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Ha pasado prácticamente desapercibido en los medios de comunicación, entre legisladores y políticos, a nivel de adeptos y críticos del Gobierno el hecho de que la Argentina ha tenido una primera manifestación política en su condición de miembro no permanente del Consejo de Seguridad (CS) de Naciones Unidas (ONU). Se trata de la cuestión de Mali.

En realidad, en este caso la posición argentina se expresó oralmente y no requirió de un voto puntual, pues el CS ya había adoptado durante 2012 tres resoluciones sobre la delicada crisis humanitaria, política e institucional en Mali. La resolución más importante –la 2085 del 20 de diciembre– autorizaba la presencia militar de una fuerza de apoyo al gobierno por un año, compuesta por 13 naciones africanas con 3464 efectivos y con el propósito de iniciar su despliegue en septiembre de este año. Sin embargo, el 11 de enero de 2013, unilateralmente, apenas informando al CS y sin el acompañamiento masivo de la OTAN, Francia lanzó un operativo militar, tanto aéreo como territorial, en el norte de Mali. Para ello invocó el deterioro de la situación en la región de Azawad, donde han operado activamente y por años el grupo islámico salafí Anzar al Din, el Movimiento Unidad y Yihad de Africa Occidental, y Al-Qaeda en el Magreb Islámico.

A partir de la acción de Francia han predominado dos grandes líneas interpretativas distintas, aunque no necesariamente excluyentes. Por un lado, el ataque francés se justificó como un movimiento humanitario de auxilio a la población afectada por el accionar de grupos armados fundamentalistas, se inscribió en la tradición de la “guerra justa” y se dirigió a evitar la creación de un santuario del terrorismo transnacional y del negocio de las drogas ilícitas en el corazón de Africa. Por el otro, la ofensiva militar de París se leyó como una nueva demostración de neocolonialismo galo, orientado a asegurar su “área de influencia” africana y dirigido a salvaguardar el suministro y transporte de uranio que se extrae en Níger (en las proximidades de la frontera con Mali); a lo que se agregaría el intento francés (y occidental en un sentido más amplio) de frenar la expansiva influencia de China en Mali, Mauritania y Argelia, en particular, y las regiones del Magreb y el Sahel, en general.

En ese contexto, la Argentina tuvo dos manifestaciones, una directa y otra indirecta, sobre la decisión francesa de lanzar un operativo militar en Mali. La directa estuvo a cargo de la embajadora argentina ante la ONU, María Cristina Pérceval. Su intervención colocó el énfasis en el espíritu y el alcance de la resolución 2085. Esto es, el sentido de una aproximación integral (seguridad, gobernanza, desarrollo, derechos humanos, diálogo político) a la situación de Mali y el rol asignado al contingente africano como instancia de soporte a las fuerzas armadas y al gobierno maliense, previo a la recuperación de un control territorial efectivo. En ese marco, Pérceval planteó interrogantes derivados del modo en que la 2085 había sido finalmente ejecutada. En breve, ello se puede interpretar como una solidaridad con el pueblo de Mali, su padecer y urgencias, acompañado de un distanciamiento elocuente, aunque no altisonante, de la forma que, en la práctica y al menos hasta el momento, se ha implementado la resolución del CS. Es bueno remarcar que no se produjo un aluvión de apoyo diplomático al ataque francés y, hasta la fecha, el respaldo militar de sus principales aliados ha sido bastante escaso.

La manifestación indirecta provino de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ella se encontró con el Presidente de Francia, François Hollande, en la reciente Cumbre de Energía de Abu Dhabi pero no trascendió ningún diálogo especial sobre el tema. Pero durante su último periplo y en la cena en su honor ofrecida por el presidente de Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, ella dijo: “Este año y el próximo nos tocará integrar a la Argentina el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Nosotros desde allí, desde ese puesto, no representaremos únicamente a la República Argentina, sino a todos aquellos países que están comprometidos en un mundo donde haya más paz y seguridad. Pero para que haya más paz y seguridad deberá haber mejor y mayor calidad de vida para todos los habitantes de este mundo global... Por eso nuestra labor en ese Consejo de Seguridad será concebir la paz no como un ejercicio militar, la paz no se consigue militarmente, la paz se consigue política y socialmente.”

En resumen, la mandataria preanuncia una posición principista y pacifista del país en el CS y, en ese sentido, el corolario pareciera ser el deslinde crítico, pero de bajo perfil, frente a operativos como el de Francia en Mali. Habrá que ver cómo se comporta el país cuando surjan situaciones que lleven a resoluciones y que demanden un voto concreto. Habrá que observar cómo Buenos Aires maneja en ese foro el tema Malvinas; en especial el referéndum que se avecina y la cuestión de la estabilidad en el Atlántico Sur. Habrá que contemplar cuál será la posición argentina si la cuestión de Irán, en el marco de la paz y seguridad internacional, ingresa al CS. Habrá que advertir qué sucederá si fenómenos de la región (¿la paz en Colombia? ¿el avance del crimen organizado?) llegan a la agenda del Consejo. En pocas palabras, ya es momento de que legos e interesados, estudiosos y observadores, dirigentes y ciudadanos nos ocupemos más de la política y el comportamiento del país en el Consejo de Seguridad: al fin y al cabo, allí se dirimen algunas cuestiones vitales para el interés nacional.

* Director del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, UTDT.