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Todo se negocia, no hay ninguna condición. Es un mensaje que a un secuestrador que toma rehenes, digamos, en una estación de servicio, le encantaría escuchar de las autoridades. Pero es un mensaje peligroso, porque así las autoridades invitan a otros secuestradores a tomar rehenes en todos lados; digamos, en una empresa de servicios públicos, en una compañía de alimentos, en un laboratorio farmacéutico, en un supermercado, etc, etc. El Gobierno debe negociar con ciertas reglas básicas: la primera es preservar la vida de los rehenes, la otra es dejar en claro al secuestrador que no puede salirse con la suya. El gobierno de Duhalde permanentemente envía la señal de que cualquier decisión oficial está sujeta a negociación, sin condiciones fijadas de antemano. Y así todo el mundo sabe que los rehenes saldrán, por lo menos, heridos, y que los secuestradores aparecerán sonrientes en los cocteles con los funcionarios. El conflicto desatado con las petroleras es un buen ejemplo de ello.
A mediados de la semana pasada el presidente firmó un decreto que, reglamentando uno de los artículos de la Ley de Emergencia Económica, establecía retenciones del 20% a las exportaciones de petróleo crudo y del 5% a los derivados. Inmediatamente después de esa decisión, las petroleras hicieron saber que aumentarían el precio de los combustibles en el mercado local. Desde entonces, toda la discusión giró sobre cómo compensar el “costo” que significará el nuevo impuesto para las petroleras. Ayer, el presidente –el mismo que firmó el mencionado decreto– confirmó que escucha ofertas para modificar su decisión: por ejemplo, aceptaría que el Congreso aprobase un impuesto a la producción de crudo del 8 por ciento para reemplazar las retenciones, como quieren las propias petroleras (ver aparte).
Vamos por partes. Las retenciones a las exportaciones son un instrumento “antiinflacionario” de la política económica. Sí, “antiinflacionario”; ideado para que el Estado se apropie de parte de las ganancias que produce la suba del dólar y para evitar, al mismo tiempo, que las empresas tengan el incentivo de trasladar esa suba del dólar íntegramente a los precios. Lo que presiona a la suba los precios es la devaluación, no las retenciones. Y no porque la devaluación perjudique a las petroleras sino porque las beneficia demasiado. Por ejemplo: con una suba del dólar del 100% (de 1 a 2 pesos), por cada 1 dólar que vendía afuera antes una petrolera, ahora le pagan 2 pesos cuando lo ingresa en Argentina; entonces, ¿por qué no elevar en 100% los precios internos en pesos? Y si los consumidores argentinos no estuvieran en condiciones de pagar estos precios, ¿por qué no vender todo afuera, a los consumidores de otros países, para quienes en dólares el precio seguirá siendo el mismo? Obviamente, el resultado estará en el medio, porque ninguna empresa tiene la capacidad operativa para exportar todo y abandonar su mercado local.
Esa es la lógica económica que suscribiría cualquier gerente financiero de una gran compañía, que vende buena parte de su producción en el exterior y que tiene una posición dominante –consumidores cautivos– en el mercado interno. Y está bien que así sea, porque, en el capitalismo, los gerentes de las empresas deben tomar decisiones en base a las señales de precios que “leen” en el mercado, no pensando en el interés común. Para velar por ese interés común, regulando al mercado, está el Estado.
Ahora bien, si el Estado pusiera una retención a las exportaciones del 100%, entonces por cada 1 dólar que la empresa vendiera afuera, en Argentina le seguirían pagando 1 peso. El otro peso se lo quedaría el fisco, para construir escuelas o abonar los intereses de la deuda externa, depende del gobierno. Sea como fuere: en teoría, la empresa ya no podría justificar desde la “racionalidad económica” un aumento de precios internos, como respuesta a la devaluación. Podría aumentarlos como podría haberlo hecho antes de la devaluación, pero no habría –en teoría– ningún elemento nuevo que lo justificara. Sólo estaría justificado elevar losprecios de acuerdo al aumento del costo de los insumos importados que ocasionó la devaluación.
Pasemos de la teoría a la realidad. Según un informe del Centro de Estudios para la Producción (CEP), realizado en base a cruzar los precios y cantidades de todos los insumos y productos finales de cada sector de la economía, con 1 dólar a 2 pesos, el impacto de la devaluación en los precios internos de los combustibles sería el siguiente:
u Suponiendo que las empresas trasladan únicamente el incremento del costo de los insumos importados sobre el producto local, los precios deberían crecer cómo máximo 12%. Vale aclarar que ésta suba, sería, igualmente, más que compensada en el balance de las empresas por los ingresos extra que les reportará la devaluación sobre las exportaciones.
u Si forman precios alineando los precios internos en pesos a los internacionales en dólares, entonces la suba podría llegar a ser del 71%. En el primer caso la retención no tiene nada que ver con el precio interno, que se forma en base al costo de los insumos importados. En el segundo, tiende a bajarlo, porque el atractivo de vender afuera sería ahora (con una retención del 20%) del 51%.
Los precios de los combustibles van a aumentar porque ninguna de la multinacionales del petróleo que operan en el país están dispuestos a asumir siquiera el módico incremento de sus costos en el mercado local. El problema es que, además, pretenden aumentarlos tentados por las ganancias que les reporta la suba del dólar. Y encima, al bochar las retenciones, no quieren que el Estado se apropie de parte de esas ganancias.