Las provincias buscarán aumentar su participación en la renta minera. Así quedó establecido en el Acuerdo Federal firmado ayer por las 10 provincias que integran la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi). Para alcanzar este objetivo, las jurisdicciones impulsarán la creación de empresas estatales o mixtas (en aquellos casos donde no existan). A su vez, se propone crear un Fondo para el Desarrollo de Infraestructura para que las provincias estén en igualdad de condiciones a la hora de acceder a un proyecto extractivo. La minería (sobre todo la que se realiza a “cielo abierto”) es objeto de críticas por distintas organizaciones sociales. Incluso, se han generado hecho conflictivos en distintas partes del país, como Famatina y Andalgalá. En este sentido, el acuerdo firmado por los gobernadores incluye una cláusula en la que se comprometen a cuidar el medio ambiente, con el objetivo de que sea “sustentable para el desarrollo humano”, y generar los mecanismos para “integrar esta actividad económica a la cultura de los pueblos”.

“Estamos tratando de subsanar la situación, generar un esquema no sólo asociativo, sino también de asesoramiento para ampliar la participación de las provincias en la renta minera”, manifestó ayer Julio De Vido, ministro de Planificación, luego de anunciar la firma del acuerdo. Los gobernadores presentes fueron Eduardo Fellner, presidente de la Ofemi (Jujuy); Juan Manuel Urtubey (Salta); Lucía Corpacci (Catamarca); Luis Beder Herrera (La Rioja); José Luis Gioja (San Juan); Francisco “Paco” Pérez (Mendoza) y Daniel Peralta (Santa Cruz). También firmaron los mandatarios de Chubut (Martín Buzzi), Neuquén (Jorge Sapag) y Río Negro (Alberto Weretilneck).

El actual marco regulatorio para el sector se basa en la Ley de Inversiones Mineras de 1993, elaborada por el sanjuanino José Luis Gioja y por el actual secretario del área, Alejandro Mayoral. La norma fijó un régimen de estabilidad fiscal por 30 años, sumado a otros beneficios, como la amortización acelerada de los bienes de capital, doble deducción de gastos en exploración y devolución anticipada de IVA. Si bien este acuerdo no pretende modificar las condiciones para el capital privado, promueve una mayor participación de los estados provinciales.

“Se reconoce al Estado nacional y a las provincias la facultad de participar de la actividad minera, a través de entidades estatales debidamente facultadas para la exploración o producción de minas”, sostiene el Acuerdo. En los últimos nueve años, esta industria pasó de representar el 0,2 por ciento del PBI al 1,2 por ciento, según datos de la Secretaría de Minería.

En 2010 hubo un record de producción, aproximadamente 27.000 millones de pesos, mientras que las exportaciones representaron 13.800 millones. Las retenciones que aplica el Gobierno se ubican entre el 5 y 10 por ciento, de acuerdo con el nivel del valor agregado de lo que se vende. Es decir que la mayor parte de esta renta fue para las empresas extractivas.

“Este acuerdo significa una revalorización del federalismo con un objetivo muy claro, que es el desarrollo de políticas comunes entre las provincias y el Estado nacional en materia de explotación de recursos mineros”, sostuvo Fellner.

La susceptibilidad social en torno de la minería –con recientes cortes de ruta incluidos– puso en el centro de la escena el vínculo entre las poblaciones que viven cerca de los yacimientos y las empresas extractivas. El Acuerdo firmado es un marco para diseñar políticas sectoriales, pero también podría ser un paraguas para contener socialmente a los sectores que se oponen a la minería.

En su artículo 9 se propone que el sector minero opere bajo principios de producción racional y desarrollo sustentable, “con una amplia participación social” que permita alcanzar “un alto grado de cohesión local y regional”. Además, se propone la “presencia de representantes sociales, del mundo del trabajo, del quehacer económico, de la cultura, del campo académico, de las organizaciones no gubernamentales y de la actividad pública”. Y también se plantea la necesidad de “desarrollar estrategias para la construcción del diálogo social”.

“Los minerales se agotan y para mantener la sustentabilidad de la zona, los recursos de la renta minera deben servir para desarrollar infraestructura para emprendimientos productivos que sustituyan la minería cuando no esté”, manifestó Mayoral, quien agregó: “Por eso están convocados los actores sociales, empresarios y políticos de la región para discutir la sustentabilidad de la actividad. Con este acuerdo se propicia que los recursos naturales primarios que se extraen puedan tener valor agregado industrial al pie de los yacimientos. Eso generará nuevos empleos y hacia eso debemos ir”.

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