“Sin sociedad y sin democracia nunca puede haber un derecho.” Con esa sentencia, la Presidenta justificó la necesidad de una reforma del Código Civil, anuncio que ya había hecho durante la apertura de sesiones del Congreso y cuyo anteproyecto le entregó ayer el equipo encargado de redactar el códice, encabezado por el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, quien calificó al texto como el que “más participación ha tenido en toda la historia argentina, porque se ha dado participación a todos los sectores que representan la doctrina jurídica argentina”. Durante el acto, realizado en el Museo del Bicentenario, la mandataria anunció que la iniciativa no se tratará “a libro cerrado” y que el mismo Poder Legislativo, a través de una comisión bicameral, será quien determine cómo será el mecanismo de debate. También anticipó su voluntad de avanzar en el mismo sentido con nuevos códigos Penal y Administrativo.

“Con esta iniciativa se ha dado un salto absolutamente cualitativo”, aseguró la Presidenta luego de recibir por parte del equipo jurídico que se encargó de la redacción las carpetas abultadas que contienen los 2500 artículos del nuevo Código Civil y Comercial. Entre las novedades que observa el nuevo proyecto, tanto CFK como Lorenzetti destacaron aquellas referidas al derecho familiar: cambios en el régimen de adopción y de divorcio, también para las técnicas de fecundación artificial y alquiler de vientre, el derecho a la propiedad comunal de los pueblos originarios y (ya en el área comercial) la instauración de la figura de la sociedad de un solo miembro.

“Tenemos que constitucionalizar las relaciones comerciales y civiles, esto quiere decir darles el sesgo de libertad e igualdad. Asegurar libertad y dignidad de las personas para que elijan su forma de vida”, expresó la mandataria, quien instó a los legisladores a “abandonar las posiciones dogmáticas” a la hora de debatir el articulado, ya que “es necesario tener instrumentos que les sirvan a todos los hombres y a todas las mujeres, cualquiera sea el Dios al que le recen o aun cuando no tengan ningún Dios”.

El anteproyecto fue codificado por una comisión de juristas integrada por el titular de la CSJN, su vicepresidenta, Elena Highton de Nolasco, y la ex ministra de la Suprema Corte de Mendoza Aída Kemelmajer y que, según aseguró Lorenzetti, contó con un centenar de colaboradores y desde ayer, que pasó a manos del Poder Ejecutivo, éste tendrá 30 días para elaborar el proyecto definitivo que ingresará al Congreso para su tratamiento. Esa tarea caerá en manos de la Secretaría Legal y Técnica de la Casa Rosada, a cargo de uno de los hombres de máxima confianza de CFK: Carlos Zannini. Según manifestó ayer la mandataria, su objetivo es que ambas cámaras aprueben el nuevo Código antes de fin de año.

“No se hará a libro cerrado, como ocurrió en el siglo XIX a instancias de Bartolomé Mitre –aclaró la jefa de Estado–. Este método no será impulsado por nosotros. Estamos ante un acto a partir del cual hay que adoptar métodos distintos.” La mandataria además determinó que sea el mismo Congreso quien decida cuál será su modalidad de trabajo, la que, por tratarse de un Código, no es la que se sigue habitualmente para tratar todas las leyes. “El Gobierno propondrá la creación de una comisión bicameral para el tratamiento de la norma”, precisó.

Buena parte de las reformas que tendrá el nuevo texto giran alrededor del Derecho de Familia y, según destacó la mandataria, el principal objetivo que se tuvo en mente para afrontar este asunto fue la protección de los niños: esto se manifiesta particularmente en las partes que refieren a adopción y a divorcio. “Cuando los chicos son tomados como rehenes en las disputas conyugales, los chicos terminan pagando las consecuencias”, resaltó.

En el plano comercial, se crea la posibilidad de establecer sociedades de un solo miembro, que permitirá “incentivar las inversiones”, y también la propiedad de la tierra por parte de los pueblos originarios, que “reconoce en la comunidad la propiedad y no permite que se utilice como un instrumento de comercio, que no pueda ser arrendada, ni alquilada, ni sea materia de especulación.”

Por último, la mandataria dejó caer la necesidad en el futuro de establecer reformas equivalentes en otras áreas del corpus jurídico actual, particularmente del Código Administrativo (que fue escrito cuando “no existía la idea de un Estado presente como hay ahora”, explicó) y del Código Penal, que “a partir de movimientos espasmódicos de la sociedad se ha ido emparchando y se ha perdido organicidad” entre sus normas. “Articular libertad, seguridad e igualdad va a constituir un desafío a la hora de renovar el Código Penal”, concluyó.

Un rato antes, Lorenzetti había realizado una introducción explicando la labor de la comisión que él encabezó. “Este es el proyecto que más participación ha tenido en toda la historia argentina, porque se ha dado participación a todos los sectores que representan la doctrina jurídica argentina”, destacó el juez, quien calificó la obra como “la labor de toda una generación” y puso énfasis en que el espíritu de la nueva norma está en dotar de una “extraordinaria protección a las personas.”

Para alcanzar ese objetivo, aseguró, se invitó a “personalidades de los ámbitos específicos” para que participaran en la búsqueda de “soluciones prácticas para demoler las dificultades que encuentran los ciudadanos en los ejercicios de sus derechos”. El objetivo, aseguró, es que “la ley no sea un obstáculo cuando no debe serlo”.

Se trata de “un proyecto de una generación de juristas que ha trabajado por más de treinta años”, se jactó el ministro de la Corte. “Este proyecto hay que tomarlo como la labor de una generación que incluye a todos. No todos vamos a estar de acuerdo, pero sí podemos estar de acuerdo en los aspectos esenciales. Habrá disidencias y eso es bueno pero tengamos siempre por delante la idea de que el pueblo está por encima de los intereses particulares”, finalizó.

En el estrado y entre el público, además del gabinete a pleno, miembros de la CSJN, gobernadores y legisladores oficialistas y aliados, se destacó la presencia de figuras de la oposición: desde el mandatario de Santa Fe, el socialista Antonio Bonfatti, que ya es habitué en actos en Casa Rosada, hasta otros más enconados como los radicales Ricardo Gil Lavedra y Ernesto Sanz. Las opiniones sobre la iniciativa fueron positivas, incluso en el caso de los dirigentes no kirchneristas. “No cabe ninguna duda de que esto puede significar un avance importante”, sostuvo Gil Lavedra, quien destacó que “mejorar la juridicidad en un país con un andamiaje legal débil siempre es positivo pero esto no puede ser objeto de minucias sino de una discusión profunda”, por lo que el camino emprendido le parece “auspicioso.”