La Comisión Interpoderes, creada para evaluar y agilizar la marcha de los juicios por crímenes de la última dictadura –integrada por fiscales, jueces, secretarios, diputados, senadores y funcionarios del Ministerio de Justicia–, resolvió exhortar a los magistrados y tribunales de todo el país a dar la máxima celeridad al trámite de esos expedientes y los procesos orales correspondientes. La decisión del grupo de trabajo responde a que si bien ha habido avances generales importantes en el juzgamiento de los represores, persisten problemas operativos. En ciertas provincias aún no se ha llegado a hacer ni un juicio oral, como en Jujuy, y priman criterios que fragmentan las investigaciones, lo que no sólo genera demoras, sino problemas como la exposición de los testigos a tener que declarar varias veces sobre lo mismo, y ante los acusados. A eso se suman problemas burocráticos que llevan a que una vez que se llega a los juicios orales, las audiencias se prolonguen por más de un año, como el de los crímenes cometidos en la ESMA.

El texto que aprobó la comisión en su reunión del miércoles último por unanimidad se difundirá en los próximos días. Será su primera manifestación de este tenor desde que comenzó a funcionar en 2008, cuando una acordada de la Corte Suprema planteó la “preocupación por la demora” en las causas pendientes sobre violaciones a los derechos humanos durante le terrorismo de Estado, y convocó a todos los poderes a “extremar los recaudos” para resolverlas. El borrador, sujeto a retoques menores, al que tuvo acceso Página/12, advierte que es “imprescindible que los magistrados a cargo de los juicios de lesa humanidad encuentren aquellas soluciones que permitan agilizar las investigaciones en curso y el inicio de los juicios orales y públicos que aún no tienen fecha de debate, procurando incluir en ellos la mayor cantidad de casos posibles a los efectos de evitar su atomización, el desgaste de las partes, de los testigos y el inútil dispendio jurisdiccional en los órganos que tienen a su cargo la administración de Justicia”.

La comisión está integrada por el secretario general de la Corte, Alfredo Kraut; los fiscales Pablo Parenti y Jorge Auat, de la Unidad de la Procuración General que monitorea las causas por violación a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado; el camarista Mario Fera, presidente del Consejo de la Magistratura, y el secretario de derechos humanos de ese organismo, Pablo Vassel; la presidenta de la Cámara de Casación Penal, Angela Ledesma, y el secretario de ese tribunal, Javier Carbajo; el juez federal Daniel Rafecas; la senadora Blanca Osuna; el diputado Luis Cigogna; el secretario de Justicia, Julián Alvarez; y el subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena.

El grupo se reúne por lo general cada tres semanas y además de plantear políticas generales intenta resolver problemas puntuales, desde conseguir salas de audiencia hasta lograr la integración de tribunales donde los jueces han sido recusados o se han excusado de intervenir, algo frecuente en el interior del país. A la última reunión, donde se votó el texto que pronto se pondría en circulación –posiblemente desde la Corte– estuvieron invitados representantes de H.I.J.O.S.

La exhortación dirigida a los jueces para que impulsen “con la mayor celeridad posible el trámite de los juicios” por crímenes de lesa humanidad plantea la existencia de algunas dificultades prácticas u operativas que dificultan el desarrollo de los juicios en un plazo razonable, lo que desvirtúa –sugiere– los objetivos que la propia Corte planteó como una política de Estado y frente a los cuales el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, más de una vez ha dicho que “no hay marcha atrás” sino todo lo contrario. En esa línea, la comisión advertirá sobre “la excesiva prolongación y retraso que se ha relevado en cuanto a las horas de debate en algunas causas” y pediría a los jueces de los tribunales orales que comparten salas de audiencia que “coordinen de mejor modo la ocupación de dichas salas” para “optimizar su empleo” y “avanzar más rápidamente con las agendas de los debates programados”.

Puertas adentro de las reuniones de la Comisión Interpoderes el juicio por los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), a cargo del Tribunal Oral Federal N° 5 (TOF5), ha sido blanco de múltiples reproches. De por sí, la investigación llegó a la etapa de juicio oral fragmentada en más de cuatro tramos. Desde el 10 de diciembre de 2009 se está juzgando el primero de ellos, referido a 85 hechos y en el que hay 18 imputados en el banquillo, entre ellos los represores de la Marina Alfredo Astiz y Jorge “Tigre” Acosta. En los pasillos de tribunales es frecuente escuchar a las partes quejarse porque los jueces llegan una o dos horas después del horario que ponen como inicio y hacen cuartos intermedios de tres horas. Además, suelen citar a todos los testigos a la misma hora, con lo cual es frecuente que algunos de ellos pasen el día entero esperando en el edificio de Comodoro Py 2002. Se estima que recién a mediados de octubre se conocerá la sentencia. Y luego vendrá el próximo juicio sobre la ESMA, donde se juzgarán 150 casos y también habrá unos 18 imputados.

Más allá de ese caso “problemático” paradigmático porteño, una situación que con frecuencia preocupa en la comisión, porque suele obstaculizar los juicios en algunas provincias –y esto se ha visto en especial en las del Noroeste–, es la división de las causas a tal punto que en algunas se investiga un único caso y un único imputado. Teniendo en cuenta que los imputados suelen ser decenas y los hechos cientos, se vislumbra como casi imposible la tarea de terminar juzgamiento alguno con esa técnica.

Una de las situaciones denunciadas por Auat y Parenti en abril de este año es la de los juicios en Jujuy. La “cronicidad” de los trámites judiciales en esa provincia, advirtieron los fiscales, “resulta absolutamente inadmisible”. “La existencia de una única causa elevada a juicio oral, cuyo objeto es la participación de un solo imputado (Luciano Benjamín Menéndez) respecto de una sola víctima, y la escasa cantidad de procesados (diez), cuando existen desde hace años requerimientos fiscales con relación a la participación de, al menos, 70 imputados (sin incluir los aproximadamente 20 que ya han fallecido) en los casos de 158 víctimas, revela claramente la irritante inacción del juzgado a cargo”, en este caso es del juez Carlos Olivera Pastor. Advirtieron sobre una “deliberada obstrucción al avance de los procesos” basada en la “continua desmembración” de “las causas”, “pese a los reiterados planteos de acumulación efectuados desde la fiscalía” con el fin de “implementar estrategias de investigación razonables y funcionales al principio básico de celeridad procesal”.

La situación de los testigos y víctimas, que a veces se ven obligados a relatar y revivir el horror más de una vez y frente a los represores, es un tema de inquietud permanente en la comisión. Al igual que el modo en que son tratados por los tribunales y la protección que reciben. También preocupan que el paso del tiempo haga que los imputados vayan falleciendo o recuperando la libertad porque algún tribunal, como la Cámara de Casación, considera que pasó demasiado tiempo sin que llegara a juicio oral. Y eso que la Casación todavía sigue funcionando como embudo en ciertos casos: desde febrero de 2009, por ejemplo, tienen la causa del Regimiento 9 de Corrientes. Se señalan demoras en La Rioja y Catamarca, donde no hubo juicios –explican–, en algunos casos en Salta, en Córdoba y en Santiago del Estero.