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Por Claudio Lozano *

El Ministerio de Trabajo convocó a las cámaras empresarias y a las organizaciones sindicales a discutir salarios. Corresponde, por lo tanto, puntualizar algunas cuestiones que resultan esenciales a los efectos de guiar un abordaje adecuado de la citada problemática.
1. Estamos discutiendo la situación salarial en un país donde las transformaciones impuestas a partir de 1976 han colocado al salario real en valores que son un 54 por ciento más bajos que en 1975.
2. Estamos discutiendo salarios luego de la implementación de la “salida devaluacionista de la Convertibilidad”, lo cual supuso una caída en promedio del 24 por ciento durante el 2002.
3. Estamos discutiendo salarios en una sociedad donde el salario promedio se ubica en 524 pesos pero donde a la vez se observan profundas diferencias según sexo (las mujeres ganan un 32 por ciento menos que el promedio), región (en la Ciudad de Buenos Aires el promedio es un 74 por ciento más alto –$914– y en Corrientes es un 42 más bajo –$307–), calidad del empleo (los no registrados perciben un 42 por ciento menos).
4. Estamos discutiendo salarios en una sociedad donde el 52,3 por ciento de los asalariados gana menos de 400 pesos y el 73,9 gana menos de 600.
5. Estamos discutiendo salarios en una sociedad con 21 millones de argentinos bajo la línea de pobreza y donde el 70 por ciento de los hogares tiene ingresos inferiores a los 800 pesos.
6. Estamos discutiendo salarios bajo un marco donde el desempleo se ubica en torno del 21 por ciento, la clandestinidad laboral asciende al 48 y la sobreocupación al 42.
En el contexto expuesto lo primero que hay que reconocer es:
u En la sociedad argentina el neoliberalismo ha roto la dinámica que en el pasado había transformado al salario en el mecanismo de inclusión social. Hoy el incremento salarial no lo reciben ni los desocupados, ni los clandestinos, ni los trabajadores estatales, ni los trabajadores registrados de las pequeñas y medianas empresas. Dada la estructura ocupacional actual, como máximo el 19 por ciento de la fuerza de trabajo alcanza a percibir los incrementos salariales.
u Reconstruir la lógica del salario implica poner en marcha una estrategia distributiva orientada a ampliar el consumo popular en base a la inclusión de la población en situación de pobreza. En este sentido cabe consignar que con el 5 por ciento del PBI estaríamos en condiciones de eliminar la pobreza en la Argentina. Por lo tanto, el salario debe discutirse en el marco de una estrategia general de redistribución del ingreso y no como variable aislada de la misma.
u Sólo sobre la base de un Estado que regule de otra manera la economía y la sociedad, que potencie y facilite la organización de la comunidad para que ésta pueda en todos los terrenos disputar la distribución y que discipline el comportamiento rentista del capital concentrado, es que estaremos en condiciones de discutir los salarios. De lo contrario, la dinámica hoy presente en el mercado laboral define que la discusión salarial no sólo es restringida sino que, en la mayoría de los casos, remite al sólo objetivo de evitar una caída mayor que la ya existente.
En este marco proponemos:
a. A los efectos de promover una nueva regulación social, planteamos reemplazar lo que hoy son las propuestas separadas de Consejo del Salario y el Consejo Consultivo para el Plan Jefas y Jefes, por un ámbito común, plural y participativo cuyo objetivo sea garantizar un ingreso social básico para los hogares argentinos. Ingreso cuyo nivel debe situarse por encima del valor actual de la canasta de pobreza, es decir, 727,88 pesos.
b. Este objetivo implica poner en el centro la cuestión del “nivel de vida de los hogares” y abrir la discusión sobre las distintas formas de percepción de ingresos que éstos tienen hoy o que debieran tener. A saber:
Seguro para los desocupados; asignación para los menores de 18 años; asignación para los mayores sin cobertura previsional; salarios;jubilaciones y pensiones; acceso y costo de la prestación de los distintos servicios públicos. Se trata, por lo tanto, de discutir una “política general de ingresos”.

* Secretario de Estudios y Formación de la CTA.