El gobierno de Daniel Scioli y el Frente para la Victoria (FpV) bonaerense comenzarán a negociar con el Frente Amplio Progresista (FAP) cambios al proyecto de ley para un revalúo fiscal de las tierras de la provincia. El reclamo del FAP para bajar al recinto de la Cámara de Diputados y conformar el quórum está sintonizado con las pretensiones de las cámaras agropecuarias: actualizar el valor de los campos por etapas, de manera gradual. Si se sigue la fórmula propuesta por el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, la medida terminaría de implementarse en 2018 y no inmediatamente, como figura en el proyecto que ya tiene media sanción del Senado bonaerense.

El equipo de Scioli ya abandonó la idea de implementar el proyecto original que actualizaba el valor fiscal de las tierras y elevaba el impuesto inmobiliario rural desde el promedio de 40 pesos por hectárea hasta 76 pesos por hectárea. Por eso comenzaron a estudiar la iniciativa aplicada en Entre Ríos y el proyecto que comenzará a debatirse en Santa Fe para negociar con la oposición bonaerense –e indirectamente con los empresarios agropecuarios– un esquema alternativo que garantice el avance de las modificaciones tributarias y la ampliación de la capacidad de endeudamiento provincial. “Esta es una reforma tan importante que vale la pena parar la pelota. Estamos dispuestos a negociar la gradualidad de cómo se llega al ciento por ciento del revalúo”, afirmó la ministra de Economía provincial, Silvina Batakis.

Como sucede en el territorio bonaerense, el valor fiscal de la tierra en Santa Fe está congelado hace más de quince años. Según explicó Bonfatti, en promedio, los propietarios de tierras en la provincia pagan 11 pesos por hectárea de impuesto inmobiliario. Así, un impuesto que representó el 25 por ciento de la recaudación provincial hoy no supera el 7 por ciento de esos ingresos. La revaluación fiscal de los campos que propone el gobierno santafesino comenzaría a implementarse este año y terminaría en 2018. A su vez, la iniciativa de Santa Fe difiere de la bonaerense en otros aspectos, como las alícuotas a aplicar y la porción del valor fiscal que se utiliza para establecer el monto del impuesto.

Si esas condiciones prevalecen en Buenos Aires, se frustraría un objetivo indirecto de la reforma, como era lograr que los dueños de las tierras deban pagar ganancia mínima presunta y bienes personales a nivel nacional. Los ministros que ya comenzaron a trabajar las alternativas tienen como meta encontrar un punto intermedio entre las distintas propuestas y los reclamos del FAP –junto con Sociedad Rural, Federación Agraria y Carbap– para habilitar la discusión parlamentaria.