El gobierno nacional seguirá adelante y enviará la semana próxima al Congreso, tal cual estaba previsto, el acuerdo firmado entre los cancilleres de Argentina e Irán para que sean indagados los sospechosos iraníes imputados en la causa AMIA. Ayer, la mutual judía dio una sorpresiva marcha atrás en su respaldo a la iniciativa del acuerdo –algo que había convalidado 72 horas antes–, con un documento en el que rechaza el texto firmado por el canciller Héctor Timerman y el iraní Alí Akbar Salehi. La DAIA no modificará su postura de avanzar y poner todo el esfuerzo posible en lograr la indagatoria. Es conocido que en la AMIA hay una dura interna y que la corriente religiosa, que lidera el rabino Samuel Levin, y el sector más cercano al PRO, de la mano del rabino Sergio Bergman, apostaron fuerte para cuestionar el acuerdo.

Las elecciones en la mutual judía serán en abril y la contienda interna está al rojo vivo: los sectores religiosos pretenden retener el poder y le torcieron el brazo al presidente Guillermo Borger, quien estaba de acuerdo en avanzar hacia las indagatorias, marcando como punto clave que fueran válidas para la Justicia argentina. Timerman ya lo ratificó públicamente, pero lo real es que ni el fiscal Alberto Nisman ni el juez Rodolfo Canicoba Corral viajarían a Teherán si la indagatoria no es válida. Y, además, el viaje debe ser autorizado por la Corte Suprema.

En la comunidad judía era un secreto a voces que los religiosos y Bergman estaban a la ofensiva dentro de la AMIA. El trasfondo es la alineación con el PRO, que de ninguna manera está dispuesto –por razones políticas– a convalidar una iniciativa de la Casa Rosada. Resulta curioso, porque el PRO sostuvo y sigue sosteniendo al comisario Jorge “Fino” Palacios, procesado por encubrimiento en el caso AMIA, además de tener procesamiento confirmado por la Cámara en la causa de escuchas ilegales, en la que justamente espió a un familiar de las víctimas para tener información sobre el expediente. La trama política en este terreno explica la voltereta, pero las elecciones de abril definirán la interna. En los comicios se enfrentarán nuevamente los sectores religiosos más duros con las corrientes judías con posiciones más abiertas.

La AMIA hizo ayer un planteo que sabe imposible: que se anule lo firmado y se vuelva a negociar con Irán. El martes había aceptado las explicaciones que Timerman dio en su visita a la mutual judía. Tres días más tarde, en el comunicado oficial, la AMIA exige que se firme un nuevo texto en el que se incluyan varios puntos. Por ejemplo, que en el acuerdo figure que es una indagatoria en los términos del Código Procesal Penal argentino. Parece obvio que si no fuera así, ni el fiscal ni el juez podrían viajar a Teherán. Canicoba Corral ya ha dicho que no ve mayores objeciones, que se han tomado otras indagatorias en el exterior y que, por supuesto, deberán observarse las normas de las indagatorias. También plantea la AMIA que la comisión internacional de juristas sea solamente veedora y asesora de los Poderes Ejecutivos y que sus dictámenes no sean vinculantes. Eso también se cae de maduro: ni el juez ni el fiscal ni la Corte Suprema aceptarán que esa comisión ocupe el lugar de una Cámara de Apelaciones. Respecto de las circulares rojas, el canciller ya les explicó a los familiares y organizaciones de la comunidad judía que no habrá cambios. También Memoria Activa había mencionado estos aspectos del acuerdo, dejó en claro que Timerman se comprometió en esos puntos y dio el aval para avanzar hacia las indagatorias. Si en el camino ven objeciones, las plantearán.

En la Cancillería han decidido no meterse en la interna de la AMIA ni de la comunidad judía. Consideran que dieron las explicaciones que correspondían, que el encuentro con todas las partes el martes pasado fue muy bueno y de ahora en adelante la decisión es que las cosas pasen cuanto antes al Congreso. Como adelantó Página/12 en exclusiva, el acuerdo, junto con un texto en el que figurarán los antecedentes y las explicaciones, está siendo preparado por el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, y se enviará la semana próxima para que lo empiecen a tratar las comisiones. Es probable que se convoque a sesiones extraordinarias.

Para que el acuerdo rija, debe ser aprobado por los dos congresos, el de Argentina y el de Irán. En Teherán las cosas no estarán fáciles. Hay un fuerte enfrentamiento entre tres sectores. Los religiosos ortodoxos, cuyo candidato podría ser un imputado por el caso AMIA, Ali Velayati, los populistas del presidente Mahmud Ahmadinejad, que deja el cargo, y los reformistas, hoy debilitados.

En cualquier caso, es categórico que no habrá una nueva negociación y que el gobierno argentino avanzará con el acuerdo tal como está redactado. Todos saben que el proceso encierra sus riesgos, que el éxito no está garantizado, pero que es el primer intento en 18 años de avanzar en algo referido a la conexión internacional: por primera vez los imputados estarían sentados frente al fiscal y al juez argentinos. “Si nuestras pruebas son sólidas –le dijo Canicoba Corral a este diario–, podemos estar perfectamente abiertos a sugerencias y observaciones. Y una ley del Congreso puede dar marco a lo vertido en el acuerdo. No veo objeciones.”

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