La política agropecuaria busca espacio para el debate. Ayer, convocado por la Asociación de Dirigentes de Empresa, un significativo núcleo de empresarios del campo y la agroindustria, especialistas, consultores, algún legislador y profesionales interesados en el tema participaron de una agitada discusión sobre cuáles deberían ser los ejes y elementos que conformen una política de Estado para el campo. Las críticas llovían sobre la gestión kirchnerista en la materia, pero de a poco fueron desplazándose hasta abarcar “los últimos setenta años de políticas sectoriales”. Quienes arrancaron defendiendo que Argentina debía desarrollar su política agropecuaria en base a “aprovechar las oportunidades que hoy brinda el mercado mundial”, debieron defender cómo se hace para que esta prioridad puesta en el destino exportador no termine dejando a un costado el principio de la soberanía alimentaria. Quienes sostenían a rajatabla que el gobierno actual “está acabando con la producción por sus distorsionantes políticas intervencionistas” debieron compatibilizar con quienes advirtieron sobre las cifras record de producción de granos y de rentabilidad en muchos sectores. El sector privado, por ahora, sigue privilegiando los ámbitos propios para dar este tipo de discusión y elude la convocatoria a debatir el Plan Estratégico Agroalimentario lanzado por el gobierno nacional.

El disparador de la discusión, a la que asistieron casi un centenar de personalidades del sector, fue un documento elaborado por cuatro ex secretarios de Agricultura (entre 1983 y 2002) como “aportes para una política de Estado” en materia agroindustrial. Pese a un diagnóstico que condena casi todas las prácticas del actual gobierno en el sector, los autores reconocieron el avance de la producción en los últimos ocho años. “La agricultura creció en los últimos años de manera asombrosa”, indicó Lucio Reca, titular del área entre 1983 y 1986 (gobierno de Raúl Alfonsín), aunque estimó que “podría haber sido mayor el crecimiento con políticas favorables al sector”.

Los autores del trabajo y varios dirigentes presentes se defendieron de las imputaciones que se hicieron hacia un modelo sojero de desarrollo, que produjo concentración de la propiedad, un monocultivo que desplazó a sectores productivos del interior y expulsó al pequeño productor. “Lo que favoreció la concentración fue la política del Gobierno, que les puso freno a los precios agrícolas y dejó fuera del juego al pequeño productor”, lanzó Hugo Biolcati, presidente de Sociedad Rural. “La política de desacople entre precios de exportación y para el mercado interno, sin poner en duda su loable intención, ha demostrado su absoluto fracaso”, opinó, iniciando una intervención marcada por su reclamo de eliminación de “trabas a la comercialización”. Este planteo fue retomado por varios de los participantes siguientes, que abonaron la idea de eliminar las retenciones a las exportaciones y las distintas formas de intervención estatal en los mercados. “No se pueden alcanzar las metas de producción de carnes y leche para resolver la soberanía alimentaria si el productor no tiene precios internacionales”, se escuchó.

Rafael Delpech, ex secretario del período de transición de Eduardo Duhalde, opinó que “todavía la Nación tiene la visión antigua de ciudad y campo por separado”, en línea con lo planteado en el documento conjunto. “Una visión arcaica, según la cual el campo es un sector no tecnificado y limitado a generar rentas naturales”, según el texto escrito. Este enfoque fue cuestionado en el debate, bajo el argumento de que “nadie piensa así, sino que lo que se cuestiona es un modelo sojero de desarrollo, que favoreció el monocultivo, la concentración en manos de pools de siembra y capitales financieros especulativos, la primarización de las exportaciones y la acumulación de rentas en manos de las grandes exportadoras”. Este concepto fue refutado por varios participantes que defendieron la acción de contratistas para las tareas de siembra y cosecha, “facilitándole” la tarea al pequeño productor sin maquinaria propia. Biolcati también defendió a los pools de siembra “como un mecanismo de financiación en los pueblos del interior, en el que ponen plata todos: el médico, el abogado, el comerciante...”.

Jesús Leguiza, que también ocupó el área al final del mandato de Fernando de la Rúa, en el recordado año 2001, subrayó que “no estamos para rescatar a los ’90, ni lo vamos a hacer, pero la institucionalidad que tuvo el campo en ese momento fue importante”. El documento que recoge la propuesta de los cuatro ex secretarios (los mencionados más el radical Marcelo Regúnaga) tiene una marcada tendencia a sustentarse sobre los paradigmas de las políticas neoliberales de los ’90. “¿Los precios internacionales y la demanda externa van a ser los determinantes del modelo productivo?”, se los consultó, ante la insistencia del trabajo en cuestionar que Argentina esté dejando pasar oportunidades para aprovechar las condiciones del mercado mundial. Sin libertad de precios, insistieron los autores, no habrá expansión de la producción.