Disparos en la nuca, cabeza y tórax. Un total de 19 fusilados y 69 heridos. Sucedió el 17 de abril de 1996, hace quince años, en el norte de Brasil, cuando la Policía Militar asesinó a campesinos del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). Por esa masacre se conmemora cada 17 de abril el Día Internacional de la Lucha Campesina, que ayer en Argentina tomó forma de movilizaciones, peñas y, principalmente, un proyecto de ley para frenar los desalojos campesinos. La propuesta, que llegará mañana al Congreso Nacional, fue consensuada por una multiplicidad de organizaciones de la base rural de Argentina que, por primera vez, se unieron para frenar el avance del actual modelo agropecuario.

“El modelo agrario dominante genera sistemáticamente atropellos a los derechos humanos. Proponemos otro modelo, con soberanía alimentaria, con reforma agraria integral y reconocimiento a los campesinos e indígenas como los verdaderos productores de los alimentos diversificados y sanos”, explicó el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina), que ayer conmemoró los hechos sucedidos en Brasil mediante marchas, radios abiertas e, incluso, la inauguración de una escuela campesina en Jocolí (Mendoza).

Desde hace un año, el MNCI junto al Movimiento Campesino Liberación, el Foro de la Agricultura Familiar, el Frente Nacional Campesino y la Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares debaten (y consensuaron) el proyecto de “Ley de freno a los desalojos”, que será presentado mañana en el Congreso. Se solicita detener los desalojos durante cinco años e insta a, en los tres primeros años, realizar un relevamiento de posesión y uso de tierras. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Agricultura, pero con la “participación indispensable” de las organizaciones campesinas.

La fundamentación del proyecto cuestiona el actual modelo extractivo, denuncia el avance minero y los agronegocios. Los sindica como contrarios a la vida campesina y violatorios de los derechos humanos. Se innova al proponer la tierra como un bien social y no como una mercancía. Propone una mirada integral de la problemática de tierra, que instale una política agraria con los campesinos como actores centrales, con acceso al agua, tierra, créditos y mensuras.

Ya han comprometido su apoyo los legisladores de Nuevo Encuentro y “referentes de distintos bloques”. Todas las organizaciones impulsoras tienen afinidad y apoyan, aunque con distinto nivel de adhesión, al gobierno nacional. Por lo cual confían que será bien recibida por sectores del oficialismo. Como guiño al Gobierno, las organizaciones centran sus críticas sólo en la Mesa de Enlace y las “transnacionales del agro”.

Durante el debate del proyecto de ley, en la sede de la Federación Gráfica Bonaerense, se reconoció que la extranjerización de la tierra (caballito de batalla de Federación Agraria) no es el principal problema de campesinos y pueblos originarios, ya que los desalojos y el avance sojero son protagonizados por compatriotas con aval de la clase política y el Poder Judicial. “No rechazamos debatir la extranjerización, pero la cuestión de fondo es la tierra para qué. Nosotros decimos para quien la trabaja, campesinos e indígenas, y con función social y títulos comunitarios”, explicó Horacio Britos, del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC).

La investigación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), “La tierra en Argentina”, revela que el dos por ciento de las explotaciones agropecuarias controlan la mitad de la tierra del país. Mientras que el 57 por ciento de las chacras, en su mayoría de campesinos, cuenta sólo con el tres por ciento de la tierra.

No hay cifras oficiales sobre desalojos. El MNCI afirma que en la última década fueron expulsadas del campo al menos 200 mil familias. La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) es un colectivo multidisciplinario integrado por organizaciones sociales, ONG ambientalistas, académicos y técnicos del norte del país. En octubre de 2010 presentó el relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”, contabilizó 164 conflictos, casi ocho millones de hectáreas en disputa. El 89 por ciento de los conflictos se inició a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo agroexportador, que trajo la expansión de la frontera agropecuaria en la región chaqueña”, afirma.

La soja representa 50 millones de toneladas y abarca 19 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la superficie cultivada. El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) 2010-2016 planifica aumentar la producción de soja en 20 millones de toneladas, lo que implicará avanzar sobre nuevas tierras, hoy en manos de campesinos e indígenas.