El juez ghanés Richard Frimpong, que el 2 de octubre ordenó la retención de la Fragata Libertad de la Armada Argentina en el puerto de Tema, dispuso ayer el traslado del buque de guerra a otro sector de la misma estación marítima a fines de facilitar las maniobras de carga y descarga comercial en ese lugar. Inmediatamente después de tomar conocimiento de la resolución, los representantes legales del gobierno argentino ante los tribunales de Ghana apelaron la medida, lo que abre un nuevo compás de espera para su ejecución. El apoderado legal del fondo buitre NML Capital, que presentó la denuncia y el pedido de embargo, había expresado previamente su conformidad con la decisión del magistrado ghanés, que hasta ahora ha fallado en perfecta sintonía con sus intereses. Aunque la respuesta a la apelación se demore, no sería la de ayer la única novedad respecto de la Fragata: Argentina recurriría esta misma semana a la Corte Internacional de los Derechos del Mar, en Hamburgo, para hacer valer sus razones respecto de la inmunidad de la fragata, que tocó puerto ghanés en una misión educativa y no comercial.

El desplazamiento de la fragata hacia uno de los extremos de la explanada del puerto había sido solicitado por las autoridades portuarias de Tema, dado que la estadía de la embarcación se prolongó por mucho tiempo más del inicialmente previsto. Según trascendidos, el capitán a cargo de la fragata fue consultado por autoridades del gobierno de Ghana y un enviado del juzgado con respecto de si prestaría colaboración para mover el buque, con la reducida dotación que permaneció a bordo después de que se decidiera la evacuación de más de 200 miembros de la tripulación original. El comandante habría comunicado que esperaría instrucciones desde Buenos Aires. Sin embargo, ayer mismo fue apelada la resolución judicial, según fuentes oficiosas.

Hasta tanto el juez Frimpong decida sobre la nueva instancia, la orden queda congelada. Sin embargo, desde la parte argentina se da por descontado que todas sus resoluciones serán a favor del fondo buitre NML, dada la escasa ecuanimidad que se les asigna a las decisiones tomadas hasta el momento.

Un ejemplo de ello, señalan, fue la resolución inicial en esta causa por la cual ordenó a Argentina pagarle treinta millones de dólares al fondo especulativo demandante, para disponer a cambio liberar la nave. Para Argentina, esa resolución incurría en dos irregularidades graves: en una causa en la que Argentina no le reconoce al fondo NML ningún derecho como acreedor, el juez ordenaba pagar “a cuenta” de una deuda no reconocida. Y además, hacerlo en forma directa al reclamante en vez de hacerlo, como sería usual, con un depósito o caución judicial a la espera de una resolución de fondo. Esta semana vence el plazo que el magistrado ghanés le dio al gobierno argentino para hacer ese pago.

Con cierta demora, Argentina llevará esta semana el caso de la Fragata Libertad a la Corte de Hamburgo. El Gobierno prefirió agotar primero las instancias diplomáticas, mediante el envío de una misión biministerial a Ghana para tratar con el Ejecutivo de ese país la cuestión. Luego buscó una intermediación de parte de las Naciones Unidas. Ninguna de esas alternativas funcionó. Ahora va por una instancia más segura –a Argentina le asiste absolutamente la razón en su reclamo de liberación del buque escuela–, pero más lenta. Una resolución del tribunal del Mar con sede en Alemania, que previamente deberá convocar a las partes, podría demorar meses. Pero entre ceder a la demanda de los fondos buitre y pagar el costo de tener a la fragata retenida por algún tiempo más, Argentina claramente asumió la segunda opción.