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La prensa es la artillería del pensamiento,
Simón Bolívar

El intenso debate público que vienen generando acciones del Gobierno nacional ha puesto en evidencia inconsistencias de fondo en posiciones asumidas por una parte de la oposición institucional.

Los mismos que después del 2003 celebraron la reconstrucción de la autoridad presidencial, ahora se escandalizan cuando se ejerce esa autoridad. Cuestionan al poder económico y hacen del rechazo al corporativismo una letanía, pero se oponen a regulaciones fundamentales y recitan el discurso de las corporaciones objetando la “concentración de poder en la Presidencia”. Reclaman el autoabastecimiento energético pero, en nombre de una concepción individual-localista del federalismo, reivindican para las provincias el manejo de los correspondientes recursos estratégicos.

Si bien no faltan los mercenarios de las palabras, es razonable considerar que no pocos de quienes se oponen en aquellos términos nada tienen que ver con el oportunismo servil. Más aún, suelen presentarse –honestamente– como una expresión genuina de lo que denominan “progresismo”.

Sin considerar la eventual conveniencia táctica de diferenciarse a toda costa del Gobierno, postulo que dos factores no coyunturales los inducen a incurrir en contradicciones como las señaladas.

Uno afecta desde el fondo de nuestra historia a militantes e intelectuales adscriptos a distintas corrientes político-ideológicas: el colonialismo, fenómeno que no consiste sólo en un conjunto de hechos de índole económica, aunque ésta sea, en última instancia, la raíz de sus manifestaciones políticas y culturales; determina además toda una matriz de pensamiento, difundida en los países dependientes a través de los más variados aparatos ideológicos.

Con signo liberal, marxista o nacionalista, tales corrientes han enfocado nuestra vida nacional desde perspectivas predominantemente europeas, surgidas en ese continente a partir de condiciones propias, no las nuestras. En particular, liberales “progresistas” –radicales–, marxistas y socialistas se han subido y aún permanecen en la carroza historiográfica PRO-imperial del mitrismo. Los ha unido desde siempre la sistemática oposición a los movimientos nacional-populares como el yrigoyenismo y el primer peronismo, por lo tanto no debe sorprender su enfrentamiento con el proceso en marcha. La gran prensa que insultó a Yrigoyen y a Perón llamó “bandidos” a Sandino y Zapata, y “tirano” a Cárdenas, mientras los dictadores digitados por el Departamento de Estado eran “paladines de la democracia”. Ahora descalifica a Cristina Fernández, Chávez, Morales y Correa.

El otro problema tiene que ver con la dificultad para neutralizar el continuo acoso al que nos someten las corporaciones mediáticas con trampas ideológicas. Corporaciones que en algunos casos ya no son el “cuarto poder” sino parte del poder mismo, así, a secas. Los teólogos de estas iglesias realizan su tarea disfrazándose de periodistas o intelectuales, y entre los sacerdotes se destaca un elevado número de ingenuos y/o faltos de formación que actúan en el sistema institucional. La primera oración que recitan, tan falaz como efectiva, dice que existen medios y periodistas independientes, que no sólo no tienen intención sino que carecen de capacidad para manipular.

En un interesante artículo publicado por Le Monde Diplomatique, S. Etchemendy sostiene que “la tradición de izquierda de raíz marxista, donde uno esperaría que se apoyen intelectuales que se dicen críticos, dice poco acerca de la concentración de poder político en el Ejecutivo...” y, en cambio, centró sus preocupaciones teóricas en las desigualdades que genera el orden capitalista.

Pero cuando habla la historia, la contundencia es implacable: en distintos momentos y lugares, las transformaciones sociales progresivas han tenido mucho más que ver con la consolidación de ciertas corrientes políticas que con la independencia judicial o parlamentos autónomos del Ejecutivo, planteos típicamente liberales. Es particularmente interesante la experiencia estadounidense, por tratarse del modelo que suelen tomar los defensores a ultranza de las instituciones de aquella inspiración. El New Deal –el proceso norteamericano más importante de ampliación de derechos sociales– fue impulsado por un Ejecutivo fuerte, liderado por Roosevelt, que se enfrentó duramente a los reclamos de muchos Estados, al Congreso y a una Corte Suprema afín a los intereses de las grandes empresas; tríada que defendía el mantenimiento del statu quo de derechos sociales restringidos. Con los argumentos del “progresismo liberal” argentino, Roosevelt hubiera sido tachado de hegemónico, verticalista y autoritario.

En nuestra América latina la experiencia ha sido análoga. Para mencionar sólo dos casos de países hermanos, el cardenismo en México y el varguismo en Brasil, que concretaron cambios sociales progresivos, fueron procesos caracterizados por un fuerte poder estatal centralizado.

Lo dicho explicaría por qué intelectuales y miembros “progresistas” de las oposiciones formales se internan en callejones sin salida cuando pretenden armonizar principios que corresponden a distintas tradiciones.

Por supuesto, nada de lo afirmado implica subestimar la importancia de los mecanismos de la democracia política propios de la tradición liberal. Todo lo contrario, como ha sostenido la Presidenta, uno de los déficit de nuestro sistema institucional es la falta de una oposición con propuestas que se constituyan en alternativas al proyecto político en ejecución. En un país en el que se ha consolidado el Estado de Derecho, que la oposición “progresista” insista en hacer de cuestiones como la autonomía del Congreso y la concentración de poder en el Ejecutivo el eje de su discurso, implica no sólo ignorar la teoría y dar la espalda a la historia, sino –lo que es más grave– dejar sin opciones a nuestro pueblo y contribuir así a uno de los objetivos siempre buscado por los sectores dominantes: el desprestigio de la política.

* Presidente del ENRE.