El Gobierno de la Ciudad adjudicó, a través de una licitación pública, el servicio de seguridad privada mediante la instalación de alarmas y cámaras de video en 330 edificios de la administración porteña, entre ellas 90 escuelas y jardines de infantes de gestión pública. La vigilancia también alcanza a tres ex centros clandestinos de detención, donde hoy funcionan espacios para la memoria. La licitación, que incluye también la presencia de personal de vigilancia, ya está siendo investigada por la Defensoría del Pueblo, sobre todo en lo que respecta a la instalación de cámaras en establecimientos escolares. El contrato será por cuatro años y representará para la Ciudad un gasto de medio millón de pesos.

Las cámaras instaladas en los edificios se suman a las que ya funcionan en la vía pública, cuyas imágenes habían sido cedidas por el gobierno de Mauricio Macri a los canales de televisión, según publicó días atrás Página/12. De esta manera, se multiplican los ojos que vigilan, en los espacios públicos, tanto a los potenciales autores de delitos como a los ciudadanos comunes.

De acuerdo con la licitación pública 298/11, los edificios públicos bajo vigilancia se dividen en cuatro zonas, que fueron adjudicadas a otras tantas empresas o uniones transitorias de empresas (UTE). Las mismas deben construir e instalar un centro de monitoreo que estará ubicado en la Dirección de Custodia y Seguridad de Bienes del gobierno porteño, en Venezuela 1445.

La licitación fue adjudicada el 29 de abril de este año, mediante un decreto firmado por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y su ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro. Pero había generado preocupación en algunas escuelas tiempo antes, cuando funcionarios del gobierno porteño y representantes de las empresas preadjudicatarias se presentaron para revisar las instalaciones eléctricas, con vistas a la instalación de los equipos. La sorpresa de directivos y docentes indicaría que el servicio no fue pedido al menos por esos sectores. Tal situación motivó la intervención de la Defensoría del Pueblo. Ayer, ante una consulta de este diario, el Ministerio de Educación prefirió no opinar sobre el tema, por lo que se desconoce si desde esa cartera se reclamó el servicio.

Desde el Ministerio de Seguridad porteño sostienen que las cámaras, en las escuelas, no estarán encendidas durante el horario de clases, sino después de la finalización de las mismas. Las imágenes detectadas permanecerán grabadas al menos durante 30 días, de acuerdo con el contrato.

Los “objetivos” distribuidos en las cuatro zonas son 330. Entre ellos hay 32 hospitales, 24 centros de salud (Cesac) y 90 edificios escolares, incluidos 17 jardines y otras tantas escuelas secundarias. Entre ellas se encuentran el Otto Krause, el Fernando Fader, el Instituto Bernasconi y el Lenguas Vivas. Las cámaras también serán instaladas en el Teatro Colón, en los cementerios de Chacarita y Recoleta y en el Parque Indoamericano

También serán vigilados con cámaras tres ex centros clandestinos de detención: Automotores Orletti, Club Atlético y El Olimpo, administrados por Instituto Espacio para la Memoria de la Ciudad. “Si se utilizan las cámaras para preservar el lugar, la medida es correcta. Pero hay que tener cuidado de que no se utilicen para hacer Inteligencia, ya que son lugares donde se suelen realizar asambleas de vecinos y organizaciones sociales”, advirtió la legisladora Gabriela Alegre (Frente para la Victoria).

De acuerdo con el pliego, los sistemas de vigilancia electrónica comprenderán “dispositivos, censores, paneles y equipos auxiliares” que transmitirán las señales de alarma a los centros de monitoreo. También se integrará un Circuito Cerrado de Televisión “para la verificación de alarmas”, con “capacidad de grabación y guarda de las imágenes durante 30 días como mínimo”.

En cuanto al personal de seguridad, prestarán servicios en los objetivos asignados “durante las 24 horas, todos los días, incluyendo sábados, domingos y feriados”. El pliego aclara que también “deberán prestar servicios en determinados objetivos por fuera del ámbito geográfico de la ciudad de Buenos Aires”, que no se precisaron.

“Esto demuestra que la Ciudad no necesita de la Policía Federal para cuidar los edificios, puede hacerlo con la Metropolitana o con seguridad privada”, comentó la diputada María José Lubertino (FpV). La legisladora –quien el año pasado había presentado un pedido de informes cuestionando una anterior licitación, que parecía dirigida a beneficiar a una mega-empresa de seguridad– resaltó que el gobierno haya “establecido cuatro zonas y diera participación a empresas que ya venían trabajando en la ciudad”. La adjudicación benefició a Líderes Consultores de Seguridad (Zona 1), Murata SA-Yusion SRL-Verini Security SA (Zona 2), Comahue (Zona 4) y Briefing Security SA-Impes SRL (Zona 4).