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La Cámara de Diputados convirtió en ley el acuerdo firmado con la República Oriental del Uruguay para el intercambio de información tributaria y la implementación de un mecanismo para evitar la doble imposición de gravámenes. El convenio, firmado el 23 de abril por el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y el ministro de Economía uruguayo, Fernando Lorenzo, está en línea con los postulados sugeridos por la Organización para la Cooperación y Desa-rrollo Económico (OCDE) en materia de transparencia financiera.

El acuerdo establece la asistencia mutua a través del intercambio de información relacionada con “la administración y la aplicación de la legislación interna de las partes”, con relación a impuestos y asuntos penales tributarios. Comprenderá información “de carácter confidencial previsiblemente relevante para la determinación, liquidación, implementación, control y recaudación de impuestos, para el cobro y la ejecución de créditos tributarios o para la investigación o enjuiciamiento de asuntos tributarios”. La documentación será confidencial y sólo podrá ser revelada ante autoridades judiciales o administrativas encargadas de la recaudación de impuestos.

El acuerdo con Uruguay se pondría en vigencia a partir del 1º de enero próximo, si logra la aprobación en el Parlamento oriental antes de esa fecha. El Ejecutivo envió el proyecto al Poder Legislativo el último 27 de julio. El convenio es de corte similar a los anteriormente suscriptos por la Argentina con Mónaco, Andorra, Bahamas, San Marino e islas Caimán.

En otro orden, el acuerdo firmado entre Argentina y Uruguay dispone que cuando un residente de uno de los dos Estados obtenga rentas o posea un patrimonio sometido a imposición en el otro, el primero deducirá del impuesto que perciba sobre las rentas o el patrimonio de ese residente un importe igual al que debería pagar en el otro Estado.