El Frente Nacional Campesino concluyó ayer su marcha por distintos puntos del país con un acto en la Plaza del Congreso y una posterior conferencia de prensa, donde reclamaron la sanción de una ley que ponga freno a los desalojos en las provincias. Después de recorrer 1700 kilómetros a través de ciudades del Chaco, Formosa, Salta, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, las organizaciones campesinas manifestaron que “otro campo es posible”. “Caminamos para denunciar los desalojos. Tenemos que dar el debate por el uso y tenencia de la tierra. Este no debe ser sólo un planteo de los agricultores familiares, hay que abrir el juego al resto de la sociedad, con la misma metodología que se utilizó para debatir la ley de servicios audiovisuales”, manifestó Benigno López, del Movimiento Campesino de Formosa (Mocafor), durante la conferencia de prensa realizada en la sede de la CTA.

A pocos días de que la Sociedad Rural inicie nuevamente su clásica exposición, los representantes el FNC concluyeron su marcha nacional en la ciudad de Buenos Aires para mostrarse como la cara opuesta de la Mesa de Enlace. “El acceso a la tierra, su uso social, debe ser un derecho humano. No es menor estar en la Capital. La batalla legislativa no nos es ajena, ya que el hermano de (Mauricio) Macri, Gianfranco, está desalojando campesinos en Salta”, sostuvo José Luis Livolti, del Movimiento Campesino de Liberación.

Los reclamos de los campesinos y pueblos originarios son múltiples y se repiten a lo largo y a lo ancho del país. El principal denominador común es que son desalojados por no tener títulos de propiedad, a pesar de que en la mayoría de los casos viven y trabajan la tierra que habitan desde hace más de veinte años. “Esta es la situación que nos llena de inestabilidad y de inseguridad, ya que sabemos que en cualquier momento nos podrán correr de nuestro lugar de origen”, contó a Página/12 Pablo Orellana, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase).

–¿Cuál es el rol de la Justicia y el Estado en los desalojos? –preguntó este diario.

–La Justicia es la principal cómplice de esta situación. Son los jueces los que autorizan los desalojos. En Santiago siguen los mismos que participaron de la dictadura. Es más, el abogado Pedro Simón, que trabajó para empresarios que buscaron desalojarnos, hoy es fiscal general de la provincia, nombrado por el gobernador Gerardo Zamora –denunció Orellana.

Según los datos preliminares de un informe que está elaborando la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), en todo el país existirían más de 1000 conflictos relacionados con la posesión de la tierra. En Formosa, por ejemplo, un solo campo afecta a casi 1300 familias. Otro caso paradigmático ocurre en Salta. Entre 2004 y 2010, la jueza Ana María de Feudis llevó adelante 75 causas contra campesinos. De ese total, resolvió 32 casos, todos en contra de los pequeños productores. El resto de las causas continúan en proceso.

Frente a este escenario, las múltiples organizaciones que nuclean al FNC, muchas veces críticas entre sí, concretaron una propuesta legislativa para frenar los desalojos en todo el país, con el objetivo de que el Estado encare la regulación dominial de la tierra. La iniciativa será presentada por Nuevo Encuentro y las organizaciones apuestan a tratarla en paralelo al proyecto que busca regular la tenencia de la tierra en manos extranjeras.

“Tenemos que trabajar en forma articulada con el Estado. Es cuestión de voluntad política. Apostamos a una nueva agricultura, distinta al modelo de concentración, en el marco de un modelo nacional y popular, pero no estamos dispuestos a tragarnos todos los sapos”, concluyó el dirigente del Mocafor.

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