado es consecuencia de una histórica discusión acerca del contenido y la vigencia de una ley que desde sus inicios fue cuestionada y ahora se ve condicionada por la resolución de la Corte Interamericana.”

Desde que la joven Macarena Gelman supo la verdad sobre su historia y se reencontró con su abuelo en el año 2000, reclaman juntos la erradicación de una norma que impide que se juzgue a los uniformados acusados de delitos de lesa humanidad. Macarena se involucró tenazmente en la búsqueda de los restos de su madre y participó activamente de la campaña por el “Sí” a la anulación de la amnistía en el plebiscito de octubre de 2009. Como en 1989, la iniciativa popular no reunió los votos suficientes (obtuvo el 47 por ciento de los sufragios) para hacer efectiva esa proclama. Ese resultado adverso podría explicarse quizá por el hecho de que el referéndum se hiciera el mismo día que la elección presidencial y, según criticaron los organismos de derechos humanos y la central PIT-CNT, no tuvo la difusión necesaria y la izquierda no se involucró como se hubiera esperado.

Días antes de la consulta, la Corte Suprema de Justicia uruguaya determinó que la Ley de Caducidad era inconstitucional para el caso del secuestro y asesinato de la militante comunista Nibia Sabalsagaray. Ya en febrero de ese año –2009– tanto el Ejecutivo como el Congreso habían declarado inconstitucional la polémica norma para el mismo caso.

Si bien el primer presidente frenteamplista Tabaré Vázquez se limitó a marcar algunos casos de violaciones a los derechos humanos por fuera de la Ley de Caducidad para que sean juzgables, no avanzó en la anulación de la norma contando con una mayoría en ambas Cámaras.

El Frente Amplio ayer usó su mayoría parlamentaria para avanzar en su promesa de aplicar una política de Estado profunda a favor del enjuiciamiento de las atrocidades de la pasada dictadura (1973-1985). Podría decirse que el contexto propició este cambio de posición de la coalición de centro-izquierda. No sorprendió que el Frente Amplio votase en soledad. Los partidos conservadores de Uruguay (Nacional y Colorado) mantuvieron su negativa a dejar sin efecto la ley.

El oficialismo logró pasar la votación en el Senado sorteando obstáculos. El proyecto interpretativo de la ley obtuvo media sanción en Diputados el año pasado, pero se trabó en la Cámara alta por la negativa de tres senadores frentistas. Uno de los tres legisladores en rebeldía es el referente tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro, autor de Memorias del calabozo, quien votó a favor pero renunció a su banca. El otro senador es Rodolfo Nin Novoa, ex vicepresidente de Tabaré Vázquez, que ayer optó por no ir a la sesión y el tercero es Jorge Saravia, el único que votó en contra.

El diputado oficialista Felipe Michelini afirmó que no hubo un cambio de actitud del Frente Amplio. “La lucha contra la impunidad no es un camino recto, es un camino de avances y retrocesos, se pensó que la etapa que se vivía en el gobierno de Tabaré no era propicia para la eliminación de la ley, se apostó por una reforma constitucional que no pudo concretarse. En el programa del FA está la erradicación de la norma. Ahora lo estamos concretando. Es una ratificación del rumbo.” Lo dice uno de los hijos de Zelmar Michelini, asesinado en mayo de 1976. En un día histórico.

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