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El Gobierno firmó ayer actas-acuerdo con los concesionarios de trenes urbanos por las cuales éstos se comprometen a presentar en setenta y dos horas “un programa de obras y servicios” a ejecutar en cuarenta días. El escueto documento –al menos el texto difundido ayer por la Jefatura de Gabinete– nada dice acerca de cómo se costearán esas obras, aunque da la pauta de que al Estado algo le toca: se ratifica un plan de emergencia aprobado el año pasado, cuya fuente de financiamiento principal es hasta ahora el Presupuesto Nacional. Se trata de un cierre bastante light de la polémica desatada por Alfredo Atanasof en torno del deterioro de los ferrocarriles de pasajeros.
La firma fue presidida por el jefe de ministros y el titular de Producción, Aníbal Fernández, que rubricaron tantos documentos como empresas concesionarias operan las líneas urbanas. El texto común es lo suficientemente críptico y ambiguo como para dar lugar a interpretaciones de lo más diversas. “Atento a las deficiencias detectadas en las distintas inspecciones realizadas, deberá entregar (...) un programa de obras y servicios donde se especifiquen los parámetros técnicos, operativos y plazos de cumplimiento para su evaluación (...) con informes semanales de cumplimiento”, sostiene el documento de una carilla.
Ese programa debería garantizar “la seguridad, frecuencia y confort mínimo del servicio”, aunque cada empresa resolverá cómo. Las actas- acuerdo aluden como base para planificar esas deseadas mejoras a los contratos de concesión y a la resolución 115 de Producción. Esa norma aprobaba los “planes de emergencia” que las empresas habían elevado al Gobierno meses atrás y cuyas fuentes de financiamiento podrían ser dos: un fondo integrado por un excedente tarifario –millonario botín que administran las empresas– y, básicamente, fondos del presupuesto para subsidiar las obras ferroviarias, fundamentalmente en vías.
Esa misma resolución prevé adecuar el régimen de penalidades a los nuevos diagramas de obras y servicios impuesto por la emergencia ferroviaria y ratifica el derecho de las empresas a recibir una compensación si sus costos se disparan por encima de un 6 por ciento, dos prerrogativas para las empresas de las que nadie ayer habló en público.
Según el marco legal vigente, las mejoras relativas al confort no podrían dar lugar a una subvención adicional. Pero las imprescindibles obras en infraestructura y las horas de trabajo de personal de seguridad sí. Las concesionarias ayer iban un poco más allá y aseguraban que el Estado ayer también se comprometió a pagarles la deuda que cada una de ellas le reclama por subvención impaga y otros conceptos. Esta versión fue desmentida ante este diario tanto por Producción como por Jefatura, donde negaron que el acta hubiera incluido algún anexo con un acuerdo sobre este punto.
No se descarta que los incumplimientos detectados den lugar a sanciones, pero se reserva la eventual penalización a los “organismos jurídicos competentes”. Sin embargo, el sólo gesto público de amenazar con alguna pena sirvió para que algunas empresas hicieran en los últimos días lo que dejaron de hacer hace tiempo. Según asegura Metropolitano, reparó todos los asientos de la línea del Roca y se ocupó de reponer diez mil ventanillas. Alguien en el Gobierno –aún no está claro quién– deberá constatar que esto sea verdad.