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La grave situación fiscal en la mayoría de las provincias de Argentina no es un problema nuevo, pero la falta de soluciones estructurales prolonga su vigencia. La administración nacional concurrió en diversas oportunidades en los últimos años en auxilio de las finanzas provinciales, pero sin lograr un acuerdo sobre los cambios en las políticas tributarias que posibiliten la recuperación local de cierta autonomía financiera. Mientras tanto, el principal argumento de las administraciones provinciales sigue siendo que el Estado nacional no le liquida las partidas de coparticipación adeudadas. Por ahora, la solución sigue sin alumbrar.

El primer megarrescate a las provincias, posterior a la explosión de la convertibilidad, fue acercarles los fondos para el canje de las cuasimonedas o bonos provinciales que circulaban como moneda de pago. Durante esos primeros años de la postconvertibilidad la Nación otorgó a su vez diversos créditos para tapar agujeros y permitir el pago a terceros de deuda vencida. Así, el Estado nacional fue convirtiéndose paulatinamente en el acreedor sustituto de las provincias. Esta política dio como resultado que, a septiembre de 2010, la Nación acumulara acreencias con las provincias por más de 75 mil millones de pesos.

Ese mismo año se implementó el Programa Federal de Desendeudamiento de la Provincias Argentinas, que otorgó una refinanciación a largo plazo, estirando los vencimientos hasta el año 2030, a una tasa de interés del 6 por ciento y dos años de gracia.

Pero en materia fiscal, sin respuestas de fondo que cambien principalmente la estructura de ingresos (antes que la restricción de gastos), una refinanciación puede tapar el problema sólo por un tiempo, hasta que éste resurge en la superficie. Antes de que se cumplieran dos años de aquel acuerdo, el gobierno nacional debió extender en diciembre pasado en dos años el período de gracia. Resultaron favorecidas 17 provincias, que sintieron el alivio de no tener que afrontar vencimientos por 22 mil millones de pesos entre este año y el próximo.

La provincia de Buenos Aires es la más endeudada (24,2 miles de millones de pesos). Pero no es la única en estado crítico. Córdoba, Chaco y Formosa aparecen inmediatamente detrás en nivel de endeudamiento con el Estado nacional, aunque por encima de la provincia gobernada por Scioli en proporción al tamaño de sus economías.

En materia de estructura tributaria, son mayoría las provincias que comparten con la administración bonaerense el efecto distorsivo de un Impuesto a los Ingresos Brutos con mucho peso e impuestos de Patentes e Inmobiliario poco significativos. Algunas, unas pocas, plantean un revalúo fiscal de tierras apenas moderado. Otras, un número importante, ya habían empezado el año congelando vacantes y postergando aumento de haberes a los agentes públicos (Córdoba, Santa Fe, Catamarca, Río Negro y Santa Cruz, entre otras). El próximo paso es el pago en cuotas del medio aguinaldo.