“Aunque cambie el Gobierno, esto queda, es un compromiso y un mandato social que se van a mantener”, dijo a Página/12 el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, en referencia a la media sanción que obtuvo el proyecto de ley contra el lavado de dinero. La iniciativa fue aprobada en Diputados con varios retoques respecto de la propuesta oficial. Sbattella asegura que fueron concesiones inevitables para lograr que la ley sea promulgada antes del 30 de junio, fecha límite que puso el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a la Argentina. De lo contrario, el país podría recibir sanciones del organismo. El funcionario explicó los alcances de la norma, la función de la UIF de ahora en adelante y lo que todavía queda para cumplir con las recomendaciones del GAFI. “Por lo pronto, quien no pueda explicar el origen de sus fondos, deberá responder ante la Justicia. No habrá más ambigüedades”, agregó.

–En primer lugar era estratégico el hecho de que, como política de Estado, se sancione una ley antilavado. No sólo es bueno porque lo pide el GAFI sino porque, en la práctica, mejora las herramientas de lucha en la Argentina. Muchas investigaciones sobre origen de fondos no terminaban en procesos judiciales por no estar tipificado el delito de lavado. Ahora se puede aplicar desde el decomiso de los fondos y multas hasta penas de tres a diez años de prisión. También es positivo que se haya votado por consenso, para evitar cuestionamientos de inconstitucionalidad. Aunque cambie el gobierno, esto queda.

–Hubo que ceder algunos puntos. Era inevitable, si se tiene en cuenta que la idea era tenerla antes de junio, en función de las exigencias de los organismos internacionales. Es lo que había que hacer para lograr la aprobación por consenso.

–No tenemos problemas en aceptar la transparencia en la elección de las conducciones. No le tenemos miedo a que se pida la elección por concurso. El control del delito en la Argentina tiene diez años y la efectividad que se logró por el lado de la Justicia y de los que tenían que accionar fue pobre. A nuestro equipo le tocó poner en marcha una presencia institucional muy fuerte, y no creo que otras administraciones tuvieran la experiencia que tenemos nosotros.

–No fue inocente. Donde no funcionan estos organismos con sentido común es porque hay negocios. El hecho de que no haya funcionado la UIF a alguien le convino, y que ahora empiece a funcionar y tenga aplicabilidad sobre la base de una legislación parece molestar a muchos. Es así que cuando empezó a funcionar, alguien dice “sáquenla del Ejecutivo, hagamos concursos y que sea dependiente del Congreso”. Eso implicaba parar lo que se estaba haciendo, y justo lo que nos había dado credibilidad ante los organismos internacionales.

–El aprovechamiento económico es claro. Hay sectores concretos que no quieren que un organismo como la UIF funcione, porque los obliga a estar en regla o dar explicaciones que nunca tuvieron que dar.

–Creo que hubo una presión para poner trabas. En muchos casos porque tienen qué esconder y en otros porque desconocen el sistema. Que se realicen reportes de operaciones sospechosas (ROS) no quiere decir que vaya preso todo el mundo. En el mundo, sólo el 5 por ciento de los ROS termina en hechos penales. Sí genera una preocupación en la gente, que los obliga a ser más cuidadosos.

–Si el delito tiene permanencia, se lo puede actualizar. Pero si está cerrado, se aplica la ley más benigna.

–Es una pena por cómo está funcionando la Justicia. La incapacidad del sistema judicial de procesar el camino del dinero nos llevó a actuar como colaboradores. Esto sucedió en delitos ya probados, como en el tema de medicamentos truchos y la efedrina. Los mismos jueces nos habilitaron como querellantes. La tipificación agiliza el accionar de la Justicia, pero la querella quedaría relativizada como un instrumento.

–Tendría que funcionar como un ministerio público fiscal de seguimiento estratégico: relevar todos los datos de carácter fiscal para la Justicia e investigar. También se puede pedir colaboración a la UIF para futuras investigaciones, pero eso dependerá de la voluntad del juez. Donde ya estamos como querellantes se mantiene o, a lo sumo, se cambia a la figura de colaboradores.

–Las multas penales administrativas las aplicamos nosotros, y después se pueden apelar en la Justicia que, en última instancia, es la que legaliza o no.

–No. Está la cuestión del financiamiento al terrorismo. Ellos tienen una visión particular sobre este tema a partir del atentado del 11-S. Ponen el foco sobre cualquier asociación que pueda tener conexiones externas. Nosotros tenemos otra legislación anterior y no se controla a organizaciones sociales internas, ni se las asocia con el terrorismo.

–Tenemos un grupo de expertos estudiando qué cosas se pueden aproximar a esa visión, pero respetando la legislación argentina.