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La propuesta del Fondo Monetario Internacional sobre la reestructuración de la deuda de los países en crisis busca plantear “un marco que sirva para catalizar los acuerdos voluntarios, sin que necesariamente sea preciso oficializar el proceso” de cesación de pagos, según la vicedirectora gerente del organismo, Anne Krueger, quien insistió, para que no haya dudas, que el proyecto no está pensado a la medida de Argentina.
En declaraciones al francés Le Monde, Krueger defendió la propuesta presentada en noviembre pasado como una forma de “facilitar la reestructuración de la deuda de los Estados, sin dictar los términos”.
El sistema sería similar a las leyes de bancarrota que se aplican en muchos países para proteger a las compañías cuando tratan de reestructurar su pasivo.
Krueger afirmó que la propuesta no está motivada por la crisis argentina ni por una “insatisfacción ante el debate sobre la participación del sector privado”, sino por el hecho de que “no existe ningún medio de llevar a una misma mesa a los países y sus acreedores para resolver los problemas de endeudamiento intolerable, en los plazos más breves y de forma ordenada”.
Para que la mayor parte de las deudas tuviera más valor y con el fin de limitar en lo posible el costo de la operación para el país deudor, éste tendría una protección jurídica contra sus acreedores mientras negocia la reestructuración de su deuda, señaló Krueger.
El país deudor no podría echar mano de sus reservas para pagar a acreedores privilegiados y, además, tendría que negociar de buena fe y adoptar “medidas sanas”, indicó la vicedirectora gerente del Fondo.
Al explicar las ventajas del sistema propuesto, Krueger subrayó que “al país deudor, y también a sus acreedores, le conviene que la deuda que lo aplasta sea reestructurada antes de que se agoten sus reservas y se vea condenado a una grave recesión económica”.