La cúpula patronal volvió a cuestionar el porcentaje de aumento del salario mínimo vital y móvil que piden en conjunto la CGT y la CTA, por considerar que “está muy por encima de la inflación”. El titular de la Unión Industrial Argentina, José de Mendiguren, opinó que “no hay un atraso para arrancar con la cifra que planteó el sector sindical”, que supondría llevar el salario mínimo de 1840 a 2600 pesos. Ello representa un aumento del 41 por ciento, reclamo que será presentado en el Consejo del Salario en forma conjunta por las dos centrales sindicales, según reafirmó ayer el líder de la CTA, Hugo Yasky. Desde el Gobierno estarían conformes con un acuerdo que esté en línea con la suba salarial promedio negociada en paritarias, entre el 26 y el 28 por ciento.

El salario mínimo en la Argentina se mantuvo congelado durante la década de los ’90 en 200 pesos, equivalentes a 200 dólares. A partir de fines de 2003 fue elevado sucesivas veces por decreto, y en 2005 volvió a funcionar el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, integrado por representantes de los trabajadores, empresarios y funcionarios del gobierno nacional. En total fueron 18 subas hasta llegar al nivel actual, de 1840 pesos (438 dólares), lo que implica un incremento de 820 por ciento. Representa una suba algo menor que el doble de la verificada por el salario promedio de los ocupados en la economía local, y muy superior a la inflación desde la salida de la convertibilidad. Medido en dólares, el incremento es de 119 por ciento.

Antes de fin de mes, el Ministerio de Trabajo convocará a una nueva reunión del Consejo, según prometió su titular, Carlos Tomada. El secretario de la CGT, Hugo Moyano, anticipó que pedirá llevar el mínimo a 2600 pesos. “Los empresarios ganaron plata, y mucha. Los 2600 pesos son el piso, y hasta podemos llegar a ser criticados por quedarnos cortos”, señaló el dirigente judicial Julio Piumato. La CTA comparte el reclamo: “Ya tuvimos dos reuniones con Moyano y la CGT, y acordamos unificar en torno de 2600 pesos y llevar una postura común a la próxima reunión del Consejo del Salario, apuntando a dar más solidez y fortaleza al reclamo”, manifestó Yasky.

“Siempre que se inicia una negociación, el sindicalismo pide una cifra y el empresario otra y luego se llega a un acuerdo”, bajó el tono De Mendiguren. Sin embargo, se ocupó de marcar la cancha: “Cuando se habla de 41 por ciento, se está muy por encima de la inflación”. Tanto por el lado de la dirigencia patronal como desde el costado sindical hay una tendencia a desechar o justificar reclamos salariales en función de la inflación. Eso deslegitima la importancia de la suba en el salario real (es decir que el salario crezca por encima de la inflación) para mejorar la distribución del ingreso e incluso como pilar del crecimiento de la economía, sustentado sobre la demanda interna.

El presidente de la UIA indicó que “salarios de 2600 pesos ya se abonan en la industria”. Aun así, existe mucha heterogeneidad entre distintos sectores, donde conviven trabajadores registrados e informales. Según estimaciones de especialistas, el alza en el salario mínimo tendría impacto sobre un tercio del total de los asalariados. En el caso de los trabajadores “en negro”, el alza ejerce influencia sobre la relación de fuerzas entre el trabajador y el empresario, pero no constituye un monto efectivo a cobrar por el asalariado. Uno de los argumentos que presentan los empresarios es que la suba podría generar la reapertura de paritarias. “Muchos sindicatos han pautado aumentos progresivos a lo largo del 2011, con ajustes de hasta tres o cuatro etapas, y algunos hasta definieron salarios hasta entrado el 2012. Por ello no se puede plantear que la reapertura será una norma general”, descartó Yasky. Desde el Ministerio de Trabajo indican que como en diversas negociaciones colectivas se priorizó la suma fija para beneficiar a los sueldos bajos, la brecha entre el salario mínimo y el piso de los gremios se amplió, lo que resta posibilidades para que un aumento en el mínimo derive en una reapertura de paritarias.