Desde que el gobierno nacionalizó el sistema previsional, a fines de 2008, el director ejecutivo de Anses, Diego Bossio, recibió sistemáticamente propuestas informales de las empresas para recomprar sus activos. El Gobierno nunca aceptó esas operaciones frente a las perspectivas de rendimiento de las acciones de las empresas que valorizarían el Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) y permitirían acceder a recursos durante la distribución de dividendos e impulsar el financiamiento de distintos proyectos productivos. Las acciones de empresas representan alrededor del 14 por ciento de la cartera del FGS. En diciembre de 2008 valían 7744 millones y ahora 22.124 millones de pesos.

La Unión Industrial y la Asociación Empresaria Argentina remarcaron la necesidad de preservar la limitación del 5 por ciento del derecho a voto, más allá de la magnitud de la inversión, que derogó el DNU 441/11. Esa cláusula se estableció en tiempos de las AFJP para “impedir que intentaran controlar directa o indirectamente el gobierno de las sociedades objeto de sus inversiones”. Precisamente, el texto del decreto señala que esa situación no sucede con los representantes del Estado y argumenta que la limitación al ejercicio de los votos afecta la capacidad del FGS para defender la administración de sus activos.

“Las acciones no se vendieron porque no hubiera sido un buen negocio. Querían recomprar cuando la expectativa era de un aumento del 30 o 40 por ciento. Si el CEO de un fondo privado de inversión se le ocurre hacer eso lo despiden inmediatamente. No es racional venderlos cuando el precio está volando, y si los vendían en dónde invertía el FGS ese dinero, ¿en un plazo fijo que rinda el 10 por ciento? Pero la discusión es otra. La lógica de Anses es de largo plazo, no tiene posiciones de un broker del mercado”, explicó a Página/12 uno de los directores en representación del Estado en una empresa productora de insumos para la actividad industrial.

En 2009, en el marco de la crisis financiera global la economía argentina atravesó un período recesivo donde aumentó el desempleo y distintas empresas experimentaron caídas en sus ritmos de producción. No obstante, la reducida Bolsa porteña ocupó el quinto lugar entre las diez plazas bursátiles de mejor desempeño en el mundo. La mejora medida en dólares fue del 95,2 por ciento. El precio de las acciones de las empresas donde Anses posee una parte del capital social llegaron a trepar por encima del 200 por ciento en pesos, en los casos del Banco Patagonia y la autopartista Mirgor donde el FGS posee 15,2 y 21,5 por ciento de las acciones respectivamente. Los papeles de las dos firmas con mayor participación de Anses, la exportadora citrícola tucumana San Miguel (26,9) y el Banco Macro de la familia Brito (30,9), registraron mejoras en el orden del 175 por ciento. El resto de las empresas registraron comportamientos con alzas entre 30 y 100. Las acciones de Siderar, la filial local del Grupo Techint donde desconocieron la validez del DNU para rechazar la designación de entre 1 y 3 directores en representación de Anses, mejoraron 76 por ciento. El año pasado, el nivel de crecimiento económico opacó el impacto en el mercado bursátil de la crisis estructural de la UE y cualquier rastro de incertidumbre derivado del debate alrededor del uso de las reservas internacionales del Banco Central para cancelar deuda. Las acciones moderaron la velocidad pero registraron un alza del 45,2 por ciento en dólares. La acción de Molinos Río de la Plata (20), empresa agroalimentaria de la familia Pérez Companc, ascendió 155 por ciento en pesos y los papeles de Aluar (9,3) subieron 42 por ciento.

Experiencia sindical

En el reciente comunicado que emitió la UIA donde expresó su “preocupación por la injerencia estatal en la gestión empresaria”, la central fabril que encabeza el Grupo Techint expresó su perturbación ante “las declaraciones públicas de importantes dirigentes sindicales en el sentido de solicitar participación en los directorios de las empresas” ya que “no hacen más que aumentar la incertidumbre sobre el efecto final de este tipo de medidas”. En Gas Natural Ban, la presencia del “director sindical” impulsó obras de extensión en la red de gas natural hacia barrios de Moreno donde la evaluación de mercado de la empresa sobre la capacidad de cobro del servicio frustraba la inversión.

El director que representa a Anses en Gas Natural Ban es Rubén Bassi, miembro de la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas y de buena relación con la conducción de la CGT. Bassi comenzó trabajando en Gas del Estado y vivió en Santa Cruz, donde conoció a muchos de los funcionarios del gobierno nacional, incluso al ex presidente Néstor Kirchner. Anses posee el 26,69 por ciento del paquete accionario de la empresa y un solo representante. La relación entre el gobierno nacional y el resto de los dueños del paquete accionario –la española Gas Natural Fenosa y el Grupo Chemo, del empresario argentino Hugo Singman– es muy fluida aunque, al igual que sucede con la mayoría de las empresas de servicios privatizadas, el principal punto de tensión son las tarifas y los subsidios. Como la asamblea de la empresa se realizó a comienzos de abril, las partes comenzaron a dialogar la posibilidad de incorporar entre uno y dos nuevos directores en representación del Estado.

Voto acumulativo

Incluso cuando los grupos empresarios nucleados en la UIA y AEA no hubieran expresado su alarmante rechazo a la medida y compañías como Siderar no desconocieran el DNU en sus asambleas ordinarias buscando judicializar la situación, la designación de directores adicionales o nuevos en aquellas firmas donde todavía no se incorporaron representantes del Estado no será un ejercicio sencillo. Poseer el 20 por ciento de las acciones de una empresa no implica que Anses podrá nombrar directivos en esa compañía. Además en ningún caso el sector público tendrá mayoría: “Ninguna empresa sale a la Bolsa para entregar el control de su empresa. Si deciden capitalizarse se asegurarán de preservar el control de las decisiones estratégicas y se quedarán con las acciones necesarias para ejercer esa situación”, señalaron fuentes oficiales a este diario.

Por eso, la posibilidad de incorporar directores dependerá de las estrategias que desplieguen los accionistas –públicos y privados– a la hora de votar esos cargos, las clases de acciones que posea cada uno y los mecanismos establecidos en los estatutos para la elección de esos puestos. En las distintas asambleas que se celebrarán hasta fin de mes, la Anses recurrirá a la acumulación de votos, un mecanismo dispuesto en la Ley de Sociedades Comerciales para garantizar la representación de los socios minoritarios en las votaciones. La herramienta se puede utilizar para elegir hasta un tercio del directorio. En lugar de votar cada caso individual de acuerdo con el porcentaje que posee, Anses puede juntar la totalidad de los votos que tendría durante el proceso y utilizarlos en bloque. Si en la conformación de un directorio de diez personas, el Estado posee el 20 por ciento de los votos, en lugar de usar 20 votos en cada oportunidad y perder sistemáticamente ante los controlantes, será posible acumular 200 votos para desplegarlos como considere en la elección de tres directivos.

La acumulación le permite aumentar su fuerza pero no garantiza la designación de directores en todas las empresas. Así sucedió en Molinos Río de la Plata donde, a pesar de contar con el 20 por ciento del paquete accionario, el Estado no logró colocar ningún director en la asamblea del jueves pasado. La empresa no desconoció el DNU 441, sino que la estrategia desplegada por Anses no resultó suficiente para asegurar la presencia de un hombre de confianza en la empresa que fue recientemente suspendida por AFIP del registro de operadores de granos. La firma agroalimentaria perdió los beneficios fiscales del régimen por triangular sus exportaciones con paraísos fiscales y abusar de un acuerdo de doble tributación con Chile que le permitieron evadir la totalidad del pago del Impuesto a las Ganancias por esas operaciones.