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Cuando mañana los economistas de los dos candidatos que irán al ballottage empiecen a analizar con lupa las cuentas fiscales se encontrarán con una noticia buena y una mala. La buena es que durante el primer trimestre se superó en 288 millones de pesos (19 por ciento) la meta de superávit primario (previo al pago de intereses) que se asumió en enero con el Fondo Monetario. La mala, como señala un detallado informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco de la Provincia de Buenos Aires, es que, en cuanto a la ejecución del gasto (devengamiento), en esos tres meses se consumió sólo un 18,6 por ciento del presupuesto anual, “lo que supone –en principio– una subejecución significativa”, algo realmente extraño por tratarse de un período preelectoral, con un gobierno que se despide y que además tiene candidato propio. Todo esto da pábulo a suspicacias no despejables porque, como señalan los analistas del Bapro, “no se dispone de información acerca de la secuencia de los pagos nacionales que permita esclarecer la verdadera situación financiera”.
En una postura obviamente interesada, desde el menemismo se denunció que los buenos resultados fiscales, que son base caja, ocultan un crecimiento de la deuda flotante nacional porque el Tesoro ha estado reteniendo pagos a proveedores. La propia Secretaría de Hacienda lo reconoció, aunque asegurando que los pagos demorados son de escasa magnitud y se aplazaron deliberadamente para que el nuevo gobierno encuentre la caja con plata.
En cuanto al grado de subejecución, es notable que áreas como Desarrollo Social (12,2 por ciento) y Salud (14,6 por ciento) estén entre las más alejadas del ritmo razonable de ejecución, que debería rondar el 25 por ciento, tratándose de lo devengado en un trimestre en relación a lo presupuestado para el año. El caso más extremo es el de los servicios de la deuda pública, cuyo devengado sólo representó un 11,0 por ciento. Esto hace predecir que las futuras autoridades deberán realizar un gran esfuerzo para cumplir con las previsiones en estas áreas, sin restar financiamiento a las restantes. De hecho, la actitud de sentarse sobre la caja es congruente con la marcha de la recaudación impositiva. En el primer trimestre se logró un promedio mensual de recolección de unos 5000 millones de pesos, bastante menos que los 6400 millones por mes que calcula el Presupuesto Nacional. Esto significa que la AFIP debería embolsar un 30 por ciento más, un incremento muy difícil de lograr. Para conseguirlo debería soplar mucho viento a favor desde el lado de la reactivación y también de la inflación y el tipo de cambio. La cortedad de la recaudación responde a dos hechos en realidad afortunados: la suba de los precios minoristas es un tercio de la pronosticada, afectando al IVA, y el dólar se desmoronó, desvalorizando las retenciones.
Lo cierto es que la segunda revisión del acuerdo transitorio con el Fondo, agendada para mediados de mayo, será fácilmente superada por la Argentina. Pero es preciso recordar que las metas negociadas siguen una curva de creciente rigor, hasta la expiración del acuerdo en agosto, si bien las metas convenidas para mayo y junio son sólo pautas indicativas. Lo decisivo es que el nuevo gobierno heredará compromisos como el de bajar durante el año en 1,5 por ciento del PBI el gasto público respecto del nivel que tuvo en 2002, y además subir impuestos para que el superávit fiscal consolidado (Nación y provincias) sea de 2,5 puntos del Producto. En una palabra, más ajuste de entrada. Aun así, para después de esta transición el Fondo espera que la Argentina asegure excedentes fiscales más sustanciosos, del orden del 4 por ciento del Producto, para poder así amortizar su enorme endeudamiento.
Ya en un informe anterior, los economistas del Bapro apuntaban que “la nueva administración asumirá con una pequeña tregua de unos tres meses. De allí en más deberá afrontar una carga de vencimientos importantes con los organismos, tanto para lo que resta del año como para el año próximo.” Por lo demás, el hecho de que el entendimiento caduque en agosto obligará a iniciar de inmediato conversaciones para extenderlo hasta fin de año, a tiempo que se negocie un acuerdo más amplio con vigencia desde 2004.
Pero negociar –de nuevo para evitar caer en impago con los organismos– implica someterse a imposiciones, como mínimo fiscales y monetarias, y probablemente estructurales (qué hacer con la banca pública, por ejemplo), que procuran ceñir al país a determinado rumbo económico estratégico. El gobierno actual logró concentrar el acuerdo en lo fiscal y monetario, en parte al precio de no obtener ni un dólar fresco, pero no evitó que se dejara establecida una agenda de reformas estructurales, saturada de las consabidas políticas promercado.