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El peronismo mostró, una vez más, que cuando tiene voluntad de avanzar no tiene freno posible. También puso en evidencia que, como pocos partidos políticos, no desperdicia ninguna jugada que pueda darle réditos electorales. En tiempo record, no más de 10 minutos, el Senado convirtió en ley el proyecto aprobado a última hora de anoche en la Cámara de Diputados que destina nuevos recursos para financiar el Fondo del Incentivo Docente. De esta manera el Gobierno podrá exhibir su voluntad de saldar un año y medio de deuda con los docentes y de paso apuntalar a sus candidatos en los comicios nacionales y en los bonaerenses. “La campaña de Graciela Giannettasio cuesta mil palos”, exclamó sorprendido el pampeano Carlos Verna en la reunión de la bancada justicialista previa a la fugaz sesión. A pesar de que Economía había respaldado la norma, el gesto no logró convencer a los gremios docentes, que mantienen la convocatoria a un paro nacional y exigen garantías del cumplimiento de la norma para revisar el anunciado retorno de la Carpa Blanca.
Antes de bajar al recinto, la bancada peronista convocó a los suyos para “recomendarles” la pronta aprobación de la iniciativa que anteanoche habían esperado insistentemente que fuera aprobada en la Cámara baja. “La presión del bloque fue muy fuerte”, reconoció un senador del oficialismo a Página/12. “Voten ahora, voten”, reseñó el legislador que fue el mandato de las autoridades del peronismo en la Cámara alta.
Las pocas voces críticas reparaban en que “no estaban garantizados los recursos para hacer frente a los nuevos compromisos”. Consultado por este diario, el senador santafesino Oscar Lamberto opinó que “es muy difícil que aumente la recaudación del impuesto al cheque. Tendría que ser muy fuerte la reactivación económica para que se incremente lo recaudado”.
Los que pusieron algunas objeciones en la reunión del bloque del PJ, precisamente resaltaron que no estaban asegurados los fondos necesarios para cumplir con la norma. Contrariamente al mensaje que transmiten los autores de la iniciativa, un destacado parlamentario del oficialismo le señaló a Página/12 que “en lo que va de este año el impuesto al cheque ronda en lo previsto en el Presupuesto”.
Esta misma mirada es la que llevó a que algunos legisladores peronistas sostuvieran que “se le está trasladando otro tema al gobierno que viene”. Palabras más, palabras menos, ésa fue la crítica que un parlamentario del partido de gobierno hizo ante este diario: “Al próximo gobierno le estamos pasando el tema de las tarifas, el de la deuda externa, el de la redolarización de algunos depósitos y ahora le sumamos el docente”. Aunque tuvo formato de pregunta, su conclusión fue contundente: “¿Acaso queremos que el próximo gobierno dure dos meses?”, se interrogó.
La chicharra que llamaba a sesión dejó de sonar puntualmente a las 13. En ese momento 40 senadores se habían sentado en el recinto. El quórum necesario eran 37. Con los números justos y sin debate el proyecto fue sometido a votación y al igual que la noche anterior en Diputados, todos los presentes lo respaldaron. En la bancada del peronismo se pudo ver a su jefe de bloque, el rionegrino Miguel Angel Pichetto, el riojano Jorge Yoma, el entrerriano Jorge Busti, el chaqueño Jorge Capitanich, los bonaerenses Mabel Müller y Antonio Cafiero, entre otros. Por el radicalismo estuvieron: el mendocino Raúl Baglini, la catamarqueña Marita Colombo y el puntano Jorge Agúndez. Lo concreto fue que los 40 presentes levantaron sus manos y con eso la sesión se terminó. Tan rápida fue que el salteño Marcelo López Arias, pese a su apuro, no pudo ingresar al recinto para respaldar la norma. Cuando entró, sus compañeros salían raudos tras haber cumplido con el mandato oficial.
Entre las modificaciones incorporadas por Diputados, la iniciativa contempla que si en un año el incremento del tributo no alcanza para cumplir con las cifras estipuladas, al año siguiente el compromiso se afrontará con dinero de la recaudación del impuesto al cheque. La flamante ley dispone una asignación de 726 millones de pesos para pagar la deuda del Fondo de Incentivo Docente correspondiente al 2002 y 750 millones para el 2003.
No son pocos los legisladores refractarios por definición a que el desfasaje salarial de algún sector de la vida económica sea paliado con la recaudación de un gravamen. Eso llevó a que incluso algunos legisladores, de los pocos que ayer estuvieron en el Senado, no bajaran al recinto para votar la norma. En el caso de los sueldos de los maestros también pesa el argumento que en su momento hizo pesar Economía sobre Educación durante el apogeo de la Carpa Blanca en tiempos del menemismo: “Si el Ministerio de Educación no tiene más docentes a su cargo, por qué la Nación tiene que afrontar el financiamiento de los sueldos que pagan las provincias”. Producto de que en aquella puja se impuso el criterio de la entonces ministra Susana Decibe, se aprobó el incentivo con el cuestionado impuesto automotor. Esos fondos no alcanzaron y el conflicto continuó hasta que la Alianza garantizó el pago con fondos del Tesoro Nacional, la Carpa se levantó y después la deuda empezó a acumularse hasta que ahora volvió la amenaza con un nuevo gobierno peronista como interlocutor.
Como pocas veces, el Gobierno se mostró rápido de reflejos. Durante el verano el Consejo Federal de Educación le dio cuerpo al proyecto aprobado ayer, los legisladores de ambas cámaras lo respaldaron en forma unánime e incluso hasta el Secretario de Hacienda, Jorge Sarghini, comprometió su palabra de que el Ejecutivo no la vetaría. Los más críticos dentro de la bancada mayoritaria recordaban ayer que “para este oficialismo es fácil, duran 60 días”. Como contrapartida a esta mirada, pocos antecedentes hay de que un proyecto lograra el respaldo unánime de todos los presentes en el recinto. No es para menos. Del otro lado estaban los gremios docentes y un reclamo histórico.