La portabilidad numérica dio un paso más. Ayer el Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, informó el resultado de la licitación de la empresa que será responsable de gestionar la base de datos para la implementación de este sistema, que le permitirá a cada cliente de la telefonía móvil cambiar de proveedor sin resignar su número. La portabilidad está pendiente desde el año 2000, cuando se produjo la desregulación del mercado de las telecomunicaciones a partir del decreto 764/00. Desde aquel entonces, sólo tres operadores concentran casi la totalidad del mercado: Movistar, Personal y Claro. Las empresas nunca mostraron intenciones de aplicar la portabilidad numérica porque sin ella les resultaba más fácil mantener cautivos a sus clientes, mientras que desde el Gobierno empezaron a planificarla recién el año pasado. Este avance se dio en la misma semana en que la Comisión de Medios, Sistemas y Libertad de Expresión del Senado inició el debate de dos proyectos de ley que pretenden declarar como servicio público a la telefonía móvil.

En 2009, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia había afirmado que la no aplicación de la portabilidad provocaba una situación de concentración en el mercado de las telecomunicaciones. Así lo había establecido a través de una resolución de agosto, época en la que estaba analizando la injerencia de Telefónica dentro de Telecom. El paso que dio ayer el Ministerio de Planificación forma parte del cronograma fijado en la resolución 8/2010 de la Secretaría de Comunicaciones. La empresa que estará encargada de gestionar la base de datos para sostener la portabilidad será Telcordia Technologies-Telmark. A fin de año comenzará el proceso de difusión de la portabilidad, que arrancaría a comienzos de 2012.

Según el consultor Enrique Carrier, existen 32 millones de líneas de celulares activas. De ese total, aproximadamente un 10 por ciento tiene acceso a un plan de datos (Internet). La desregulación del 2000 presuponía el ingreso de más jugadores al mercado. Sin embargo, luego de la fusión entre Movicom y Unifón quedó concentrado en tres operadores, Movistar (producto de la fusión), Claro y Personal.

En este contexto, son varios los legisladores y especialistas en telecomunicaciones que consideran relevante contar con un marco regulatorio y declarar a la telefonía móvil como un servicio público. En el Senado se está avanzando con el proyecto del socialista Rubén Giustiniani y otro de la oficialista Blanca Osuna.

“Si declarar a la telefonía móvil como servicio público significa que se cumplirá con la portabilidad, que las tarifas estarán reguladas y que se garantizarán los derechos y garantías de los usuarios, entonces sí creo que es imprescindible”, afirmó a Página/12 Martín Becerra, investigador de la Universidad Nacional de Quilmes.

La telefonía celular llega a todos los sectores de la población. Paradójicamente, los que acceden a un servicio prepago (a través de tarjetas), pagan más que los que tienen abonos o libre disponibilidad de llamadas. “Este sistema es más regresivo que cualquier otro que esté desregulado, porque pagan los que menos tienen. El gobierno nacional podría encontrar en estos proyectos un buen complemento a sus políticas de inclusión digital”, agregó Becerra.

En la audiencia en el Senado realizada anteayer, las empresas prefirieron pegar el faltazo hasta un próximo encuentro. Además de los legisladores y especialistas, las asociaciones de consumidores también dieron su opinión. “Este es un tema que merece ser debatido en profundidad. Creo que la oposición y el oficialismo podrían llegar a cierto nivel de consenso”, dijo a este diario Claudio Boada, representante de la Unión de Usuarios y Consumidores.