La Justicia federal rechazó un planteo de inconstitucionalidad presentado contra una resolución de la Unidad de Información Financiera, que reglamenta la obligación de los escribanos de reportar operaciones sospechosas. La presentación había sido elevada por el Colegio de Escribanos de la provincia de Córdoba. El magistrado Alejandro Sánchez denegó los planteos, considerando que el deber de comunicar al Estado transacciones susceptibles de movilizar fondos provenientes de delitos se justifica en la protección del bien común, y en modo alguno convierte a los notarios “en investigadores o policías”. “La prevención de un delito importa una finalidad de proteger el bien común, que como tal constituye una justa causa en los términos que faculta a la legislación penal a excepcionarse del secreto profesional”, expresó el juez federal Sánchez.