“Es un avance importante en dos sentidos. Uno es que el Estado se hace cargo de esa realidad que incluye no sólo a mujeres, no sólo a la sujeta mujer, sino también a las travestis como principales víctimas, como lo son de la prostitución, la explotación y la trata”, evaluó la dirigente Lohana Berkins, presidenta de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual (Alitt) y de la cooperativa travesti Nadia Echazú. En segunda instancia, “el avance es algo que la misma Presidenta dijo: correrle el velo de hipocresía a esta sociedad”. “Es claro que muchas veces los mismos medios que intentan imponernos una moral, o se alían con los sectores más conservadores y fundamentalistas de este país, a su vez lucran con esta realidad. Y todos sabemos que no se puede estar en la procesión, dar la misa y ser santo”.

La explotación sexual, sostuvo Berkins, es “indudablemente una de las formas de esclavitud de este siglo” y algunos reclamos que pretenden desestimar eso “tapan que la real cuestión detrás es el negociado que implica. Nunca he visto una mujer o una travesti que de la prostitución se haya hecho millonaria”. Sobre eso, cree, “se abrió la puerta al debate”. “Fue decir ‘esta realidad existe, ¿qué hacemos?’. Es un punto de quiebre de la idea de ciudadanía y de los derechos humanos. Y también permite otro debate, porque para censurar, controlar, siempre se usan discursos moralistas, pero no se debate el fondo, que es el dinero.”