“El trabajo es un análisis de la situación de los derechos humanos en el país y a la vez una rendición de cuentas del CELS. Creo que si se revisan los sucesivos informes se pueden ver cuántas cosas cambiaron en el país y cuántas en el CELS. Es un material valioso para reconstruir la historia de la Argentina”, dijo el periodista Horacio Verbitsky al abrir en la Feria del Libro la presentación de Informe Anual –el número 16– del organismo de derechos humanos que preside. Es que la institución que fundaron hace más de treinta años un grupo de familiares de víctimas del terrorismo de Estado se fue reconvirtiendo para abarcar las problemáticas que se planteaban en democracia. Esa mirada integral hacia el pasado, presente y futuro se refleja en el trabajo del que se habló ayer y también se expresó en el panel que lo presentó: los juicios por las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, la sanción de la ley de matrimonio igualitario y la necesidad de una política de seguridad que acabe con el autogobierno policial fueron algunos de los tópicos de la charla. En ese sentido, el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni señaló que es “urgente redefinir un modelo policial”, planteó la posibilidad de establecer “cupos carcelarios” y advirtió sobre el “retroceso de los derechos humanos en el mundo” y el nuevo avance a nivel planetario de la Doctrina de Seguridad Nacional.

Zaffaroni –“uno de los pensadores más originales de la Argentina contemporánea”, lo presentó Verbitsky– retomó la idea del presidente del CELS y dijo que los informes del organismo de derechos humanos revelan también la dinámica de la sociedad argentina que “vive una transformación que entusiasma”. Para dar cuenta de esos avances, mencionó algunos hechos que aborda el trabajo del CELS: la sanción de la ley de matrimonio igualitario (“que se dio en medio de un debate con algunos exabruptos pero no más que eso”) y los juicios contra los represores de la última dictadura. “Con todos los defectos, problemas y lentitudes propios de nuestro sistema penal, creo que no valoramos lo que significan. Hay que buscar con lupa en el mundo ejemplos de juzgamientos de crímenes de lesa humanidad realizados con legislaciones y jueces ordinarios. Y esto se hace en un momento en que estamos a contramano del mundo. Los derechos humanos en el mundo no van nada bien”, señaló.

Antes que Zaffaroni, Gastón Chillier, director del CELS, había ejemplificado con estos dos hechos las situaciones positivas que se habían llevado a cabo en 2010. También habló de la reglamentación de la Ley de Migraciones y la aprobación de la Ley de Salud Mental. Entre las deudas que aún restan saldar hizo especial hincapié en la política de seguridad y carcelaria y en la necesidad de debatir el aborto legal. Mencionó el asesinato de Mariano Ferreyra, a cuya familia el organismo representa judicialmente y la represión protagonizada por la Policía Federal y la Metropolitana en Villa Soldati, que produjo la muerte de tres personas durante los intentos de desalojo del Parque Indoamericano. Ese episodio, se señala en el informe, evidenció “la exclusión que padecen cientos de miles de familias que ven imposibilitado su acceso a derechos básicos como la alimentación, la salud, la educación o la vivienda” y puso de manifiesto “la respuesta violenta del Estado ante estas carencias”.

Zaffaroni profundizó esta problemática: “Es una aberración que la violencia policial cause la muerte de cualquier persona, pero es peor cuando eso forma parte de una ‘masacre por goteo’. Entre 1984 y 1986 tuvimos más de mil muertos en democracia en el ámbito de la Capital y el Gran Buenos Aires. Eran ejecuciones sin procesos que se registraban en los medios de comunicación como bajas de ‘enemigos en la guerra contra el crimen’”, dijo el juez recuperando un concepto de su último libro La palabra de los muertos, que presentó el lunes. En una sala Leopoldo Lugones llena con representantes de distintos organismos de derechos humanos, funcionarios judiciales y nacionales vinculados a la Justicia, la seguridad y los derechos humanos, el ministro de la Corte dijo –en sintonía con lo que predica la ministra de Seguridad, Nilda Garré– que había que abandonar el sistema policial cuya base es el intercambio de autonomía y recaudación autónoma por gobernabilidad. Dijo que “el número de presos era un problema serio” y planteó la posibilidad de regirse por un “sistema de cupos: tantas celdas tenemos, tantos presos podemos tener” (sin dejar de poner en prisión a los que cometen delitos graves). Además mencionó que “la violencia está disminuyendo” y que los jueces de menores señalan que a partir de la Asignación Universal por Hijo “ha descendido el trabajo”. Finalmente, advirtió sobre el avance internacional de la Doctrina de Seguridad Nacional y manifestó que “organismos internacionales amenazan con sanciones de carácter económico para que se sancionen leyes contrarias a la Constitución, cuando parece que lo que quieren es garantizar el monopolio del reciclaje de dinero para las organizaciones del Hemisferio Norte”.

Ana Oberlin, abogada de HIJOS y querellante en la causa en la que se condenó a Luis Patti, habló de su trabajo, en colaboración con el CELS, que terminó con la cadena perpetua al ex subcomisario y también se refirió a esta ligazón entre las viejas y nuevas violaciones a los derechos humanos. Sobre los juicios a los represores, ponderó los avances, pero marcó algunas deficiencias –presentes también en el Informe del CELS–, como la lentitud en acusar a los civiles que participaron del terrorismo de Estado y la negativa de muchos jueces a incorporar los delitos sexuales como parte de las imputaciones. “Como organismos de derechos humanos, el rol más importante que tenemos es la crítica. Tenemos que apostar a correr un poquito más el horizonte”, señaló.